El juzgado admite una querella contra el ex-alcalde de Toledo, José Manuel Molina
El que fuera ex-alcalde de Toledo, José Manuel Molina, imputado por la Audiencia Nacional dentro de la pieza separada de los llamados 'papeles de Bárcenas' por la concesión de un contrato público a cambio de la supuesta 'mordida' de 200.000 euros que recibió el Partido Popular para pagar la campaña electoral de 2007 de Cospedal, se enfrenta a un nuevo juicio. El próximo 19 de enero se abrirán las diligencias de investigación sobre una nuevo caso sobre el ex-alcalde.
Ahora Molina se enfrenta a falsedad en documento público. El caso se refiere a una querella que ha presentado su cuñado y se refiere a que Molina en 2011 habría falsificado una firma para desviar una subvención de la Junta de 257.000 euros a una cuenta bancaria distinta de la acordada y perteneciente a una empresa familiar de fertilizantes y semillas.
La querella ha sido puesta por su cuñado y se ha admitido a trámite, ya que esa persona es a la que perjudicó con el cambio de cuenta a la que se ingresó el dinero de la subvención. La investigación la ejecutará el juzgado número 2 de Toledo.
Son hechos separados de la pieza de los 'papeles de Bárcenas' y ya cuando el acusado había dejado el cargo de primer edil municipal de Toledo. La presunta falsificación de su firma habría hecho que la empresa familiar de semillas y fertilizantes se llevara una subvención que habría ingresado su cuñado. A su vez el no ingreso de ese dinero llevó a que el banco Santander ejecutara un préstamo sobre la empresa del cuñado de Molina por los perjuicios que le conllevó el cambio de cuenta a la que se ingresó el dinero.
El 24 de noviembre Molina declaró en la Audiencia Nacional como imputado por el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Tras su declaración, el juez Pablo Ruz ha mantenido la imputación de Molina en ese caso. Molina era alcalde de Toledo cuando se aprobó una modificación del contrato de basuras municipal que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, imputado en este caso por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
