La banca quiebra la autopista autonómica aragonesa y endosa al Gobierno regional un rescate millonario
Los mismos bancos que financiaron su construcción han decidido su bancarrota: el Gobierno de Aragón deberá indemnizar a Concesionaria Puente del Ebro, la empresa que construyó y gestiona la deficitaria autopista autonómica ARA-1, con entre 38 y 52 millones de euros para rescatar la infraestructura, que pasará a integrarse en le red autonómica de carreteras.
Los acreedores financieros en bloque han rechazado esta mañana, en la Junta celebrada en el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, adherirse al convenio propuesto por la concesionaria, una UTE liderada por Acciona, para reflotar la compañía.
El acuerdo incluía una quita o condonación de la mitad de la deuda de la empresa, cifrada en 57 millones de euros, mientras el Gobierno de Aragón se comprometía a elevar la cuota por vehículo que establece el acuerdo de ‘peaje en la sombra’ con el que opera la infraestructura.
Sin embargo, los bancos, entre los que destacan CaixaBank y BBVA, además de otro absorbido por la primera como Barclays o la entidad pública portuguesa Caixa Geral de Depositos, han optado por no adherirse al convenio, al que tampoco se han sumado otros acreedores como el ICO (Instituto de Crédito Oficial), la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. La concesionaria solo ha tenido el apoyo del Gobierno de Aragón, que ha resultado insuficiente.
Auto de liquidación
Tras esta decisión de los acreedores, que planeaba sobre el futuro de la autopista desde que los administradores concursales entregaron su informe en el juzgado hace año y medio, la jueza emitirá en los próximos 10 días el auto en el que ordenará la liquidación de la compañía y abrirá el proceso para designar al árbitro que señalará qué indemnización (responsabilidad patrimonial de la Administración, en lenguaje jurídico) corresponde a la concesionaria. Distintos informes que obran en la causa la cifran en una horquilla que va de 38 a 52 millones.
La situación es distinta en el caso de las radiales madrileñas y levantinas , cuyo rescate cifra el Tribunal de Cuentas por encima de los 3.700 millones de euros, ya que el Ministerio de Fomento ha optado por pasar a controlar el accionariado con el objetivo de liquidarlas de nuevo para minimizar los daños.
Sin embargo, el hecho de entrar en fase de liquidación impide aplicar esa solución con la ARA-1, lo que va a suponer un impacto considerable en las maltrechas cuentas de la comunidad autónoma.
Tres años de insolvencia
La UTE, liderada por Acciona con Brues y Fernández y con Arascón como socios, se declaró insolvente en 2014, seis años después de que entrara en servicio la autopista, un puente de 5,3 kilómetros que enlaza la N-II en Villafranca con la N-232 en El Burgo de Ebro y popularmente conocido como “el puente de la Saica” por su cercanía a la papelera y el frecuente paso de sus camiones.
Las previsiones del Gobierno PSOE-PAR de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, con Javier Velasco como consejero de Obras Públicas, que apuntaban a un tráfico diario de 6.300 vehículos, no se cumplieron: la intensidad de la circulación ni siquiera llegó a la mitad, lo que hizo que se esfumaran las expectativas de cobrar de la comunidad autónoma 154,6 millones entre 2008 y 2036 por el paso de esos automóviles.
Ahora, el Gobierno de Aragón deberá pagar una suma millonaria a la UTE para convertirse en propietaria de la autopista, ya que no hacerlo supondría, jurídicamente, un caso de enriquecimiento injusto. La compañía sostiene que las obras costaron 77 millones, cifra que la comunidad reduce a 55 y de la que habría que reducir los ingresos de explotación, entre otros conceptos.
La ARA-1, que ya se quebró físicamente en 2015 al no aguantar sus pilastras la primera riada del Ebro desde su construcción, pasará en unos meses, tras lastrar las cuentas de la comunidad autónoma, a ser oficialmente lo que siempre ha sido en el imaginario popular: un sobredimensionado puente para cruzar el Ebro entre El Burgo y Villafranca.
