CCOO afirma que los servicios jurídicos de la Junta revisarán el nuevo concierto social de menores en acogida

La Consejería de Bienestar Social se ha mostrado dispuesta a que la orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales vuelva a pasar por sus servicios jurídicos, a fin de enmendar varias cuestiones.

Así lo han asegurado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero, que, acompañados del secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, han convocado a los medios de comunicación a la puerta de la Consejería de Bienestar Social, tras reunirse con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y con la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.

“Esperamos que más pronto que tarde tengamos comunicación de la propia consejera diciendo que, efectivamente, saldrá una modificación, se recogerá en la propia orden y no nos veamos obligados a movilizar al sector porque sería el camino y la puerta que nos llevaría”, ha indicado Delgado.

Mientras, Antonio Romero ha vuelto a incidir en que la orden, publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no solo no recoge la aplicación de un convenio colectivo sectorial -en concreto, el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores-, sino que además, no incluye cláusulas de revisión de precios para aplicar las subidas salariales a futuro.

Trabajadores “indefensos”

“Esto deja a los trabajadores, en su mayoría mujeres porque es un sector muy feminizado, en una situación de indefensión ya que la Administración, al no hacer referencia a ese convenio, que es el único que tiene la aplicación de regular la subrogación de los trabajadores, al no venir ese convenio ni esa cláusula de subrogación, está dejando en defensa a los trabajadores ya que las empresas podrían no subrogar”. Y es que Romero ha criticado que el departamento que dirige Bárbara García Torijano incluyese en la Orden estas cuestiones, sin haber informado a las partes.

“Al publicarse la Orden del Concierto, junto con la convocatoria, se salta la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública. Lo único que nos quedaría hacer sería un recurso especial ante la Consejera y, si no hay rectificación, tendríamos que ir a un contencioso-administrativo. Pero no es la fórmula para solucionar esta situación, porque nos abocaría a una resolución judicial dentro de cuatro o cinco años”, ha explicado el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, que también ha amenazado con movilizaciones, si el Ejecutivo regional no rectifica la orden ni garantiza los empleos ni las condiciones laborales.

Tras preguntar si la Consejería tiene alguna “razón política” para no incluir en dicho concierto la referencia al convenio colectivo del sector que, según ha precisado, es una ley de obligado cumplimiento para los trabajadores y para las empresas afectadas, ha arremetido contra la consejera.

“Lamento muchísimo que la consejera tenga ese grado supino de insensibilidad para con los trabajadores que prestan un servicio público en una empresa. Esas ONG, insisto, con las que no quiero ser especialmente cruel, son empresas mercantiles que prestan un servicio y que tienen una serie de responsabilidades”, ha vuelto a criticar.

La Mesa del Tercer Sector apoya las críticas

Por su parte, la Mesa del Tercer Sector se ha unido a CCOO en su petición. “Estamos en la misma línea de lo que reivindica CCOO”, ha asegurado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado haber conocido alguno de los puntos de dicho concierto tras publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que recoge el pliego de condiciones.

Según Romero, desde las entidades prestatarias de estos servicios discrepan de que los salarios de sus trabajadores se tengan que actualizar en la misma proporción que las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Una vez que se revisan los precios plaza, el coste de los salarios tiene que estar ajustado con base en el convenio colectivo de referencia. Coincidimos con las exigencias de Comisiones Obreras, porque así se recoge en otros conciertos sociales, como puede ser el de Extremadura, Murcia, Andalucía, o en la propia Ley de Servicios Sociales de Cantabria”, apunta.

En este sentido, según ha indicado el representante de la Mesa del Tercer Sector, las entidades también muestran inquietud por la partida económica que sustenta dicho concierto, más de 106 millones de euros para el período 2024-2029 prorrogable hasta un máximo de 10 años. Dudan de que con ese presupuesto vayan a poder hacer frente a los incrementos salariales que tendrán que aplicar en virtud del nuevo convenio colectivo del sector, que va a entrar en vigor dentro de nada.

“Por ejemplo, si la Administración regional sube un 2% los costes del personal público, pero el convenio colectivo establece que hay que subir un 4% a estos trabajadores, hay una diferencia de un 2% que tendrán que cubrir las entidades”, ha alertado Romero, que se muestra confiado en que el Gobierno regional modifique estas cuestiones de la orden antes de que entre en vigor el 1 de noviembre, en los Centros de Primera Acogida y Valoración, y el 1 de enero de 2025 en el resto de los hogares y centros.