Carta abierta al Gobierno contra las ayudas públicas a la tauromaquia

Más de 500 colectivos han suscrito una carta abierta enviada al Gobierno para pedirle que no dedique dinero público a ayudar a la tauromaquia y destinar esos fondos a la reconversión del sector y a otras actividades netamente culturales más demandadas por la ciudadanía.

La carta va dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; y a los ministros de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Está suscrita por más de 500 colectivos no solo de defensa de los derechos de los animales sino también feministas, ecologistas, pensionistas, organizaciones empresariales y veterinarios, entre otros.

En un momento en el que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 pone en riesgo la vida de decenas de miles de personas y en el que la sociedad está abocada a una desgarradora recesión económica, dicen los firmantes de la misiva, “es cuando los valores éticos cobran mayor importancia”. Es el momento, aseguran, “de realzar los valores que cohesionan a una sociedad, como la solidaridad y la empatía; también hacia aquellos que no tiene voz para defenderse, pues es evidente que, cuando el ser humano busca solo su propio beneficio e ignora a los demás habitantes del planeta, la Tierra se defiende. Es hora de que aprendamos, y la cultura es de gran utilidad para ello: una cultura que celebre la vida, no la muerte, y que promueva la cohesión de la sociedad, no el enfrentamiento entre españoles”.

“Es de todos sabido que la tauromaquia tiene los días contados”, sentencian, esgrimiendo datos de encuestas, como la de Ipsos Mori en 2015, según la cual el 84% de los jóvenes españoles no se siente orgulloso de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural. Además, recuerdan, los propios datos oficiales del sector indican que los festejos taurinos en plaza han caído un 58,4% en la última década. “¿Por qué invertir fondos públicos tan preciados y necesarios en este momento en una actividad abocada a la desaparición? ¿No sería más sensato invertirlos en proyectos de reconversión de las actividades taurinas hacia otras que no vayan a desaparecer en un futuro no lejano? Si realmente se quiere echar una mano a las personas de este sector, esa sería la mejor ayuda”.

La carta va acompañada de un informe sobre la situación de la tauromaquia en España elaborado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) a partir de los datos oficiales proporcionados por el propio sector y ofrecidos anualmente por el Ministerio de Cultura. La conclusión es clara: “el empleo que genera la tauromaquia es escaso, temporal y endogámico”, y el sector debería contar con otras fuentes de ingresos para poder afrontar su evidente declive. Una reconversión no solo es posible, sino que sería “lo más beneficioso para todos los involucrados”.

En ese sentido, el presidente de AVATMA, José Enrique Zaldívar, pone un ejemplo: “Queremos llamar la atención sobre lo que recoge el convenio laboral del sector y hacer especial hincapié en las diversas categorías en las que se encuadran los 'jefes de cuadrilla', es decir, toreros, rejoneadores y novilleros. En función de su categoría o grupo, A, B o C, estos profesionales tienen determinadas obligaciones en cuanto a la contratación de sus cuadrillas (picadores, banderilleros y mozos de espadas)”. Son ellos, que son contratados por los empresarios que explotan los cosos taurinos, los que tienen la obligación de cubrir todos los gastos de sus subalternos y pagar sus nóminas. Pues bien, según los datos oficiales, “durante 2020 solo seis toreros, dos rejoneadores y ningún novillero habrían estado obligados a contratar una cuadrilla completa (seis personas) para toda la temporada”. La cifra total de estos 'jefes de cuadrilla' que trabajaron durante 2019 fue de 385, “eso sí, con una importante disparidad de ocupación, porque la mayoría de ellos apenas estuvieron presentes en uno o dos festejos”. “Estos datos indican la volatilidad laboral que genera el sector taurino”, subraya Zaldívar.

Después de que el sector taurino haya hecho llegar al Gobierno una propuesta con 37 medidas para paliar la crisis económica generada por la pandemia en su actividad, AVATMA concluye que este colectivo “ha puesto al descubierto sus cartas” en un documento plagado de inexactitudes, con datos tergiversados y en el que, por ejemplo, reclama subvenciones para cosas que llevan años subvencionadas.

