La memoria fracturada

El conocimiento de los hechos pasados requiere, irremediablemente, de la apoyatura en unas fuentes de información que sustenten cualquier investigación. Y en el caso de la Historia más reciente, cuyos protagonistas aún mantienen viva la memoria, es necesario contrastar ésta con los documentos que la confirmen o desmientan. De ahí la obligatoriedad de que se facilite el acceso a los documentos y archivos en los que se custodia (de mejor o peor manera) la información que concierne a un hecho determinado. Lo contrario es hurtar la información a la sociedad y, en consecuencia, trasmitir una memoria fracturada. Cuestión que en España se está dando en los últimos tiempos en diversos ámbitos. Como prueba, puede verse la demanda que muchos investigadores llevan realizando desde hace tiempo para acceder a determinados documentos de la Historia más reciente de nuestro país. Y todo, por la falta de una legislación adecuada referida al acceso a la información, lo que da lugar a arbitrariedades a la hora de permitir o denegar una consulta determinada.

Ejemplo de esto, es lo que está sucediendo a un numeroso colectivo de víctimas en nuestro país, el formado por todas las víctimas de los robos de niños realizados durante el franquismo.

En estos días se debate en el Parlamento de Canarias la Proposición de Ley de Memoria Histórica, motivada porque “el conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, y nos protege de repetir errores del pasado”, según se argumenta en su exposición de motivos. Esta loable Proposición es la séptima ley autonómica que en España trata de reconocer el dolor permanente de las víctimas de la dictadura.

El caso de las desapariciones forzadas de menores en Canarias, tiene connotaciones muy notables. Por un lado, organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Personas Desaparecidas, han reconocido estos crímenes como imprescriptibles y permanentes, aunque en España son considerados como hechos prescritos tras la promulgación de la Constitución española de 1978, como si ésta fuese una barrera insalvable para poder investigar y documentar los delitos acaecidos en Canarias a este respecto. Las deficiencias de la llamada Ley de Amnistía, como ilegítima ley de punto final, ya que perdona crímenes en el vacío sobre delincuentes que nunca fueron juzgados ni condenados, dimensión de amnistía extensiva que ha sido reiteradamente denunciada por estos mismos Relatores como irregular con respecto al Derecho Penal Internacional. Fuera de esas consideraciones jurídicas, lo que constituye una situación vergonzosa es que multitud de familias canarias arrastran secuelas irreversibles desde hace decenios, y que comprueben que la administración le da la espalda en el amparo debido, viéndose apartada de cualquier posibilidad de obtener tutela judicial, y como primer paso ni siquiera pueden conseguir un mínimo reconocimiento aquí, al menos en cuanto a su condición de víctimas que traen causa de la dictadura.

¿Cómo es posible conjugar la debida investigación, reconocimiento y necesaria reparación, al menos formal y moral, de las víctimas si además de alzarse una barrera temporal, se está impidiendo el acceso a los documentos con argumentos como la desorganización de los archivos o la protección de datos? ¿No es esto un salvoconducto de impunidad de unos hechos criminales que atentan contra los Derechos Humanos?

En este sentido, la proposición de ley que se pretende de todos los aspectos vinculados a la Memoria Histórica de Canarias, ignora aspectos esenciales que los informes y las recomendaciones de las Naciones Unidades y del Parlamento Europeo (expediente 1772/2012). En concreto, y siguiendo aspectos reflejados en la literalidad de estos documentos, como son:

a) Que no pueden existir clases diferentes de víctimas para un drama colectivo que afectó, y aún afecta, a cientos de personas, muchas de ellas enviadas fuera de nuestras fronteras. El régimen dictatorial surgido tras la victoria de los golpistas, con participación clave de tropas regulares de la Alemania nazi y de la Italia fascista, se sustentó en la violencia y la represión generalizada (propia de su carácter totalitario) contra aspectos tan diversos como lo social, lo cultural y en general todo lo que fuese calificado como desafecto a esa uniformización ideológica. Las consecuencias ciudadanas y políticas del golpe militar en Canarias supuso la desaparición, encarcelamiento o muertes arbitrarias de miles de personas inocentes. Como un aspecto dramático añadido esta situación de familias rotas, supuso la desaparición, con alteración de sus identidades, de neonatos y menores, superando ampliamente los márgenes temporales de lo que considera etapa franquista. Como consecuencia de todo esto el propio concepto de Memoria Histórica como drama nacional, no se puede limitar a algunos aspectos concretos, según el tipo de los afectados y, mientras tanto, casos como los de las Casas Cuna y el tráfico humano llevado a cabo desde ellas con menores indefensos, siga impune. No hemos de olvidar, por ello, que muchos de los neonatos y menores acogidos en las Casas Cuna eran, a su vez, víctimas de familias desestructuradas, que traían causa de represaliados y asesinados.

b) No podemos permanecer impasibles ante un problema social tan importante como este y que tuvo (y tiene) tanta repercusión en Canarias. Se han podido documentar cientos de casos por parte de los Colectivos Sin Identidad, lo cual demuestra el alcance de esos hechos y la necesaria (y obligada) implicación de las autoridades canarias para facilitar el acceso a la documentación que se precisa para su investigación. No se puede limitar este caso y estos hechos a unos apuntes marginales en el proyecto de ley mencionado. Es hora de poner fin a la opacidad sobre aquellos hechos.

La ocasión histórica de subsanar el problema es ahora, máxime en una Ley Integral de Memoria Histórica de Canarias. Actuar en consecuencia, sería tanto un ejercicio de responsabilidad institucional como un ejemplo para toda España. Desde aquí, queremos hacer esta llamada de atención oportuna, apelando, como estudiosos e investigadores de estas temáticas y referido a ese período, apelamos a la responsabilidad parlamentaria de Canarias para que asuma sin excusas este carácter de necesaria integración de todas las víctimas, tal y como exigen los organismos internacionales. Dejar pasar esta oportunidad, sería una grave irresponsabilidad por parte de nuestros representantes.

Francisco González de Tena

Víctor M. Bello Jiménez

Aarón León Álvarez