La Universidad Loyola reúne a 200 participantes de 25 países en una conferencia sobre derecho y criminalidad digital

El Campus de Sevilla de la Universidad Loyola ha acogido la celebración de la I Conferencia Internacional ICT2020, con el título de 'El Derecho y la Criminología en la nueva Era Digital', que, organizado en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha congregado a más de 200 participantes provenientes de 25 países de los 5 continentes.

En el acto de inauguración, ha informado la Universidad Loyola a través de una nota, han participado el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete; los representantes de la Comisión Europea, Emilia Gómez-Gutiérrez y Gabriel Rissola, del Joint Research Center (JRC); el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, Miguel Romero y la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola y presidenta del Comité Científico del Congreso, Ana Mercedes López.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del escritor y ex secretario de estado para la Agenda Digital, José María Lassalle, quien ha expuesto la complejidad y las amenazas de la realidad virtual que toma fuerza, y ha destacado el papel de Europa para frenar la voluntad de poder de la técnica y de la necesidad de un nuevo humanismo basado en derechos digitales y de propiedad sobre los datos. La conferencia ha estado presentada por el profesor de la Universidad Loyola y director del Foro Internacional de Mediadores, Javier Alés.

El congreso, que ha sido bilingüe en español e inglés, ha estado estructurado en paneles paralelos, conformados por expertos internacionales y nacionales de distintos campos del conocimiento.

En el ámbito del Compliance se han abordado las exigencias y riesgos jurídico-penales de las conocidas como investigaciones internas corporativas iniciadas tras las informaciones recibidas a través del canal de denuncias.

Se han analizado aspectos relativos a la figura del Compliance Officer o Departamento de Cumplimiento, como las funciones de supervisión y control que debe desempeñar para que la empresa pueda quedar exonerada de responsabilidad penal, la posición de garante de este órgano y aquellos supuestos en que puede incurrir en responsabilidad criminal.

Se han expuesto las propuestas, medidas y objetivos que se marcan las instituciones públicas de control (como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia u otros organismos públicos) en el marco de lo que conoce como gobernanza pública y los nuevos sistemas de gobernanza, compliance y prevención de delitos en el ámbito privado.

En el campo de la criminología se han abarcado tres ejes temáticos: en primer lugar, se ha abordado la prevención de la ciberdelincuencia (cyberbulling, acoso laboral, sexual o de género con utilización de redes sociales). Eje en el que también se ha incluido la presentación del Programa de UNODC 'Education for Justice', Programa que tiene por objeto prevenir la delincuencia y promover un cultura de legalidad mediante actividades educativas dirigidas a la enseñanza primaria, secundaria y superior.

El segundo eje criminológico abordó el estudio de la ciberdelincuencia como fenómeno complejo y global.

Mientras que el tercer eje se ha centrado en la ciberseguridad mostrando las potencialidades en la utilización de nuevas tecnologías para el control de la delincuencia, como el control de fronteras, control y utilización de herramientas tecnológicas en prisión o utilización de dispositivos electrónicos en las medidas alternativas a la privación de libertad.

De igual forma se han abordado las potencialidades ofrecidas al sector público, a través de las llamadas 'Smartcities', para potenciar respuestas más efectivas y coordinadas a los problemas que enfrentan las ciudades del siglo XXI: la gestión de residuos, la protección del medio-ambiente, o las situaciones de emergencia o movilidad urbana, así como las amenazas a las que se enfrenta el ámbito empresarial al adaptarse a un sistema de negocio digital.

Se han debatido en profundidad temas tan interesantes como la responsabilidad penal de los robots, el internet de las cosas, el big data, los vehículos autónomos, la cadena de bloques, el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, la utilización de inteligencia artificial para combatir el fraude fiscal o el impacto digital general en el ámbito tributario.

También se han analizado el impacto digital en el mundo empresarial y societario y algunas experiencias exitosas de empresas andaluzas del sector agroalimentario con la digitalización de su modelo de negocio, con la colaboración de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La clausura del Congreso ha corrido a cargo de distintos operadores jurídicos, que han analizado en una mesa redonda las experiencias y retos a los que se enfrenta su profesión como consecuencia de la creciente digitalización.

Común a todos ellos es la impresión de que la digitalización es una herramienta de gran ayuda, que posiblemente amortizará algunos puestos de trabajo en su sector, pero que no acabará terminando con la necesidad de operadores jurídicos: registradores, notarios, jueces, mediadores o abogados.