Medio Ambiente advirtió al Puerto de Sevilla contra el dragado del Guadalquivir

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (organismo público) ha aprobado hoy martes su proyecto de dragado de profundización del estuario del Río Guadalquivir. La intención es poder iniciar así el proceso de licitación de la polémica obra, que supondría añadir ocho metros de profundidad al río hasta su desembocadura, con el fin de permitir la navegación de buques de gran calado. La idea es iniciar la licitación de inmediato para comenzar las obras este mismo año.

El proyecto es más que polémico porque afecta a multitud de intereses contrapuestos. En primer lugar, a los agricultores de ambas márgenes; en especial, a los arroceros (Sevilla es la primera productora de arroz de España), que mantienen que el dragado aumentaría tanto la salinidad del agua que imposibilitaría sus cultivos.

También a los pescadores del Golfo de Cádiz, cuyos caladeros dependen de los nutrientes que arrastra el Guadalquivir. A los otros puertos de la zona, desde Huelva hasta Málaga, que temen la competencia del único puerto fluvial del país. Y a Doñana, el más importante Parque Nacional, que no es que sea sensible a cualquier cambio en las condiciones del río, sino que el río forma parte intrínseca de él.

Por todo ello, en junio de 2005 se constituyó una comisión científica encargada de realizar un informe sobre los posibles problemas que pudiera causar el dragado, con el compromiso de no iniciar la obra antes de su finalización. El informe se concluyó en noviembre de 2010, con toda una serie de recomendaciones vinculantes que deben ser cumplidas antes de realizar el dragado de profundización del Guadalquivir.

Ahora, por un lado, el presidente de la Autoridad Portuaria sevillana, Manuel Fernández, asegura que el nuevo proyecto de la obra, que se somete hoy a la aprobación del consejo de administración del Puerto, “recoge las recomendaciones del dictamen de la Comisión Científica para el estudio de las afecciones de las obras del dragado del Río Guadalquivir”. Por otro, desde el puerto se explica que la obra cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental positiva en vigor, que fue emitida en octubre de 2003.

Sin embargo, tanto el dictamen de la Comisión Científica, como la carta adjunta del Ministerio de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, muestran que ambas afirmaciones distan mucho de la realidad. En el segundo punto de sus conclusiones, la Comisión Científica dictamina que “el dragado de profundización (…) no es recomendable en la situación actual”, entre otras causas, añade, “por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y, por lo tanto, de Doñana”.

Por ello, continúa el dictamen, “recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que, de mantener la Autoridad Portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de EIA (evaluación de impacto ambiental) una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado”. En otras palabras, que antes de llevar a cabo el dragado sería preceptivo realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Legalidad vigente

Ante el empeño de la Autoridad Portuaria en seguir adelante con sus planes, a pesar del varapalo recibido por la Comisión Científica, es el propio Ministerio de Medio Ambiente el que toma cartas en el asunto. El 11 de octubre de 2011, la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, le envía al presidente de la Autoridad Portuaria la orden, por escrito, de no llevar a cabo el dragado sin someterlo antes a un nuevo proceso de impacto ambiental.

La orden, que hoy, esa sí, sigue en vigor, dice textualmente: “En la medida en que las conclusiones de la Comisión Científica han pasado a ser condición vinculante de la Declaración de Impacto Ambiental, no es posible iniciar ninguna otra actuación sin antes adecuar el proyecto a estas prescripciones y sin previa confirmación de la adecuación de esta nueva versión a lo estipulado por la Comisión Científica. Por ello, una vez elaborado el proyecto, habrá de remitirse al órgano ambiental, quien actuará con arreglo a la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental”.

Por si quedan dudas, concluye con una clara advertencia para el presidente de la Autoridad Portuaria y sus responsables: “Conociendo tu compromiso por la buena gestión del Puerto, el respeto por la legalidad vigente, y la protección del entorno de Doñana…”.

Así pues, a pesar de las prisas del Puerto de Sevilla por iniciar las obras (cuentan con un 80% de financiación a cuenta de los fondos Feder de la Unión Europea, siempre que se inicien en 2013 y finalicen antes de 2015), no parece posible que se llegue a tiempo sin saltarse “la legalidad vigente” que, como la secretaria de Estado ya les advirtió, debe ser cumplida.

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