Cuando la violencia vuelve a empezar con la denuncia

La revictimitzación en los casos de violencia machista, también llamada victimización secundaria, ha llevado a verter mucha tinta sobre cómo las instituciones y los operadores jurídicos (abogacía, funcionariado, policías…) no conseguimos realizar de manera óptima nuestro trabajo. En muchas ocasiones no evitamos que durante los procesos judiciales, incluso en los pasos previos a la denuncia, se inflija más dolor a las mujeres que ya son víctima de violencia. La revictimización suele someter a la víctima a repetir en distintas ocasiones las violencias que ha sufrido, mientras se le hacen preguntas en forma o fondo que cuestionan sus vivencias, como en los casos de Juana Rivas o la Manada.

Estas situaciones se pueden producir desde el inicio del proceso hasta el juicio. Desde el personal sanitario, que es el que levanta el parte médico y lo remite al juzgado, hasta los cuerpos policiales, que reciben la denuncia, algunos sin poder ofrecer siempre atención especializada, llegando también dentro del juzgado por parte de funcionarios y abogados. En toda esta cadena institucional se puede someter a las víctimas de violencia machista al cuestionamiento de su relato, a ahondar en su dolor de un modo innecesario, a insistir en aspectos de su persona que nada aportan a la causa.

Sin embargo, en la actualidad, tal y como detectó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 2017, ya no es solo la revictimización, sino que en muchos casos los agresores han encontrado en la institución el último refugio para seguir con la victimización. Si bien hace mucho del inicio de tal dinámica de estrategia jurídica perversa, este hecho se visibilizó con el caso de Juana Rivas, que paradójicamente ha acabado condenada por llevarse a sus hijos aun habiendo interpuesto una denuncia que nunca se llegó a tramitar. Pero antes de Juana Rivas hubo muchas otras juanas.

Aunque la propia administración detectó la dinámica de denuncias cruzadas, como en el caso de Juana Rivas, con las que los agresores intentan conseguir impunidad o que ambos sean condenados por igual, no se hizo nada más que recomendar a los jueces el estudio a fondo de los casos de denuncias cruzadas en los casos de violencia machista. Así los agresores han encontrado en la administración un sistema que aún no se ha adaptado suficientemente a la evolución de las violencias; coincidiendo, además, con la falta de recursos estructurales a los juzgados que impiden que la justicia sea suficientemente rápida para evitar una escalada de violencia.

Más allá de la llamada victimización secundaria, inherente al tratamiento jurídico, policial y sanitario, encontramos un estadio superior: la violencia institucional. De modo que ya no hablamos de una violencia inherente al cuestionamiento en todas las acusaciones sino de una violencia autónoma. Seguramente porque la sensibilidad con respecto a las cuestiones de género ha experimentado un considerable aumento en la sociedad y se han mediatizado distintos procesos judiciales que han sido cuestionados des del ámbito civil y los movimientos de mujeres y feministas. Es por eso que deshacer la violencia institucional costará mucho más que eliminar la victimización secundaria. La mayoría de operadores jurídicos ni siquiera la detectan, pero sí lo hacen las supervivientes. No son la excepción las que describen procesos de cristalización de la violencia sufrida o de todos los estigmas y estereotipos respeto las víctimas. Muchas de ellas refieren que el proceso judicial ha sido casi peor que la agresión que les motivó a denunciar. Por eso mismo algunas mujeres acaban retirando las denuncias interpuestas y otras deciden irse, como última escapatoria para garantizar su seguridad.

A pesar de todo, ni el Consejo General del Poder Judicial ni ninguna otra institución están trabajando en la línea de evitar esta violencia institucional. No se compatibilizan las denuncias falsas de los agresores contra la víctimas, ni tampoco las denuncias cruzadas, ni las relacionadas con los derechos de la propia imagen, al honor o de otro tipo que los mismos interponen como mecanismo para seguir agrediendo. De la misma manera, hace falta una profunda revisión del sistema respeto las mujeres que habían denunciado y aún así, son asesinadas. Otro punto especialmente delicado son las denegaciones de órdenes de protección en violencias machistas, especialmente en casos de violencia sexual. Esta denegación sistemática que, en algunos casos, como en Barcelona rondan al 80% o Madrid, el 60% impiden que las víctimas puedan persistir con garantías el proceso penal.

Para ser justas, cabe apuntar que esta violencia no se perpetra solo dentro de los juzgados sino que afecta casi todos los ámbitos procesionales de intervención: la falta de recursos públicos, pisos de protección, profesionales formados -no sólo jurídicamente sino también en perspectiva de género y victimología- la ausencia de una justicia de carácter interseccional, las denuncias no admitidas ya en comisaría…

Porque como hace un par de meses recordaba la hija de Ana Orantes en una carta, le gustaría decirle a su madre que la Ley que ella inspiró ha hecho cambiar la sociedad pero no es así. Tenemos la responsabilidad de cambiar un sistema que pide a las víctimas que denuncien pero que una vez lo han hecho, no reciben la ayuda que les ha sido prometida. Por eso, el 8 de marzo debe ser una jornada de culminación de una gesta diaria por los Derechos.