El refuerzo de maestros contra la Covid amortigua el recorte de 568 aulas autorizadas en la escuela pública andaluza

Es raro afirmar que el coronavirus ha salvado a la escuela pública andaluza de un recorte de aulas previsto por el Gobierno de PP y Ciudadanos. Digámoslo así: el refuerzo de 7.000 docentes que se ha incorporado este curso para paliar el efecto de la pandemia en las aulas -con desdobles de grupos en muchos casos- ha amortiguado la supresión de 568 unidades de Infantil y Primaria (158 en Infantil y 377 en Primaria). La planificación a la baja del número de aulas necesarias en las etapas tempranas es del mes de junio -publicado en el BOJA meses después- y el reajuste de la plantilla de refuerzo como consecuencia de la Covid-19 es posterior. De hecho, hasta el 7 de octubre, un mes después del inicio de curso, la Junta no cierra la plantilla definitiva de profesores, sumando otros 1.500 docentes de apoyo a los 5.500 ya confirmados (970 para la concertada), y sellado en un acuerdo con los sindicatos del sector.

En este gazpacho de números hay dos realidades solapadas: la primera es que la Administración educativa planificó un curso con menos aulas y menos profesores interinos, ajustando la oferta a una menor demanda, dado el desplome de la natalidad (22.000 alumnos menos). Es decir, lo que viene haciendo la Consejería de Educación desde hace años. La segunda es que la pandemia corrigió de un plumazo esa planificación, que se quedó obsoleta en cuestión de días, y obligó a la Junta a reforzar el sistema completo y contratar a más personal para garantizar unos mínimos estándares de seguridad en las aulas (desdobles, turnos, grupos burbuja... todo ello requería más docentes). Educación ha mezclado ambas realidades y le sale un saldo positivo de 138 unidades autorizadas más que el curso pasado.

Es un cálculo exacto, pero algo pícaro, porque unifica las unidades de todas las etapas educativas del sistema escolar -un total de 78.024 aulas- como si las necesidades de aprendizaje y el número de alumnos por clase fuera homogéneo. Además, explican desde la consejería, que el número es mayor si se tienen en cuenta “los desdobles de grupos y la creación de grupos mixtos que permite el refuerzo extraordinario de plantilla implementado por la crisis sanitaria”. Lo que vienen a decir es que en la práctica hay más aulas de las que oficialmente se contabilizan, es lo que en el argot administrativo llaman “unidades de funcionamiento real”, que cada colegio que haya recibido un refuerzo de plantilla contra la Covid -en torno al 57% del total- “puede aplicar según sus circunstancias y necesidades en el marco de su autonomía con una organización flexible en un curso tan complejo”. En este supuesto, la consejería estima que los 7.000 docentes de apoyo han permitido un aumento de hasta 4.444 unidades de funcionamiento, que se traduce en “una sensible mejora de la ratio.

Amortizar aulas vacías

El pasado mes de junio, el consejero de Educación, Javier Imbroda, llevó al Consejo de Gobierno un informe con la planificación escolar para el curso 2020/2021, un documento que detallaba la previsión de unidades y profesores que serían necesarios, ajustándolo a la demanda de plazas. Como consecuencia de la caída de la natalidad, se esperaban 22.000 matrículas menos (7.769 en Infantil y 13.513 en Secundaria), de modo que la consejería planificó la oferta de plazas suprimiendo más de 500 unidades. Menos alumnos nuevos, menos aulas y, en consecuencia, menos contratos de profesores interinos.

Esta regla de tres no es matemática, es política. El anterior Gobierno socialista también la aplicaba para ajustar la oferta a la demanda. Cuando cae la natalidad -un fenómeno recurrente desde hace tres años-, la Junta de Andalucía amortiza las aulas que se vacían parcialmente y que “dejan de ser necesarias”. El efecto inmediato es que la ratio escolar -número de alumnos por clase- o bien aumenta o bien se mantiene, depende del colegio. En algunos casos, baja. Esto supone un ahorro en personal docente interino y es una decisión sistemática del departamento de Educación, da igual que esté gestionado por el PSOE o ahora por Ciudadanos.

