La reapertura de la mina de Reocín podría afectar a la “estabilidad” de Altamira

El profesor y doctor en Geología y Biología Enrique Francés ha advertido de que reabrir la mina de Reocín podría afectar a la “estabilidad” de la cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad, porque el proyecto minero planteado con un sistema de galerías tendría impacto sobre el acuífero de Santillana del Mar.

“Altamira está a punto de desplomarse y poner una galería por debajo y que afecta a un acuífero podría acabar definitivamente con ella”, ha dicho este jueves este especialista durante su comparecencia en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento que tramitará la proposición de ley de PSOE y PRC para modificar la Ley del Suelo para regular la actividad extractiva en el subsuelo.

Además de cuestionar la rentabilidad de la explotación y la tramitación por vía de urgencia de la modificación, Francés ha evidenciado que la cueva de Altamira se encuentra en “una situación de equilibrio muy delicada” y, tras recordar que hasta las vibraciones de los camiones afectan a la cavidad, ha evidenciado el impacto que tendría “la perforación de galerías de la mina”.

“La instalación de la mina no le va a sentar nada bien a la cueva de Altamira”, ha enfatizado y ha destacado que, de llevarse a cabo el proyecto que “prevé un respiradero en las inmediaciones” del recinto, “serían necesarios estudios muy detallados para analizar la situación del riesgo real existente para el complejo”.

Esta posible afección a la cueva de Altamira, que sería “altamente probable” según le han trasladado los investigadores de la Universidad de Cantabria, se debería a la “interrelación con el acuífero de Santillana” de la explotación de la mina de Reocín, que es uno de los más importantes de la comunidad.

Esta circunstancia es “muy importante” a tener en cuenta, más cuando, según Francés, “la rentabilidad de la explotación no está nada clara”. Según ha dicho, las reservas de mineral estimadas existentes en la zona ascienden a unos 20 millones de toneladas pero, de metal, es decir, de zinc, son de entre una y dos toneladas. “Estos son los datos reales”, ha enfatizado, al tiempo que ha indicado que los beneficios serán variables ya que el precio del zinc es “muy fluctuante”.

De hecho, ha lanzado una pregunta: “¿habría abandonada AZSA la explotación de la mina de Reocín si hubiese sido rentable?”. Además, a su juicio, el proyecto anunciado mediante un sistema de galerías que, de llevarse a cabo, se encontrará con “formidables problemas” relacionados principalmente con el acuífero, con “efectos importantes a corto y medio plazo”.

No se permitirá ninguna afección a Altamira

Ante estas advertencias, los representantes de PSOE, PRC, PP y Cs han estado de acuerdo en la necesaria protección de Altamira, en la que no se permitirá ningún tipo de afección, así como que la rentabilidad de la posible reapertura de la mina no ha de ser preocupación de los grupos sino de la empresa que opte a explotarla si la hubiese. “Con esta modificación no se está legislando para ninguna empresa”, ha añadido el regionalista Pedro Hernando.

En cualquier caso, estos grupos han asegurado que no se permitirá “ningún daño” a la cueva de Altamira, que es “uno de nuestros mayores tesoros”, ni tampoco a la biodiversidad medioambiental de la región, evidenciando todos ellos que con esta modificación se trata de legislar sobre la actividad extractiva y no omitir otras legislaciones.

Frente a estas consideraciones, Podemos, grupo que ha solicitado tanto la comparecencia de Francés como la del abogado Juan Mantilla el pasado lunes para opinar sobre esta modificación de la Ley del Suelo, ha mostrado su preocupación ante esas posibles afecciones advertidas por el experto en Geología, según ha manifestado la diputada Verónica Ordóñez.

Entre otras posibles consecuencias de la modificación, este experto ha considerado que restará autonomía a los ayuntamientos que, hasta ahora, tenían la decisión final de permitir o no una actividad minera en su territorio y que “ahora no tendrán la posibilidad de rechazar si así lo decide el Gobierno”.

“Esto significa allanar el camino a cualquier empresa que quiera explotar nuestro subsuelo, saltándose la autonomía municipal y, por supuesto, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, que serán los que se verán más directamente afectados por las labores mineras”, ha indicado.

En este punto, Hernando (PRC) le ha pedido “rigor” porque la modificación “no limitará sino que influenciará” en las decisiones de los ayuntamientos pero igual que lo hace el Plan de Ordenación del Litoral (POL), el Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) o el futuro PROT.

“Innecesaria” tramitación de urgencia

Por otro lado, Francés ha considerado “innecesaria” la tramitación por la vía de urgencia de la modificación de la Ley del Suelo regional para regular la minería, porque sentará “un precedente peligroso”, y ha advertido además que, de aprobarse, afectará todo el territorio de la comunidad con efectos “negativos e irreversibles”.

Ha señalado que no está en contra de la minería, de hecho ha considerado que “Cantabria posee numerosos recursos mineros que pueden y deben ser explotados” pero, para ello, ha abogado por la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Mineros pero éste debe enmarcarse en el Plan Regional de Ordenación del Territorio, que “aún no tenemos por falta de voluntad política”.

En cualquier caso, ha evidenciado que las actividades mineras y extractivas son “las más impactantes para el territorio” por lo que ha exigido que, de abrirse la mina, se aplique “rigurosamente” la legislación y se realicen evaluaciones de impacto ambiental “exigentes” para salvaguardar los valores ambientales de nuestro territorio.

Así, ha advertido de la influencia que tendrá esa modificación de la Ley del Suelo para regular la minería en el PROT actualmente en fase de elaboración y que se verá “condicionado de forma determinante”. Y es que la modificación afectará a todo el territorio regional, por lo que “su alcance es enorme y sus posibles efectos negativos pueden tener un impacto negativo grave e irreversible”, ha dicho.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo aplicar el “sagrado principio de precaución ante cualquier modificación sustancial de la Ley del Suelo”, y ha criticado que se utilice el “innecesario” procedimiento de urgencia para regular la minería, porque “sienta un precedente peligroso”. “Se está legislando para todo el territorio a la medida de los intereses concretos de un determinado proyecto”, ha dicho.

Por otro lado, ha advertido de que la modificación “supone un grave riesgo de desprotección a la biodiversidad” y supedita la protección de la Red Natura 2000, avisando de que se “puede incurrir en fraude de Ley”. A este respecto, los portavoces de PSOE y PRC, Silvia Abascal y Pedro Hernando, han pedido al compareciente que “lea el proyecto de Ley” porque “está muy equivocado” y su advertencia “no es correcta”.

Mientras Abascal ha reivindicado la apuesta del PSOE por la protección del medio ambiente cuya protección es “una prioridad” ante cualquier proyecto. “Lo que hacemos aquí es legislar para regular la minería en la comunidad pero en ningún caso omitiendo el resto de la legislación”, ha dicho.

Hernando ha enfatizado que todos los grupos de la Cámara defienden la aplicación “rigurosa” de la legislación medioambiental, que se aplica para cualquier proyecto y “no sólo a los mineros”. “Cualquier empresa que quiera hacer una explotación en Cantabria lo hará cumpliendo la legislación”, ha añadido.

En la misma línea se han pronunciado el diputado 'popular' José Manuel Igual y el del Cs Juan Ramón Carrancio, que se han mostrado seguros de la protección ambiental de los valores territoriales ante lo que, además, han asegurado que “los grupos estarán vigilantes” de que se tomen “todas las cautelas ambientales”.