El lío burocrático entre la renta mínima estatal y la andaluza retrasa el cobro de las ayudas a familias sin recursos

Es una realidad, las administraciones lo saben y están ocupadas en ello, pero el tiempo pasa y, con él, un empeoramiento de la situación para personas carentes de recursos o ingresos, que inevitablamente se agudiza en tiempos de pandemia y de emergencia social para muchas familias. A las dificultades en resolver los expedientes de la renta mínima de inserción de Andalucía se le une el hecho, reconocido por el Gobierno español, de que el ingreso mínimo vital (aprobado el pasado 10 de junio) haya tenido que modificar algunos de sus preceptos para dar cobertura al mayor número de personas en el menor tiempo posible. La Junta tuvo alguna duda inicial acerca de la compatibilidad de las prestaciones pero apuesta definitivamente por la coexistencia de ambas ayudas, como ya previó el Estado. Aunque la administración autonómica entiende que la ayuda andaluza debe tener un “carácter subsidiario”, no termina de reconfigurarla y arguye los “retrasos” del ingreso estatal en el actual periodo transitorio. Mientras, el Defensor del Pueblo Andaluz ha alertado de “un agravamiento de la situación” entre las personas con más necesidades ante esta “maraña burocrática” generada, una cuestión también denunciada ya por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El Defensor Andaluz, Jesús Maeztu, lamentaba recientemente la “falta de respuesta” de la Consejería de Igualdad tras su último llamamiento del pasado junio para adaptar la renta mínima de Andalucía y compatibilizarla con el ingreso mínimo vital, instando al tiempo al Gobierno andaluz a poner fin a los procedimientos que continúen abiertos. Cabe recordar que, ya el año pasado, la Defensoría advertía de que la Junta tardaba en resolver casos cuatro veces más de lo exigido por ley.

Fuentes del departamento dirigido por Rocío Ruiz señalan a este periódico que el decreto para modificar la renta andaluza está “muy avanzado”, pero apuntan un “problema”: si la Junta aprobara los cambios, pensados “para complementar o llegar a los colectivos que no cubre el ingreso mínimo vital”, se correría el riesgo de “generar que muchas personas se quedaran sin nada”, sin ayuda alguna, “porque está habiendo muchos retrasos con el ingreso mínimo vital”. Mientras tanto, la Junta aboga por “seguir tramitando” su renta mínima, asegurando que su carácter subsidiario se consideraría “a partir del momento en que es efectivo el ingreso mínimo vital, es decir, en el momento en que se empieza a abonar”, según explican desde Igualdad. El citado decreto se prevé “tanto para incrementar la dotación económica a las familias con hijas e hijos menores de edad como para llegar a las personas vulnerables que no tienen acceso al ingreso mínimo”.

Por otro lado, la demora en la respuesta de los expedientes de ingreso mínimo vital, que además de la Junta también denuncian los afectados, ha obligado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a aprobar modificaciones normativas para facilitar y agilizar los trámites, adoptadas en recentes consejos de ministros, señalan a este medio fuentes del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá. Se trata de decisiones “para asegurar que todo el mundo cobra”, como que las solicitudes recibidas antes de final de año se cobraran con efectos retroactivos desde 1 de junio. Asimismo, no se desestimará ninguna solicitud por silencio administrativo, ampliando el plazo para recibir respuesta y estableciendo además “cambios procedimentales para facilitar la gestión del ingreso mínimo a los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y de otras prestaciones estatales”. Escrivá dio este pasado miércoles en el Congreso algunos detalles más de la tramitación del ingreso mínimo vital, que llegará a 550.000 familias a finales de año, menos de lo previsto.

Admisión de la renta mínima

En este punto las fuentes del Ministerio, que anuncian que están recopilando datos territorializados por comunidades autónomas, explican que se ha variado el protocolo informativo con las regiones que se puso en marcha el pasado verano. Además, el pasado 29 de septiembre, el Gobierno español aprobó nuevos ajustes en la normativa del ingreso mínimo, completando así lo aprobado el martes anterior, ampliando el concepto de unidad de convivencia y aclarando el concepto de hogar monoparental, entre otras cuestiones.

Con todo, el comunicado enviado desde la Defensoría de Jesús Maeztu fue bastante contundente en su “llamamiento” a la Junta a adaptar las prestaciones estatal y regional. El Defensor exigía “conocer los planes de la Consejería”, solicitando aclaraciones para saber cuál está siendo la práctica que se ha adoptado con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y “el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que le trasladan las personas afectadas”. Maeztu aludía a casuísticas como aquellas personas que han solicitado el ingreso mínimo vital y, sin llegar a obtener una respuesta, han dejado de percibir la renta mínima de inserción social en Andalucía sin notificación previa, así como otros que han tramitado la renovación de la renta mínima y pedido el ingreso mínimo estatal, sin que la Administración resuelva.

