El PP le echa un capote a CC para que no se vote el derribo del “mamotreto”
El último Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acabó este jueves al borde de la legalidad (o ilegalidad, según se mire) y con una triquiñuela para evitar que se votase una moción presentada por Ciudadanos por Santa Cruz para que se aprobase el derribo total del llamado “mamotreto”, el edificio a medio construir que cierra el inicio de la playa de Las Teresitas, declarado ilegal e ilegalizable por la justicia.
Esa argucia consistió en suspender la votación hasta que los servicios jurídicos municipales emitieran un informe sobre las consecuencias penales (por posible prevaricación) de votar a favor o en contra de la moción, algo de lo que ya había advertido el secretario Luis Prieto, y ello en virtud del artículo 92 del Reglamento Oficial de Funcionamiento de las Entidades Locales, por el que se puede retirar del debate plenario un expediente si hay que aportar nueva documentación al mismo. Solo que en este caso no se trataba de un expediente, sino de una moción.
Quien propuso la suspensión fue Manuel Fernández, del PP, que dijo sentirse amenazado por la advertencia de las consecuencias penales del voto. Tras un receso de 18 minutos, PP y CC se unieron para votar a favor de la retirada de la propuesta, PSOE se abstuvo, y se quedaron solos Si Se Puede, Por Tenerife y Guillermo Guigou, autor de la moción y único representante de Ciudadanos por Santa Cruz.
Esta moción, la última de Guigou, que se retira de la política, llegó precedida de la advertencia de que votar en contra acarrearía una denuncia penal por prevaricación. Antes del debate, Cándido Quintana, en representación de la Plataforma por el derribo del Mamotreto, recordó que hay sentencia firme según la cual, el edificio a medio hacer y destinado en principio a aparcamientos y centro comercial, y luego sólo a aparcamientos, no era legal y no se podía legalizar, ya que invade zona de dominio público y servidumbre.
Guigou señaló que el Ayuntamiento ha cumplido con la sentencia “con las personas”, en relación a la destitución de técnicos implicados, como Víctor Reyes, exjefe de Servicios de Proyectos Urbanos (imputado también en el caso Las Teresitas), “pero no a favor de los intereses comunes”.
Añadió que se incumple con el informe jurídico de los técnicos y con el fallo judicial por el que el caso Mamotreto es cosa juzgada y no cabe debatir sobre el mismo asunto.
“El Mamotreto es ilegalizable, todo Dios lo ha dicho, pero usted encubre a algunas personas para no tirarlo”, le espetó al alcalde y candidato a repetir, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
José Manuel Corrales, de Por Tenerife, apoyó la moción, al igual que hizo Pedro Fernández Arcila, de Sí Se Puede. “Hay razones jurídicas para apoyar la moción, porque el edificio se construyó ilegalmente y por ello ya han sido condenados técnicos municipales y políticos”, dijo Arcila. “Es más, si fuese legalizable, el Ayuntamiento ya habría emitido informes técnicos favorables, pero no. Sólo cabe la demolición”.
La ruptura entre PSOE y CC
Aunque en cuatro años de mandato conjunto entre CC y PSOE no ha habido notas disonantes que llegaran más allá de lo que son rumores de desavenencias, en el pleno de este jueves quedó clara la brecha entre una formación y otra a cuenta del Mamotreto. José Ángel Martín, que hasta las elecciones es primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, ya ha dejado clara su postura, y la de su partido, de que la mole de cemento y hierros debe ser tirada abajo.
En el Pleno, Martín, que dirige la redacción del Plan Especial de Las Teresitas, indicó que con ese instrumento no se puede legalizar el Mamotreto. “Los técnicos nos dicen que a través de los planes especiales no se pueden legalizar obras ilegales y hay sobrada jurisprudencia al respecto”.
Díaz Estébanez, de CC, dijo que se estaba incumpliendo la sentencia al debatir sobre este asunto, y que quería tener informes jurídicos y técnicos “que nos den garantías patrimoniales, además de que el edificio ”está en sitio público, para uso público y es una inversión pública“.
Manuel Fernández, por parte del PP, insistió en que se sentía amenazado y pidió que el secretario municipal Luis Prieto le aclarase si cabía que fuese denunciando por votar en contra.
Tras un segundo turno de palabra, reiterando más de lo mismo, José Manuel Bermúdez dijo que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado dos instrucciones, una pare el derribo de la parte del edificio que invade zona de servidumbre, y otra para que Urbanismo emita informe acerca del resto del edificio.
Agregó que la sentencia firme contiene un fundamento, el décimo, por el que excepcionalmente se puede dejar sin efecto la sentencia y habría que informar al juzgado “de si hay una nueva normativa que posibilite legalizar la obra que invade terreno público”. “Es decir, el juzgado aún está en trámite de ejecución de la sentencia”.
En este punto del plenario, las fuerzas parecían estar a favor a apoyar la propuesta de Guigou. Pero tras el receso para votar la retirada de la misma, las tornas cambiaron, y el PSOE se abstuvo.
Guillermo Guigou afirmó que la denuncia que ya tiene redactada para denunciar por prevaricación a quienes votasen en contra del derribo deberá ser modificada y ampliada a tenor de lo vivido en el salón de plenos y en contra del Reglamento Oficial de Funcionamiento de las Entidades Locales.
