El Gobierno de Andalucía, obligado a pisar el acelerador legislativo el primer trimestre de 2018
Tras la aprobación las últimas semanas por parte del Consejo de Gobierno de los proyectos de Ley del Cine, Ley de Formación Profesional, la reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley de Promoción de la Vida Saludable y Alimentación Equilibrada, la Junta de Andalucía se queda sin cumplir el calendario legislativo para 2017. De hecho, ha aprobado menos de la mitad (13) de los 30 proyectos de ley previstos y en torno a dos tercios de los 133 decretos comprometidos.
En cualquier caso, como el propio consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha dejado caer, el balance sobre el grado de cumplimiento de este calendario legislativo -que por ley ha sido obligatorio desde 2017- se ofrecerá en el Parlamento de Andalucía en el primer trimestre de 2018, con lo que la consigna del Gobierno de Susana Díaz a las distintas consejerías ha sido la de pisar el acelerador para no brindar a la oposición la oportunidad de volver a hablar de la parálisis de su ejecutivo. En definitiva, que el vicepresidente quiere ofrecer un balance aceptable y no verse obligado a incluir en el calendario legislativo de 2018 buena parte de los proyectos de ley comprometidos en 2017 y prometidos, en muchas ocasiones, desde la legislatura pasada.
De la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que era la que más proyectos de ley tenía sobre la mesa, con ocho en total, se ha logrado aprobar en tiempo y forma el más importante, el de los presupuestos autonómicos para 2018, siendo la primera autonomía en superar el trámite, ratificado por el Parlamento de Andalucía el pasado mes de noviembre.
Pero ha sido la única. Tiene en cartera otras siete leyes que estaban previstas para 2017: sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude; para crear la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía; la de Tasas y Precios Públicos de Andalucía; la de Buen Gobierno y Estatuto de los Cargos Públicos; la de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley de Subvenciones; y la de Empleo Público de Andalucía.
Poco grado de cumplimiento también por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, pese a que en el calendario figuraba el proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, de momento sólo ha pasado el anteproyecto. Tampoco está el proyecto de ley de modificación de la Ley 1/1996 de Comercio Interior de Andalucía. Esta última se contempla precisamente en el marco de otra pendiente, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado en septiembre de 2016 y el PSOE prometió a C's para septiembre de 2017 el proyecto de ley. Todavía a la espera.
Por su parte, la Consejería de Salud no ha pasado por Consejo de Gobierno todavía el Proyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos en materia de Consumo, del que tiene las competencias. El pasado mes de julio salió a exposición pública con un plazo que concluyó en agosto. Esta norma pretende cambiar una administración de consumo históricamente centrada en funciones de policía en detrimento del desarrollo de otras medidas en positivo (prevención, formación, colaboración con los agentes de consumo y resolución de conflictos). La referida Ley de Promoción de la Vida Saludable y Alimentación Equilibrada, de hecho, ha tenido que esperar al primer Consejo de Gobierno de 2018.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, tras haber pasado este año por Consejo de Gobierno los proyectos de Ley de Infancia y Adolescencia, Ley del Voluntariado y, hace sólo unas semanas Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene pendientes el que modificará (porque hay anteproyecto desde el verano de 2015) la Ley 12/2007 de Promoción de la Igualdad de Género, además de la Ley de la Juventud de Andalucía, que acaba de cumplir tres años desde su anteproyecto y cuyo retraso justifica el Gobierno de Susana Díaz por el proceso de participación que ha acompañado el texto.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible es la promesa incumplida hasta la fecha de la Consejería de Fomento y Vivienda, con un anteproyecto que se remonta a septiembre de 2014.
Mientras, son asignaturas pendientes de la Consejería de Cultura el proyecto de Ley de Artes escénicas, del que no ha salido siquiera el anteproyecto; y el de modificación de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, que entre otras cosas pretende agilizar la declaración de BIC (bien de interés cultural).
Finalmente, el proyecto de Ley de las Policías Locales de Andalucía, que tampoco ha pasado por Consejo de Gobierno y estaba en este calendario, corresponde a la Consejería de Justicia e Interior. Su anteproyecto se aprobó hace casi dos años.
En este contexto, los socios de investidura de Susana Díaz escenifican cierta impaciencia. En el último pleno del Parlamento de Andalucía, el portavoz de C's, Juan Marín, anunciaba que su formación “marcará la agenda” en el próximo periodo de sesiones. Su hoja de ruta es abordar en el primer trimestre todas estas leyes: formación profesional, agricultura, limitación de mandatos, evaluación de políticas públicas, atención temprana y reforma de la Ley Electoral de Andalucía. De su lado, el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha definido a Susana Díaz como “la presidenta de la parálisis y ha contagiado su desinterés a sus consejeros, a los antiguos y a los nuevos”.
