Las claves del conflicto del Ministerio de García Tejerina contra su antigua empresa

El azar ha querido que la nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, tenga que trabajar desde el Ministerio contra la empresa para que la que trabajaba en el ámbito privado. La ahora ministra ha protagonizado, con su nombramiento, un curioso caso de “puerta giratoria” a la inversa, al llegar a lo público desde el ámbito privado, pero teniendo que volver ahora al primero contra el segundo.

Porque García Tejerina formó parte de la cúpula directiva de una empresa condenada por un desastre ecológico en Huelva, Fertiberia (como directora de planificación estratégica de la empresa Fertiberia entre 2004 y 2012). En su día, Greenpeace y WWF (antes Adena) llevaron a Fertiberia a los tribunales por el almacenamiento de fosfoyesos en Huelva. Las conocidas como “balsas de fosfoyesos” ocupan ya más de 1.200 hectáreas de terreno, y se encuentran, en algunas zonas, a menos de 500 metros de las viviendas de la barriada Pérez Cubillas de la ciudad. Para más inri, suponen el mayor cementerio de este tipo en Europa, a menos de 50 kilómetros, en línea litoral, de Doñana.

Algunos estudios independientes han señalado que el nivel de radiación es veintidós veces superior al límite, y se recomienda trasladarlos a un cementerio nuclear. A pesar de ello, terminar con los vertidos, a la vez que salvaguardar los puestos de trabajo de Fertiberia, es una preocupación de muchos años en la sociedad onubense.

En septiembre de 1997, la empresa de gestión medioambiental propiedad de la Junta de Andalucía, EGMASA, y el Ayuntamiento de Huelva firmaron un acuerdo de rehabilitación y recuperación de las balsas números 6, 7, 8 y 9 de las Marismas de Mendaña, por el cual los residuos inertes de la planta de EGMASA en Palos de la Frontera (Huelva) serían utilizados como material de relleno en la rehabilitación de dichas balsas.

Por su parte, un total de 415 sugerencias presentaron los vecinos de Huelva para reutilizar las 1.200 hectáreas de terreno que actualmente ocupan las balsas, mediante una iniciativa de la organización Mesa de la Ría, organización que busca recuperar para la ciudad los terrenos que ocupan las empresas químicas de la ciudad.

Sin embargo, las balsas siguen ahí, y nadie parece preocupado en retirarlas y en hacer que se cumpla la sentencia. Ahora tiene que ser la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medioa Ambiente, la que obligue a la empresa a ejecutar la sentencia en su totalidad.

Sentencias en contra desde 2007

Algunas de las sentencias que se han emitido contra la exempresa de la nueva ministra hay que buscarlas en los archivos de hace siete años. El 27 de junio de 2007, la Audiencia Nacional ya daba un tirón de orejas importante a la empresa, al confirmar en una sentencia la caducidad de la concesión que autorizaba a la empresa Fertiberia el uso de la costa de la Ría de Huelva para el vertido de fosfoyesos, dando con ello la razón a la denuncia realizada por WWF.

Terminaba entonces una batalla judicial que se había iniciado en 2001, en la que se venía exigiendo el cumplimiento de la Ley de Costas por parte de Fertiberia. Curiosamente, nunca se cumplió esa sentencia en su totalidad, en el sentido de que los vertidos sí pararon, pero el daño causado no se reparó. “No se puede permitir la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre para aquellas actividades que puedan emplazarse en otro lugar”, rezaba la sentencia. Nadie, de todas formas, ha podido aclarar nunca cómo fue posible que la empresa consiguiese el permiso para acumular tal cantidad de basura radioactiva en pleno paraje natural hace más de 40 años.

WWF comenzó a trabajar en este caso en el año 2000 cuando tuvo conocimiento de los vertidos contaminantes que se estaban produciendo en la marisma de Huelva y desde entonces, ha venido luchando por el cese de estos vertidos y la recuperación de la marisma para la ciudadanía onubense.

En julio de 2003, el Consejo de Estado confirmó los incumplimientos denunciados por WWF, y en noviembre de 2003 la Dirección General de Costas declaró la caducidad. La concesión que la Audiencia Nacional declara finalizada en 2007 fue otorgada en 1968 sobre 720 hectáreas en el estero de la Anicoba de la desembocadura del río Tinto, y su destino era construir depósitos de decantación para verter yeso bajo determinadas condiciones, que han sido incumplidas de forma reiterada, hasta el punto de que las hectáreas concedidas inicialmente casi se han duplicado.

La Audiencia Nacional redujo el plazo en 2009

A pesar de lo concreto de la sentencia, los recursos fueron dilatando el proceso, y fue necesario un segundo pronunciamiento de la Audiencia Nacional para poner punto y final al vertido de basura química. El varapalo definitivo llegó en diciembre de 2009, cuando redujo dos años el plazo para el cese definitivo del vertido de fosfoyesos a la ría de Huelva por parte de Fertiberia, fijándolo finalmente en el 31 de diciembre de 2010 y no de 2012, y exigía a la empresa un aval de 21,9 millones de euros que garantizase la recuperación de la zona.

El auto de la Audiencia, con fecha 18 de diciembre de 2009, exigía la ejecución de la sentencia de 27 de junio de 2007 de este mismo tribunal teniendo en cuenta “el conjunto de intereses en conflicto de forma que se permita una transición ordenada y la protección medioambiental exigible”.

Asimismo, se indicaba la necesidad de tener en cuenta, en relación con el adelanto de la fecha, que la orden de caducidad de la concesión es de 2003 y que la sentencia declarando la conformidad a derecho de ésta es de junio de 2007 por lo que la empresa “ha tenido un espacio de tiempo dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación”.

Fue la Abogacía del Estado la que solicitó la ejecución provisional de la sentencia, recurrida en casación por Fertiberia, para lo que se propuso un programa de desmantelamiento y recuperación de la zona afectada. El 31 de diciembre de 2010 cesó definitivamente el vertido, pero quedaba por delante la batalla para recuperar el terreno de 1.200 campos de fútbol de basura química.

Para que el asunto no caiga en saco roto, el 12 de julio de 2013, la Mesa de la Ría presentó en los juzgados onubenses una denuncia por la vía penal contra la empresa, por un delito contra el medio ambiente, contra la salud y contra la ordenación del territorio.

El portavoz de la organización, Rafael Gavilán, manifestó que, como ha quedado acreditado “esos vertidos se realizaron de manera irregular e ilegal”, la empresa ha podido incurrir en un delito “contra el medio ambiente al verter de manera incontrolada en las marismas unos residuos para los cuales no contaba con autorización”.

El objetivo de la denuncia, según Gavilán, es “forzar a que la empresa tenga que retirar todo lo indebidamente depositado, asumiendo íntegramente los gastos que dicha operación genere, ya que es ella quien se ha lucrado indebidamente con dicha actuación durante años”.

Sin embargo, el proceso, si es que existe, va demasiado lento, y ahora, curiosamente, la nueva ministra tendrá en su agenda que sus antiguos compañeros de mesa cumplan la sentencia que la empresa misma recurrió.