La Junta inicia las consultas del decreto de ayudas sociales para quienes no accedan al Ingreso Mínimo Vital

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha la consulta pública previa sobre el proyecto de decreto que ordenará las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales para personas en situación de dificultad económica y social, con el objetivo de adaptarlas a la implantación del Ingreso Mínimo Vital. Este trámite se produce después de la polémica generada por la supresión parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la ‘renta mínima’ autonómica, para evitar duplicidades con la ayuda estatal

El Ejecutivo autonómico recuerda en primer término que la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de 2010 regula la apuesta por la universalidad, la equidad y la igualdad en el acceso de todas las personas a los servicios sociales y reconoce sus derechos en relación al sistema público de servicios sociales.

Explica asimismo la aprobación del Real Decreto ley del pasado mes de mayo mediante el que se dio luz verde al Ingreso Mínimo Vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

A este respecto, argumenta que la ayuda estatal se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. “A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias y forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva”.

Por todo ello, el Gobierno castellanomanchego considera necesario ordenar las prestaciones económicas de la Consejería de Bienestar Social para ajustarlas a la regulación del Ingreso Mínimo Vital, “con el fin de dar protección a aquellas personas que quedan fuera de su cobertura”.