Alessandro Zara, vocal de la plataforma La Tortura No Es Cultura, advierte de que se han anunciado ayudas como la reducción del IVA, y en Andalucía se habla incluso de ayudas directas. Marta Esteban, de Animal Guardians, concluye que destinar recursos públicos a esa actividad, abocada a desaparecer, en vez de facilitar su reconversión, es como hacerlo a fomentar el uso de máquinas de escribir.

Entre los firmantes, explican, hay protectoras y santuarios que por todo el territorio español “se dejan la piel cada día para dar un servicio a la sociedad”, capturando, sanando, esterilizando y dando en adopción a cientos de miles de animales cada año, y que en la actual pandemia han ofrecido sus servicios para acoger a los animales de personas enfermas, así como a los de personas sin techo o víctimas de violencia machista, entre otras muchas ayudas.

La firman también colectivos de veterinarios que se han expuesto al contagio “para no dejar atrás a los animales que tanto aportan a la sociedad y al corazón de las personas”. Sin embargo, las ayudas públicas que reciben unos y otros son prácticamente anecdóticas. “Esto hace aún más inaceptable el anuncio de subvenciones a una actividad que vive de torturar a animales como forma de espectáculo, una actividad que anula la empatía y hace del sufrimiento y agónica muerte de un ser vivo, una fiesta”. Ayudas a las que, según las encuestas, el 78% de la ciudadanía española se opone, como mostró el estudio YouGov 2018.

Junto a todo ello, recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instó a España en 2018 a “prohibir la participación de menores de 18 años como toreros o espectadores de eventos taurinos, con el fin de prevenir los efectos perjudiciales que la violencia de estas prácticas crueles tienen sobre la mente y la sensibilidad del desarrollo de la infancia y la adolescencia”. Esta misma recomendación se hizo a Francia, Portugal, México, Colombia, Ecuador y Perú. “Sin embargo, nada se ha hecho en nuestro país para respetar lo que indica la mayor autoridad en derechos de la infancia. En su lugar, se disponen a utilizar dinero público a una actividad calificada como violenta por un organismo de las Naciones Unidas. Nos resulta incomprensible”.

Además de tener en cuenta estas reflexiones, los firmantes reclaman que, después de muchos años de oscurantismo, haya por fin “total transparencia” en las ayudas públicas de cualquier tipo que se destinen al sector de la tauromaquia, sean por parte de ministerios, ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. “Sabemos que les llega mucho dinero por vías indirectas, mientras no dejan de lamentarse por las pérdidas en los medios de comunicación”, denuncia Carmen Ibarlucea, presidenta de La Tortura No Es Cultura.

Piden también conocer los criterios para el reparto de los fondos del Ministerio de Cultura entre las distintas disciplinas que están bajo su competencia. Alertan, en ese sentido, de que sería “difícil de entender” que actividades culturales con un elevado consumo por parte de la ciudadanía, como la música (87,2%), la lectura (65,8%), el cine (57,8%), las visitas a monumentos o yacimientos (50,8%), la asistencia a exposiciones o galerías de arte (46,7%), o a las bibliotecas (26,8%), por poner solo algunos ejemplos, recibiesen cantidades similares o inferiores a las corridas de toros, novilladas o rejoneo, a las que apenas acude un 5,9% de la población, según los datos oficiales ofrecidos por el propio Ministerio de Cultura en 2019.

Solicitan, asimismo, conocer los criterios para el reparto de las ayudas incluidas en la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC), teniendo en cuenta que la gran mayoría de los eurodiputados rechazan que a través de ella se sostenga a las ganaderías consideradas “de lidia”, tal y como se mostró en la votación de 2015: 438 votos a favor de eliminar esas ayudas, 199 en contra y 50 abstenciones.

Finalmente, emplazan al Gobierno a trabajar en una legislación actualizada al “nuevo sentir social y autonómico” y que reconozca la libertad de las comunidades autónomas para regular y mantener o no las expresiones culturales de acuerdo con el deseo de la mayoría de su ciudadanía. “Esperando su pronta respuesta, quedamos a su disposición para trabajar de la mano en pro de una sociedad más unida y solidaria con todos los seres”.