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La policía libera a 200 migrantes llegados en patera a Motril por la falta de espacio en los CIE

Miembros de Cruz Roja atienden a una de las inmigrantes llegadas anoche al puerto de Motril (Granada), tras ser rescatados por Salvamento marítimo cuando se encontraban navegando a unas 11 millas al Suroeste de la Isla de Alborán.

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Las 36 personas de origen subsahariano rescatadas el lunes por Salvamento Marítimo a bordo de una patera cuando trataban de alcanzar la costa de Granada han quedado en libertad ante la falta de plazas en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), pese a que el Gobierno ha precipitado la reapertura del CIE de Tarifa pese a que lo había cerrado recientemente por unas obras. Siete los rescatados el lunes son menores que han sido trasladados a centros tutelados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

La previsión es que se siga el mismo procedimiento con la patera que fue rescatada este pasado martes con 32 personas a bordo, entre ellas cinco menores y dos mujeres embarazadas, una de ellas en avanzado estado de gestión. Ambas fueron trasladadas al Hospital Santa Ana de Motril (Granada) para una revisión rutinaria, dado que una de ellas está de ocho meses, y ya han recibido el alta al encontrarse en buen estado tras la travesía, según han precisado a Europa Press fuentes hospitalarias.

Por norma general, todas las mujeres embarazadas suelen quedar en libertad por razones humanitarias y quedan a disposición de ONG, como puede ser Cruz Roja, según han precisado a Europa Press desde esta organización.

Con estas liberaciones serían aproximadamente 200 los inmigrantes que han quedado en libertad en Motril en el último mes y medio por falta de espacios en los CIE.

La Policía Nacional da la orden que abre este proceso ejecutando la orden judicial por la que estos inmigrantes, tras unas primeras 72 horas en territorio nacional, en el centro de estancia temporal, donde soportan temperaturas de hasta 47º, han de quedar en libertad llevando con ellos certificados en los que se indica que se encuentran en situación de ilegalidad en España y que deben abandonar el país.

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