Ladrillo, minas y campos de golf: los ecologistas alertan de las amenazas verdes del decretazo andaluz

Seis decretos, 21 leyes y 100 trámites administrativos modificados. En plena crisis sanitaria, Junta de Andalucía -gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos- ha aprobado por decreto ley la “simplificación” de un centenar de trámites burocráticos que, entre otros ámbitos, afecta al medioambiente en una comunidad autónoma donde la tercera parte de su superficie es espacio protegido. 

Como denuncian la organizaciones ecologistas, el decreto afecta en buena medida al ámbito ambiental, ya que reforma dos leyes que tenían como objetivo frenar la especulación urbanística y la degradación del entorno natural: la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Como señalaba eldiario.es Andalucía este jueves, las rebajas legislativas de impacto ambiental eran reivindicaciones históricas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que siempre ha cuestionado el freno al crecimiento urbanístico.

Las organizaciones ecologistas se han echado las manos a la cabeza ante una serie de medidas que afectan a la construcción, las minas, la depuración de aguas o los campos de golf. Greenpeace pone el acento en que las leyes de ordenación urbanística y de calidad ambiental se crearon, precisamente, para “contener la fiebre del ladrillo”.

El COVID-19 como excusa

Las asociaciones verdes ven una declaración de intenciones clara ya que “un adelgazamiento en su corpus legislativo, declaradamente enfocado a incrementar dicha presión, no augura nada bueno para los mismos”. En WWF son de su misma opinión y creen que se está usando la crisis sanitaria del COVID-19 para “intentar eliminar garantías. Se presenta la oportunidad de apostar por una economía verde y lo que se intenta es regresar a las burbujas especulativas en los regadíos, el turismo y la construcción”.

Juan José Carmona, portavoz de WWF en Andalucía y abogado ambiental, apunta que “no nos gusta el decreto porque intenta relajar las normativas de carácter protector. Había riesgo evidente de que el Partido Popular intentara eliminar ciertas garantías, como ya había ocurrido con la Ley de Costas. Esas políticas son las que se intentan aplicar en Andalucía”. Más del 14% de la costa andaluza está urbanizada y, como subraya Greenpeace, “al calor del resurgimiento de la burbuja inmobiliaria, se han incrementado el número de proyectos que amenazan los ecosistemas costeros”.

El Partido Popular apuntala también una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, que pretende establecer un modelo que atraiga a los inversores, liberalizando el suelo, reduciendo trámites burocráticos y hasta eliminando la clasificación del suelo. En una entrevista concedida al diario ABC, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, señalaba que el objetivo es “poner suelo en el mercado” e “impulsar el desarrollo económico compatibilizando el uso eficiente de los recursos naturales con la creación de riqueza y empleo”.

Facilidades para construir

En la caso de la ordenación urbanística, el nuevo decreto andaluz subraya que el tiempo de tramitación de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbanística) “supera los ocho años, lo que resulta inasumible para cualquier actividad productiva que dependa de su aprobación definitiva”. Aunque alude a la futura Ley Andaluza del Suelo, el decreto modifica ya varios artículos relacionados con la ordenación urbanística, que básicamente agilizan los procesos administrativos de su tramitación.

Según denuncia las organizaciones ecologistas, los planes especiales y proyectos de actuación para la implantación de estas infraestructuras se sustituyen por un informe. Se elimina “ así la obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica”.

Además, se introduce un polémico apartado (el que modifica el artículo 42 de la Ley 7/2002) para “agilizar la implantación sobre suelo no urbanizable” de determinadas infraestructuras “de interés general a la población”, como “infraestructuras hidráulicas, energéticas y el aprovechamiento de recursos minerales”.

Con esta medida, destacan los ecologistas, se le abren “de nuevo las puertas a las minas. Les vamos a eliminar barreras, a pesar de la cantidad de problemas que nos han generado en Andalucía, como en el caso de Cobre Las Cruces, que suma varias condenas, o Aznalcóllar, que no van a ser capaces de cumplir con el sistema de depuración que ellos mismos proponen”.

Más campos de golf

En el caso de los campos de golf, el nuevo decreto ley elimina su declaración como proyectos de interés turístico, señalando que la ley anterior “alteraba el modelo de ciudad, induciendo a la formación de nuevos asentamientos, generando demandas de infraestructuras y servicios impropios de la naturaleza de la clase del suelo e, incluso, afectando a los criterios de crecimiento municipal”.

Para Greenpeace, en cambio, la anterior ley era una manera ideal de frenar el aumento de unas instalaciones deportivas y turísticas que pueden llegar a tener “un consumo anual de agua de unos 700.000 metros cúbicos, equivalente al gasto de una población de unas 15.000 personas”. Según el grupo verde, la ley derogada “había mostrado ser eficaz para evitar la proliferación de estas infraestructuras”.

En una denuncia pública conjunta de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, apuntan que modificar la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) supone rebajar las exigencias ambientales de determinados proyectos y actuaciones, al sustituir el exigente Régimen de Autorización Ambiental Unificada por el de Calificación Ambiental, “con muchas menos exigencias, y que aprueban los ayuntamientos”.

Según las organizaciones verdes, la modificación de la Ley del Sector Público facilita la “privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía”, el reglamento de suelos contaminados permite “dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren”, el reglamento de vertidos no obliga a las urbanizaciones ilegales que se legalicen a dotarse de alcantarillado y depuración y, por último, se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios, al modificarse la Ley de Cambio Climático.

De momento, tanto la oposición como los ecologistas van a estudiar “con detenimiento” si algunas de las medidas contravienen la vasta normativa europea que protege el medioambiente. En el caso del PSOE y Adelante, ya ha nanunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional también esta parte del decreto, presentando un recurso de amparo.