El rastro dejado por un vídeo judicial señala al hermano del último alcalde de CC en La Laguna

Solo una persona tenía el 5 de noviembre el vídeo de las declaraciones judiciales que ese mismo día se celebraron en el Juzgado de Instrucción 4 de la ciudad de La Laguna, y hacia esa persona se dirigen ahora todas las miradas después de que unas pocas horas más tarde de que acabaran esas testificales, las imágenes corrieran por las redes sociales de personas vinculadas a Coalición Canaria y estuvieran en poder de las redacciones de varios medios de comunicación de las islas. Esa persona es el abogado Víctor Díaz, hermano de su patrocinado en la causa, José Alberto Díaz, el último alcalde de Coalición Canaria en la ciudad de La Laguna y uno de los investigados en el llamado caso Reparos.

Los abogados de los denunciantes de esa causa han decidido pedir a la jueza instructora que deduzca testimonio por la posible comisión de un delito de revelación de secretos toda vez que todas las causas son secretas excepto para las partes. Al ser Víctor Díaz la única persona que ese día se llevó del juzgado una copia del vídeo con aquellas comparecencias, se le ha situado como principal sospechoso de la filtración y la divulgación. En el juzgado solo existe una diligencia entregando ese vídeo ese mismo día, y la persona que lo solicitó y se lo llevó es Víctor Díaz. El resto de las partes obtuvo sus copias tres días más tarde.

Víctor Díaz no ha respondido a los distintos requerimientos por teléfono y correo electrónico de este periódico para aportar su versión sobre los hechos.

Una declaración muy valiosa

Los hermanos Díaz eran unos de los interesados en que se conociera lo que allí ocurrió aquel día. Especialmente por la declaración que prestó el exconconcejal socialista lagunero Javier Abreu, quien precisamente a preguntas muy precisas del letrado Víctor Díaz, acusó al denunciante de esa causa, el actual concejal Santiago Pérez, de haberle enviado emisarios que le indicaron que se “portara bien” en su testimonio ante la jueza y las partes personadas en el caso Reparos.

Siempre a preguntas del abogado del último alcalde de CC en La Laguna, Abreu se explayó con insinuaciones contra el denunciante de la trama, como que se reunió con frecuencia con el interventor municipal antes de interponer la denuncia que ha conducido a que se investigue no sólo a José Alberto Díaz, sino también a otros concejales y concejalas nacionalistas y al también exalcalde y luego presidente de Canarias Fernando Clavijo.

Las afirmaciones de Abreu condujeron a la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, presente en el interrogatorio, a solicitar a la jueza instructora la deducción de testimonio, es decir, la derivación hacia la apertura de una pieza de investigación concreta por si las acusaciones contra el denunciante pudieran tener entidad suficiente como para acusarle de un delito contra la administración de la justicia.

Tanto Santiago Pérez, de Avante La Laguna, como Rubens Ascanio, de Unidas se Puede, denunciaron en 2018 la existencia de más de 140 contratos de servicios prorrogados en el Ayuntamiento de La Laguna sin ningún título jurídico que lo amparara y en contra del criterio del interventor, que planteó reparos. Tanto los exalcaldes Clavijo y Díaz, como otros concejales, incluido Javier Abreu durante los días en los que ejerció de alcalde en funciones, levantaron esos reparos otorgando más tiempo de duración a esos contratos, algunos de ellos millonarios, y en ocasiones triplicando el tiempo de las concesiones ya vencidas y varias veces prorrogadas.

La condición de aforado de Fernando Clavijo, que fue designado por el Parlamento senador por la Comunidad Autónoma cuando estaba inmerso en otra causa penal, el caso Grúas, ha obligado a la jueza a abrir una pieza separada con ese solo investigado, para elaborar una exposición razonada que deberá elevar al Tribunal Supremo en el caso de encontrar indicios de delito en la actuación del expresidente regional.

Todos los investigados que han acudido a declarar se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de las partes, excepto Javier Abreu, que no tuvo reparos en contestar a todo lo que se le cuestionó. Su testimonio sirvió a Coalición Canaria y a sus medios de comunicación afines para intentar demostrar que el caso Reparos es un montaje contra líderes del partido.