Un juzgado investiga si la Junta de Andalucía infló en la pasada legislatura los contratos a la concesionaria del 112
Un juzgado de Sevilla está investigando si la Junta de Andalucía aumentó de manera arbitraria el contrato público a Ferrovial el pasado noviembre para la gestión de las emergencias del 112 en Andalucía. La entidad y la extinta Consejería de Justicia e Interior acordaron modificar una de las cláusulas del contrato que habían suscrito en abril de 2017 e incrementar en 1.171.113,52 euros las partidas bajo el argumento de las “continuas situaciones de emergencia extraordinaria” en la comunidad autónoma a partir de aquella fecha.
Ferrovial es la encargada de gestionar el 112 en Andalucía desde abril de 2017. Su personal, adscrito al servicio de operaciones que tiene adjudicado por contrato público la empresa, había adquirido desde entonces, según la Junta, un importante aumento en la actividad de atención y coordinación de emergencias, asumiendo “una carga de trabajo muy superior” con los recursos y horas asociados a los niveles de actividad de años anteriores. Ferrovial confirma a este periódico el referido aumento del contrato pero no le consta aún el inicio de actuaciones judiciales por parte de CGT, sin que puedan pronunciarse al respecto.
La fecha de inicio del incremento de las emergencias coincide con la fecha de la rúbrica de aquel primer contrato con Ferrovial, según los detallados argumentos de la administración, contenidos en el expediente administrativo que la Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A) acompaña a la denuncia presentada por su parte, a partir de la cual el juzgado ya ha incoado diligencias previas. “La gestión de emergencias mayores ha marcado el periodo comprendido entre los meses de abril de 2017 y junio de 2018 en el conjunto de región”, argumentó la Junta para ejecutar la modificación contractual, estimando necesario adoptar “medidas presupuestarias que permitan elevar las horas de contrato para adecuarlas a las cargas de trabajo y actual demanda del sistema”. En concreto se incrementaron los contratos de dos lotes para la gestión del servicio, uno por 637.808,85 euros y otro por 533.304,67 euros.
“En los últimos 14 meses, el servicio 112 ha visto condicionada su normal actividad debido a continuas situaciones de emergencia extraordinaria relacionadas con episodios de inundaciones, vientos, incendios forestales, accidentes con múltiples víctimas o contaminación del litoral, entre otros casos, que han obligado a redimensionar las distintas áreas de atención, gestión y coordinación de emergencia para adecuar las horas planificadas a la demanda de la ciudadanía”, argumentó la Junta, que detallaba fechas y emergencias más destacadas a las que se tuvo que atender en ese intervalo temporal.
Como ya se ha comentado, el 5 de abril de 2017 se había formalizado un contrato de servicios entre Junta y Ferrovial para configurar un nexo de coordinación de todos los operativos, entidades e instituciones que intervienen en la resolución de las emergencias del 112, con independencia de la administración de la que dependan, tanto en situaciones ordinarias como en caso de emergencias colectivas o catástrofes.
“Un mayor control”
A juicio de la CGT, según consta en la denuncia ahora admitida a trámite, el “único objeto” de la modificación presupuestaria era “favorecer a la empresa adjudicataria Ferrovial, previéndose en la Junta unas elecciones anticipadas, para las cuales se cedería a la petición de dicha adjudicataria en un servicio público esencial como el 112, y así evitar escándalos o rescates del servicio, que no beneficiarían al partido en el Gobierno de la Junta por entonces”.
“No podría alegar desconocimiento ya que durante su mandato se le han notificado dichos incumplimientos tanto a ella como a los responsables de Ferrovial S.A.”, según hace constar la confederación sobre la exviceconsejera de Justicia, Isabel Mayo, quien ordenó el inicio de la modificación del expediente de contratación y quien “tenía plena conciencia de su arbitrariedad y de que las causas para dicha modificación no eran ciertas”. La CGT-A alude en su denuncia a “los incumplimientos contractuales” de la adjudicataria en el servicio 112 de las que se hizo eco el Defensor del Pueblo Andaluz, que dictó una serie de recomendaciones en julio de 2018 para la mejora del servicio y “no han sido atendidas”, según la asociación. El Defensor pedía entonces “un mayor control sobre las condiciones socio-laborales de los trabajadores de Emergencias 112”.
La fecha de las recomendaciones del Defensor (26 de julio de 2018) coincide con el inicio del expediente por parte de la Junta (20 de julio de 2018). “Se ve claramente que, antes de que la Junta proponga la subida, Ferrovial les estaba presionando con abandonar. Parece que estaba todo perfectamente orquestado”, indica a este periódico el secretario general de la CGT-A, Miguel Montenegro, quien alude también a una moción aprobada el 12 de abril de 2018 para la mejora de la gestión de las emergencias. Por aquel tiempo, además, Ferrovial estaba siendo sancionada por la Inspección de Trabajo por no respetar la jornada laboral de los trabajadores del 112.
En aquella fechas de julio de 2018, concretamente el 12 de julio de 2018, la Junta respondía al Defensor que “la ejecución del contrato de los centros de operación de los centros de coordinación de emergencias es permanentemente supervisada por personal de esta Consejería y de las Delegaciones del Gobierno”, sin observar razón para sancionar a la empresa Ferrovial, contratista del servicio, por causa de incumplimiento en los términos del contrato. Ocho días más tarde, la Junta inició el expediente para aumentar el presupuesto a la concesionaria.
“Causas impredecibles”
El 20 de julio de 2018, la Junta inició el expediente de modificación de su vinculación contractual con Ferrovial, motivada principalmente por “la variación de la programación del servicio por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito originadas por causas impredecibles en relación a situaciones de urgencia y emergencia extraordinarias en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil como terremotos, inundaciones, incendios extraordinarios, etc, que han aumentado el número de horas planificadas necesarias para la realización del servicio”.
