Abengoa se queda fuera de los rescates del Gobierno de España
El Gobierno ha autorizado ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para un total de seis empresas, entre las que se encuentra la siderúrgica catalana Celsa, pero no así la andaluza Abengoa, que había pedido una ayuda por valor de 249 millones de euros de Abenewco 1, su filial operativa.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que estos seis 'rescates' por el impacto que tuvo la pandemia del Covid en estos grupos representan un importe total de 721 millones de euros para las seis empresas, con el objetivo de “mantener su actividad y su empleo”, que afecta, teniendo en cuenta sus empleos directos, a unos 18.000 trabajadores.
En concreto, junto a Celsa, las otras cinco empresas que recibirán este respaldo con cargo al fondo gestionado por SEPI, cuya vigencia expira este 30 de junio, figuran las ingenierías asturianas Imasa e Isastur, las clínicas dentales Vivanta y las cadenas hoteleras Blue Sea y Meeting Point.
En el caso de Celsa, la ayuda aprobada por el consejo gestor del fondo ascendía a un importe de 550 millones de euros, siendo la más cuantiosa de todas, canalizados a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones.
La empresa pidió a la SEPI 249 millones de euros para completar una operación por la que lleva más de un año negociando con el fondo estaudounidense Terramar. Tras serle denegado por no cumplir varios requisitos, este fin de semana presentaba sus alegaciones para agotar este penúltimo cartucho, porque tiene otras opciones, siempre mirando hacia el Gobierno de España, toda vez que la Junta de Andalucía se ha negado a entrar en cualquier plan de rescate pese a tener líneas de avales posibles.
Eso sí, el portavoz del Gobierno de la Junta, Elías Bendodo, sí ha dicho que ellos pedirán “explicaciones” a la SEPI si Abengoa cae. Paradójicamente, la negativa de la Junta de Andalucía de entrar en la operación barajada antes de la pandemia, y que le suponía un aval de 20 millones de euros, fue por las dudas que generaban los líos judiciales de la empresa, las mismas que ha expresado la SEPI.
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