Tragedia en Italia: una catástrofe políticamente ocasionada

Eran 177 personas migrantes las que salieron de Turquía y naufragaron. Resultado: Supervivientes: 81. Personas Muertas: 62. Resto: personas desaparecidas. Eran niños, un bebé al menos, mujeres y hombres de cualquier edad.

Ocurrió el día 26 de febrero de 2023. Sucedió en la costa de Calabria. Habían salido de Esmirna hacía cuatro días en un barco sobrecargado y deteriorado. El mar lo llevó a las rocas de la costa y lo partió en dos. Un avión de Frontex había alertado del peligro que corría. No hubo auxilio en el momento del naufragio.

Los lamentos de políticos responsables no tardaron en llegar a los medios de comunicación derivando culpabilidades hacia los de siempre. La jefa de gobierno, Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia (FDI, extrema derecha), expresó su “profundo dolor” en un comunicado y manifestó que era “criminal mandar a la mar a una embarcación de apenas 20 metros con 200 personas a bordo y con un mal pronóstico del tiempo”. Luego echó mano del manido y falso argumento político de responsabilizar claramente a las mafias como causantes de la catástrofe.

“Estoy profundamente entristecida”, añadió por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “por el terrible naufragio frente a las costas de Calabria”, antes de añadir que “la pérdida de vidas de migrantes inocentes resultante es una tragedia”. “Todos juntos debemos redoblar nuestros esfuerzos en el Pacto por la Migración y el Asilo y en el Plan de Acción para el Mediterráneo Central”. 

La Organización Internacional de las Migraciones reconoce que son 143 las personas migrantes fallecidas en el Mediterráneo en lo que va de año hasta la fecha de esta catástrofe.

Políticas que empobrecen a Europa y a los países que la integran por la privación de todos los beneficios que aporta la inmigración

Son las políticas migratorias de la Unión Europea y las de sus distintos países las responsables de lo que está ocurriendo, con el blindaje y la externalización de sus fronteras. Son los políticos que dictan y mantienen esas políticas quienes deben asumir sus responsabilidades. Políticas de muerte en catástrofes sucesivas y en continuo goteo de personas fallecidas. Políticas que contabilizan como éxito el rechazo de personas que pretendían ejercer el derecho universal a emigrar. Políticas que desconocen que, ante el aumento de la represión, solo consiguen modificar las rutas migratorias con aumento de sufrimiento y muerte. Políticas que ocultan el dolor y las muertes de las personas migrantes rechazadas. Políticas que empobrecen a Europa y a los países que la integran por la privación de todos los beneficios que aporta la inmigración.

Políticas migratorias que desconocen no solo que se enfrentan a personas en ejercicio de su derecho a mejorar su calidad de vida, sino a personas obligadas a un proyecto migratorio, debido a causas ajenas a ellas, imputables, muchas veces, a causantes que tienen su domicilio social al otro lado de la frontera que las rechaza. Son políticas que no resisten las más elementales razones de justicia. Y no se olvide que la violación de la justicia entraña reparación.

No olvide la Unión Europea y las naciones que la integran que tienen firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que también tienen firmado, entre otros documentos, el Marrakech en 2018, el de la Conferencia Mundial para el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Los compromisos son para cumplirlos. Ursula von der Leyen reconoce que la UE está en deuda con las personas migrantes, pero mientras la UE y sus naciones integrantes no concreten y ofrezcan a las personas migrantes vías seguras por las que ejercer su derecho a emigrar, tendrán que cargar con las responsabilidades que conllevan catástrofes como la que nos aterroriza desde las costas de Calabria.