La explicación es la misma: no hay recursos suficientes para mantener a la misma plantilla de profesores con un número sustancialmente inferior de niños. Sin embargo, esto es exactamente lo que significa una bajada generalizada de la ratio escolar, una medida que toda la comunidad educativa internacional coincide en destacar por encima de todas las propuestas de mejora del sistema educativo: una enseñanza más personalizada en lugar de clases masificadas. Bajar la ratio de forma estructural y permanente es un sobregasto en el capítulo uno del Presupuesto educativo, que representa más del 80% del total. Otra cosa es que la relación profesor-alumnos por aula oscile, no por una decisión política a largo plazo, sino por razones demográficas o de movilidad.

La ratio en la escuela andaluza es muy desigual, porque hay 778 municipios y en gran parte de ellos el número de alumnos por clase está por debajo del tope legal (25 por aula en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria; 35 en las etapas postobligatorias). El problema de las aulas masificadas se concentra en las grandes urbes y no en todos los barrios, sino en aquellos donde la demanda excede a la oferta, obligando a la Administración a flexibilizar la ratio hasta el máximo legal permitido (28 en Infantil y Primaria; 33 en Secundaria; 38 en la postobligatoria). Otras veces, la delegación territorial de Educación autoriza el aumento de unidades en algún colegio concreto donde existe sobredemanda -suele ocurrir mucho en un puñado de centros privados concertados ubicados en los barrios pudientes de las capitales, como Sevilla o Málaga-, pero también ha pasado que se autorice una línea educativa más en el centro concertado de un distrito -con exceso de solicitudes de familias- y se ha cerrado una línea en la escuela pública (o concertada) que estaba al lado, con menos demanda.

En este caso, la Administración andaluza ha primado la demanda social de las familias sobre una política educativa que preserve la red pública y use la concertada como “subsidiaria”. Y esto ha pasado con gobiernos socialistas antes de que existiera una ley básica de educación -la LOMCE- que vino a blindar esa “demanda social” (la ley Celaá vuelve a eliminar este criterio, que en la práctica es un eufemismo del respaldo prioritario de la privada concertada sobre la pública).

La bajada de la ratio escolar no es algo que se pueda aplicar siempre de forma generalizada. El número de alumnos sube y baja, normalmente en paralelo a la natalidad, pero no siempre. La Consejería de Educación puede prever más o menos cuántos niños se matricularán el próximo curso, atendiendo al dato de nacimientos que hubo tres años atrás -la entrada más habitual en el sistema es a los tres años de edad del niño, en la etapa Infantil-. Pero lo realmente complejo y difícil de prever es el movimiento poblacional, esto es, dónde se mudan las familias, dónde crecen y se consolidan nuevas urbanizaciones con familias jóvenes con hijos, o simplemente si los padres deciden matricular a sus vástagos sin atender al criterio de proximidad a su domicilio (el que más suma en el baremo de la consejería) y deciden trasladarse hasta otro centro más alejado, siguiendo criterios más maleables (el domicilio laboral o simplemente que han elegido una escuela que les gusta más, por razones educativas o religiosas, lejos de sus casas).

Antes del refuerzo de personal docente contra la Covid-19, la plantilla docente andaluza suma 102.105 profesores en la escuela pública [127.250 incluyendo a la concertada], que atienden a 1,6 millones de estudiantes. La Consejería de Educación defiende que, pese al desplome de la natalidad, la plantilla docente se ha incrementado en 772 maestros en el segundo ciclo de Infantil y 2.484 en Primaria, “facilitando la creación de 3.256 unidades de funcionamiento, más allá de la disminución de unidades autorizadas en 158 y 377 respectivamente en ambas etapas”. En Secundaria y Bachillerato sí aumenta la oferta real de unidades en 292 respecto al curso anterior -esta etapa cuenta con 2.258 docentes extras- y 144 unidades autorizadas más en Educación Especial (con un incremento neto de la plantilla de 130 docentes) y 237 unidades más en FP.