El alcalde de Alcázar afirma que la resolución de las aguas se refiere sólo a formalidades
Ante la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que paraliza la adjudicación de la empresa municipal que gestiona las aguas de Alcázar de San Juan, el alcalde de la localidad, Diego Ortega, ha ofrecido una rueda de prensa en Ciudad Real, en la que ha recalcado que la resolución carece de carácter legislativo, siendo realmente un documento administrativo. Así, ha insistido en que el cambio de gestión significaría una mejora para el servicio y que daría viabilidad a una empresa que, tal como anuncia Ortega, el exalcalde socialista de la localidad ya había reconocido estar en quiebra. Ha señalado también que si se “hace caso a las pretensiones del PSOE”, los 30 vecinos que trabajan en la empresa, cuyos puestos de empleo se mantendrían con la adjudicación a Aqualia según el Gobierno Municipal, “podrían quedarse en la calle”. No ha dejado de señalar a Sánchez Bódalo, como una “falta de legitimación” del PSOE, al mantenerlo como concejal y vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real.
En el mismo evento, el portavoz adjunto del Partido Popular de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Rodríguez no ha hecho declaraciones respecto al agua, excepto al recalcar también que el Tribunal de Recursos Contractuales carece de función jurisdiccional, pero si ha criticado las actuaciones de Emiliano García Page, secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, y de Rosa Melchor, representante socialista en el Gobierno Municipal de Alcázar. Ha señalado que el PSOE no puede hablar de “calmar las aguas”, cuando “son ellos los que están enredando y propiciando el clima de enfrentamiento en Alcázar”. Rodríguez ha afirmado también que la rueda de prensa en Toledo de Melchor ha sido “una bofetada a Page, que tiene privatizado casi todo en su Ayuntamiento, sobre todo la gestión del agua”.
Por su parte, Rosa Melchor ha hecho un llamado al alcalde de Alcázar a parar el proceso de privatización y a cesar a los responsables directos del problema, y a negociar el futuro de la empresa Aguas de Alcázar para que siga siendo una empresa pública y viable. Mientras ha recalcado la satisfacción de la gran mayoría de los ciudadanos por la anulación de la privatización de la gestión del agua, ha afirmado que la sentencia supone un ‘varapalo’ a la política de los dirigentes del Partido Popular en la región. Melchor ha acusado a Ortega de querer “hacer méritos ante Cospedal”, al querer seguir adelante con el proceso de privatización. La socialista ha señalado también que tendrá en contra a los 11.000 vecinos que firmaron contra este proceso y a los cerca de 8.000 ciudadanos que participaron en el evento de la Consulta Ciudadana, puesta en marcha por la Plataforma Contra la Privatización de las Aguas.