“La contratación de este servicio precisa ser revisada, incrementando las horas de operación para así responder a las necesidades objetivas”, añadía la Junta, que anunciaba que también así “se aminoran sobreesfuerzos en una plantilla que ha visto mermado su crecimiento y se mejoran las condiciones laborales del personal a tiempo parcial”. El pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato preveía un aumento en el número de horas planificadas necesarias para la realización del servicio, que podría traducirse hasta en un aumento del 10% en el precio del contrato.
Volumen de trabajo alterado
El 18 de septiembre de 2018 se emitió informe no vinculante por parte de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Justicia e interior según el cual, dada la individualización de cada uno de los dos lotes con sus respectivos contratos, debían particularizarse las memorias que avalaran el expediente de modificación contractual para argumentar que tanto en las labores propias de los centros regionales, por un lado, como en las de los provinciales, por otro, el volumen e intensidad del trabajo se había visto alterado considerablemente. La tramitación de la modificación se hizo finalmente por separado en relación a cada lote y con sendos documentos administrativos de formalización del contrato por cada uno de ellos.
Eso sí, a los jurídicos les llamaba la atención el “esfuerzo explicativo” de la Junta y el hecho de que “unos contratos afectos al Servicio de Emergencia Andaluz 112 que por su propia razón de ser, se dedica a atender y gestionar situaciones de emergencia ante casos extraordinarios, y en la mayoría de los casos imprevisibles y relacionados con causas mayores o fortuitas, de inundaciones, terremotos y demás, considere causas imprevisibles que puedan obligar a modular las previsiones originarias de la contratación precisamente, la concurrencia de alguna circunstancia propia de su objeto base”.
El 10 de octubre de 2018, por parte de Demetrio Pérez, ex director General de Interior, Emergencias, y Protección Civil de la antigua Consejería de Justicia e Interior se firmó el documento en el que se prevé y se justificó el aumento de contratos y de horas en dichos centros. La decisión, insistía la Junta, venía “motivada por imprevistos ocasionados por acciones no programadas originadas por situaciones de emergencia, que extraordinariamente se han producido en los últimos años, que ha significado un incremento de horas planificadas”, argumentaba Justicia.
El 22 de octubre de 2018, Ferrovial envió sendas cartas a la citada Dirección General acusando recibo de la comunicación donde se emplazaba a la empresa a la modificación de los contratos, que incrementaban en un 5,02% y un 5,90%. Ferrovial manifestó su aceptación y aprovechó para anunciar su intención de no prorrogar la relación contractual, que vencía el 24 de abril de 2019, “dada la imposibilidad de ejecutarlo en las condiciones económicas actuales”.
Listo por ambas partes la ejecución del nuevo contrato, a menos de un mes de las elecciones, el 8 de noviembre de 2018 se estableció la fiscalización de conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Justicia e Interior del documento contable correspondiente. Al día siguiente se resolvió la modificación de los contratos y se firmaron las cláusulas adicionales el 19 de noviembre de 2018, apenas 15 días antes de las elecciones andaluzas. La resolución final de la Secretaría General Técnica por la que se autorizó el gasto llegó el 12 de diciembre de 2018.
Menos personal
Según la denuncia, en la Junta se tendría “la absoluta certeza” de la “injusta naturaleza y de su arbitrariedad” de las resoluciones tomadas para la modificación de los contratos con Ferrovial, “fruto del mero capricho y tendentes a conculcar el patrimonio público”, advirtiendo de que “se puede haber producido una malversación de fondos públicos” y “un quebranto apreciable y verificable del servicio público”, con “incumplimiento” del Pliego de Prescripciones Técnicas “con el objetivo de aumentar el presupuesto a la concesionaria” pese a que no hubiese habido justificación, ni causa alguna para el aumento presupuestario“ de 1,17 millones de euros.
En los citados pliegos se preveía la posibilidad de modificar las condiciones del contrato para aumentar el número de horas planificadas necesarias para la correcta prestación del servicio, como se ha dicho, pero “también es cierto que debe tener unas causas verdaderas lo que en el presente caso no sucede”, añade la CGT. La denuncia detalla que “no se produjo ningún cambio de contrato y aumento hasta la primera semana de enero de 2019 en los centros de Sevilla y Málaga y nunca en los centros provinciales del resto de provincias andaluzas y nunca fueron las horas contempladas en la justificación del aumento presupuestario contempladas en el documento del expediente administrativo de la modificación y aumento presupuestario”.
A título de ejemplo, la CGT apunta que, en los cuadrantes de horarios laborales de marzo 2017 del centro de Sevilla, es decir, cuando entra la empresa Ferrovial (24 abril), había 81 personas trabajadoras en el mismo, mientras que en el cuadrante de julio 2018, que es cuando la empresa Ferrovial solicita el aumento presupuestario, había 74 personas en la plantilla fija. Asimismo, al comprobar el personal contratado en las fechas que justifican la memoria a través de los cuadrantes de los centros, el más importante, el Centro Regional de Sevilla, no se aprecian significativas contrataciones.
También se argumenta en la denuncia que el establecimiento de guardias localizadas 24/7 significa que los siete días de la semana las 24 horas del día habrá personas que en menos de 60 minutos lleguen al centro de trabajo en caso de emergencia sobrevenida, de activación del sistema de guardia localizada si fuera preciso. Dice la CGT-A que “dicho sistema hubiese hecho frente a las emergencias fortuitas que no se atendieron, quedando la carga de trabajo sin poderse atender bien y que, por el contrario, se ha incrementado una partida presupuestaria a la empresa concesionaria por ese incumplimiento, justificando que la misma realizó turnos especiales para atender dicho volumen de llamadas, cuando no fue así”.
