Un joven colombiano denuncia una factura de 4.630 euros del Hospital Clínic por una operación en Urgencias

A Juan Felipe le sorprendió que le llegara una factura de 3.334 euros por la operación de urgencias que le hicieron por una hernia discal, pero acudió a pagarla igualmente. No quería buscarse problemas. Llegado a España en agosto para estudiar un máster, este joven colombiano desconocía que los centros de salud, según la legislación catalana, no pueden cobrar la asistencia a los pacientes extranjeros si estos declaran que no tienen suficientes recursos para pagar. “En ningún caso me dieron esa opción, por eso sin saberlo empecé a pagar la factura”, comenta Juan Felipe sobre su paso por el Hospital Clínic de Barcelona.

Juan Felipe, que cuenta con el apoyo de las entidades locales por el derecho a la sanidad universal, ha puesto esta semana un recurso en el hospital para que le retiren la factura y le devuelvan los 1.500 euros que ya ha pagado en dos mensualidades.

Fuentes del centro sanitario, sin embargo, alegan que si no facilitaron a este joven la declaración responsable –el documento para acreditar que no puedes pagar– fue porque acudió a Urgencias con un seguro privado y porque en su visado para venir a España tuvo que justificar suficiencia económica. Es decir, que no venía a Barcelona a estudiar sin dinero.

A lo primero, Juan Felipe responde que su seguro se desentendió de asumir el coste de la operación argumentando que su dolencia era “preexistente”, algo que tanto el paciente como el hospital rechazan. A lo segundo, argumenta que si bien tenía ahorros para financiar un máster y un alojamiento durante un año en Barcelona, no los tenía para asumir una factura extra que ha acabado siendo de 4.630 euros, puesto que al importe inicial le acabaron sumando 319 euros por cada día de hospitalización. “He tenido que pedir dinero a mi familia”, lamenta.

La aseguradora se desentiende... y el hospital también

Juan Felipe ingresó en las Urgencias del Clínic el 19 de octubre de 2017, después de sufrir dolores lumbares intermitentes durante quince días. La primera vez que le atacó el dolor fue jugando en la playa de la Barceloneta, pero no le dio importancia. Semanas después, se dio cuenta de que estaba perdiendo sensibilidad en las piernas, con lo que contactó con la aseguradora de salud que había contratado para viajar a España, Celta Assistance SL. Estos, recuerda, le dijeron que acudiera al Clínic. No contaba con tarjeta sanitaria, pero sí estaba empadronado ya en Barcelona.

“Aquel día ya no salí de Urgencias, me dijeron que tenía una hernia bastante voluminosa, que era imperativo operarme, y eso hicieron al día siguiente”, relata. Al darle el alta cuatro días después, fue cuando el seguro Celta Assistance le comunicó que no asumiría la factura. El joven pensó que esto era algo que debía resolverse entre el seguro y el centro de salud, pero meses después, el 19 de enero, le llegó la mencionada factura, con todo detalle de los costes de su paso por Urgencias, desde la cirurgía (2.880 euros) hasta medicamentos como el Pantoprazol (3,50 euros).

Al principio no se planteó que podía alegar falta de recursos para hacer frente a la factura, por lo que pactó con el hospital que la abonaría con seis mensualidades de 770 euros, pero al cabo de unos meses entró en contacto con la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT). Estos le explicaron que la legislación catalana garantiza que todas las personas tienen la asistencia en urgencias cubierta, incluso los extranjeros sin papeles, siempre que hagan la citada declaración de falta de ingresos, tal como consta en la ley 9/2017 de asistencia sanitaria universal y en anteriores resoluciones del Servei Català de la Salut.

Desde el hospital se muestran convencidos de que su actuación se ajusta a la normativa, puesto que Juan Felipe declaró tener recursos para obtener su visado, y añaden que cuando el paciente cuenta con seguro privado debe ser este el que asuma la factura. El centro defiende que este debe ser un asunto a resolver entre el paciente y el seguro, mientras que Juan Felipe asegura que es entre el hospital y el seguro que deben aclarar quien acaba pagando su operación.

Para la PASUCAT, lo que hay es una mala praxis del hospital. “Lo que no puede hacer el hospital es asumir que esta persona tiene dinero y no informarle de sus opciones, puesto que Juan Felipe pudo haber salido hace meses de Colombia con recursos y ahora, por los motivos que sean y que no son de la incumbencia del hospital, haberse quedado sin ellos”, alega su portavoz Carlos Losana.

La ley 9/2017 establece que “las personas que residen en Catalunya tienen derecho por ley a la cobertura sanitaria”, recuerda Losana en referencia a la ley 9/2017, y añade que si el seguro privado no se hace cargo de la hospitalización, lo que no se puede hacer es enviar la factura al paciente sin comprobar antes si puede pagarlo. “Es que si no, no estamos cumpliendo con el principio de asistencia sanitaria universal”, añade.

“Casos como el de Juan Felipe pueden ocurrir sin que sepamos con qué frecuencia, porque muchas personas no conocen sus derechos y los hospitales a veces no les informan sobre ellos”, denuncia Losana. Esta y otras entidades que defienden una atención sanitaria universal piden a la Generalitat que elabore protocolos concretos en los que se detalle cómo los centros de salud deben comunicar a los afectados que tienen derecho a hacer declaraciones responsables conforme no pueden asumir el coste de las urgencias. “El Servei Català de la Salut ha hecho la ley que protege a los extranjeros sin recursos, pero no los esfuerzos suficientes para que los hospitales la apliquen”, sentencia este activista.

Fuentes del Clínic, sin embargo, aseguran que siempre facilitan el formulario de declaración responsable cuando la persona no tiene recursos económicos.

La ley de asistencia universal, al Constitucional

Catalunya, como otras muchas comunidades autónomas, respondió al decreto aprobado en 2012 por el PP, que limitaba el acceso a la sanidad de ciertos colectivos como los inmigrantes sin papeles, con el despliegue de normativa propia para darles cobertura. La última y más importante fue el pasado junio la ley 9/2017 de la universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, uno de los proyectos estrella del conseller Toni Comín antes de ser cesado por el 155.

Esta se encuentra ahora bajo análisis del Tribunal Constitucional, como ha sucedido con legislaciones parecidas de otras comunidades autónomas que trataban de blindar la asistencia universal. Las perspectivas no son favorables a los intereses de la Generalitat: el Alto Tribunal ha tumbado las normativas antes aprobadas por la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Extremadura y Navarra.

Desde la Generalitat se muestran convencidos que en la actualidad se cumple con el principio de asistencia sanitaria universal en Catalunya, y así lo reivindicaron sin ir más lejos este viernes en un acto del Día Mundial de la Salud, pero entidades como la PASUCAT denuncian todavía rendijas por las que algunos, como Juan Felipe, se pueden quedar fuera.