El Defensor, teniendo en cuenta la información recibida directamente por gente afectada, denunciaba también que la “falta de información” o el “asesoramiento erróneo” desde cualquiera de las administraciones implicadas, autonómica o local, a las personas interesadas les lleva “a solicitar el ingreso mínimo vital y a desistir de la renta autonómica, a pesar de que esta última está en vigor y tiene un claro ámbito de cobertura legal, llamado a dar respuesta a todos aquellos a quienes se deniegue el primero y, muy particularmente, puede proteger a aquellos cuya solicitud de ingreso mínimo vital se desestime por tomar en consideración una capacidad económica desajustada con la realidad actual (por ir referenciada a 2019), en vez de contemplar la situación a la fecha de solicitud, como adecuadamente establece la renta andaluza”.

La Consejería, en este sentido, insiste en que “hasta que no se percibe el ingreso mínimo, independientemente de que se haya solicitado, se puede solicitar y seguir percibiendo la renta mínima andaluza”, asegurando que “se continúa trabajando, por una parte, en la resolución de todas aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a la regulación del Ingreso Mínimo” y, por otro lado, “se siguen admitiendo todas las solicitudes de renta mínima que están llegando”. Las fuentes explican que el ingreso mínimo estatal “está teniendo importantes retrasos en su gestión, y ello está ocasionando que una familia andaluza pudiera percibir antes la renta mínima que el ingreso estatal, sobre todo, en las provincias que llevan una gestión con menos retraso”.

“Mayor coordinación”

Paralelamente, el Defensor ha recibido ya respuesta por parte de la Consejería a una resolución del Defensor del 22 de junio, donde se contemplaban varias recomendaciones. La oficina dirigida por Maeztu recordaba en su última comunicación que “la desinformación de la población andaluza, la casuística compleja y variopinta, el surgimiento del ingreso mínimo vital, el carácter subsidiario de la renta mínima, el retraso en la resolución de expedientes con una importante demora y la pluralidad de situaciones derivadas de las medidas extraordinarias de la renta mínima autonómica (renovaciones automáticas, prestaciones extraordinarias, plazos diversos de solicitud y percepción, así como de vigencia) hacen imprescindible que esa Consejería dé cumplimiento a todas y cada una de las citadas recomendaciones y, en todo caso, que dilucide las complejidades expresadas”.

Fuentes de la Defensoría esperan que la renta mínima “se vaya ejecutando con normalidad y se evite la incertidumbre actual, porque este tipo de prestaciones son fundamentales para la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. “Bien reguladas, ambas prestaciones pueden coexistir y la prestación andaluza puede beneficiar a personas desfavorecidas que no sean incluidas en la nueva prestación estatal”, añaden. Las fuentes de la Junta, por su parte, también informan de que se ha enviado una carta al Ministerio de Inclusión solicitando “de forma urgente una reunión para tratar los problemas generados por la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, avanzar en la gestión compartida y agilizar los trámites”. 

Por otro lado, Manuel Fuentes, miembro de la directiva de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirma que “la situación transitoria que se está dando es muy compleja” y que, a su juicio, la pieza clave de esta situación es “la información por abajo”, es decir, que las corporaciones locales sirvan de “puerta de entrada” o “asesoramiento” para la gestión de este tipo de tramitaciones, estándose “aún a la espera” de un convenio entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los servicios sociales “conocen las situaciones” de muchas de las personas que quieren acceder a las prestaciones, tienen “ya habilitados los circuitos sociales” y, según argumenta, su participación en la gestión sería “lo más adecuado” para conseguir el fin para el que se ha previsto. “Se está usando como una mera solicitud a una mera página web y, claro, no está funcionando”, resume.

Según explica Fuentes, el ingreso mínimo vital nació con la idea de “sustituir” a la renta mínima, en el caso de Andalucía, pero “el problema es que puede que se esté concediendo la renta mínima y que luego haya que aprobar expedientes de reintegro por parte de la comunidad autónoma si se concede también el ingreso mínimo”, por lo que aboga por “una mayor coordinación con las comunidades autónomas”, lamentando que se esté produciendo una “ineficiencia” del conjunto de procedimientos administrativos de ayudas.