La Fiscalía investiga el aval del Govern a los encausados por el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía investiga el aval que ha prestado el Govern a los dirigentes y funcionarios encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. En un decreto, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, admite la denuncia de Ciudadanos y acuerda abrir diligencias de investigación sobre el préstamo del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones impuesta por el ente fiscalizador.

En su escrito, Bañeres no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al Ministerio Público a abrir diligencias “cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal”. En este caso ha sido la denuncia de Ciudadanos, que la semana pasada acusó al Govern de realizar una “operación fraudulenta” con la creación del fondo del ICF para avalar a los altos cargos encausados, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas–Colell y Raül Romeva.

El aval del Govern corre el riesgo de tener consecuencias penales además de las políticas que ya ha provocado, con la crisis de la semana pasada entre ERC y Junts y la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno del ICF. Por ahora, la denuncia de Ciudadanos se investigará en la Fiscalía Provincial de Barcelona, que será la encargada de practicar las diligencias necesarias para aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF –que no son aforados como los consellers– cometieron algún delito en la concesión de los avales.

El caso podría no acabar aquí y dar un salto en las próximas semanas. En su decreto, el fiscal superior Bañeres deja fuera de la investigación a los máximos responsables de la Generalitat, el president, Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. El motivo es que los tres ya han sido denunciados ante la autoridad judicial, lo que veda una investigación de la Fiscalía. Se trata de las denuncias de Vox y de la entidad Convivencia Cívica Catalana –esta última todavía pendiente de registro– ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), cuya admisión todavía está pendiente de debatir por parte de los magistrados.

Sin embargo, la Fiscalía deberá posicionarse en las próximas semanas ante el TSJC sobre si apoya investigar al president, el conseller y a la consellera antes de que el alto tribunal catalán decida si les abre una investigación. Según fuentes jurídicas, el TSJC está a la espera de que el partido de extrema derecha corrija un defecto administrativo en la denuncia que presentó, tras lo que designará a un magistrado ponente que preguntará a la Fiscalía si ve indicios de delito que motiven abrir una investigación contra Aragonès y los dos consellers.

En paralelo a la investigación de la Fiscalía de Barcelona y a lo que decida el TSJC sobre las denuncias presentadas, el Tribunal de Cuentas pidió este martes un informe “a la mayor brevedad posible” a la Abogacía del Estado “ante las dudas sobre suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF). El dictamen de los servicios jurídicos del Estado sobre el aval del ICF se sumará al que antes de este jueves debe emitir el Consell de Garànties Estatutàries (CGR), el denominado 'Constitucional catalán', a petición del PSC, PP y Ciudadanos.

En el terreno político, la oposición insiste en pedir explicaciones al Govern por las primeras tiranteces entre ERC y Junts en el Ejecutivo de Pere Aragonès que ha provocado el aval del ICF. La crisis ha puesto en la picota a los representantes políticos del Govern en la Junta del ICF así como al conseller de Economía, Jaume Giró, uno de los fichajes de Junts para el Govern que ahora se enfrentará a una ofensiva parlamentaria de la oposición y puede llegar a tener que afrontar una causa penal.

Giró ha defendido este jueves que el decreto de la Generalitat que permite al ICF avalar las fianzas de los exaltos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas “es impecable jurídicamente” y “será muy difícil que alguien diga lo contrario”, además de mostrarse convencido de su “total y absoluta solidez jurídica”.

De los 34 exaltos cargos, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a los que el Tribunal de Cuentas exigió una fianza conjunta de 5,4 millones de euros, cinco descartaron recurrir al fondo creado por el Govern y optaron por intentar pagar las sumas reclamadas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal. Sin embargo, según indican desde el Tribunal de Cuentas, hay dos encausados que no han formalizado la fianza, por lo que se procederá al embargo de sus bienes.