El juez pide a la Policía Nacional “aclarar” por qué agentes del 1-O se emplazaron a hablar por un medio alternativo al oficial
“Me llama al otro medio”. Estas palabras de un antidisturbios, recogidas en las comunicaciones internas de radio de la Policía Nacional el 1-O en Barcelona, han llevado al juez que investiga las cargas del referéndum en la capital catalana a preguntarse si los agentes se comunicaron ese día mediante un canal alternativo al oficial. De ahí que el instructor haya requerido al jefe de la Brigada Provincial de Información de la Policía de Barcelona para que “aclare el medio alternativo, el otro medio de comunicación al que hacen referencia las comunicaciones” entre agentes enviadas al juzgado.
Esta petición forma parte de una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que el instructor reclama más información al Cuerpo Nacional de Policía y al Ministerio del Interior sobre el dispositivo del 1-O en la capital catalana. En concreto, sobre cómo se transmitieron las órdenes a los agentes sobre el terreno desde el centro de mando. Y lo hace además con un aviso a navegantes, ya que la providencia se ha dictado con una mención expresa a “los apercibimientos legales pertinentes en caso de incumplimiento” de las diligencias solicitadas a la Policía y al Ministerio.
Los heridos personados en la causa y la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona solicitaron el pasado mes de julio al juez que reclamara las comunicaciones “por todos los medios” entre mandos policiales y agentes del 1-O. Lo hicieron después de escuchar las centenares de horas de comunicaciones por radio que la Policía aportó al juzgado. En varias comunicaciones, tal y como avanzó este diario, los agentes se emplazaban a hablar “por otro medio”.
Las acusaciones entienden que este “otro medio” puede ser una llamada de teléfono móvil u otro sistema distinto a la radio oficial que en cualquier caso no consta en el sumario de la causa, y por eso piden investigarlo. El juez ha accedido a la solicitud de las acusaciones, a la vez que ha pedido más detalles sobre la cadena de mando después de recibir un informe del exdirector de gabinete de coordinación y de la Secretaría de Estado de Seguridad y mando único del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, en el que indicó que no existían registros de comunicaciones entre los mandos el día del referéndum.
Pese a la respuesta de Pérez de los Cobos, el juez quiere seguir investigando y ha solicitado al Ministerio del Interior que aporte “todas las comunicaciones escritas y por audio” el 1-O entre el mando único y sus subordinados en el operativo, y que en concreto se haga referencia “tanto a las órdenes en general como a las específicas para la ciudad de Barcelona”. Además, el instructor reclama las comunicaciones de los mandos “en su totalidad, desde los jefes de los núcleos hasta el máximo superior jerárquico de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior que participaron en ejecución y diseño del operativo”, así como entre los mandos y los agentes sobre el terreno.
Fuentes conocedoras del dispositivo policial del 1-O explicaron a este diario que la coordinación del dispositivo de Pérez de los Cobos era de carácter estratégico y no operativo. Es decir, que la ejecución sobre el terreno para impedir el referéndum recaía en responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
En este sentido, la Policía aportó a la causa un informe en septiembre en el que indicó que no se dieron órdenes “específicas” a los agentes para intervenir en los puntos de votación y que la única orden que se dio fue la de impedir el referéndum, tal y como había mandado el TSJC, “aplicando los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia”. En la causa, hay 24 agentes imputados precisamente por no aplicar dichos principios, según el juez. Empezarán a declarar la semana que viene, mientras se ha archivado la investigación en una decena de colegios porque la intervención policial fue proporcionada o porque no se ha podido identificar a los agentes causantes de las lesiones a los votantes.
En la nueva batería de diligencias antes de tomar declaración a los agentes, el instructor ha reclamado por cuarta vez a la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior –el juez llega a usar el tiempo verbal “reitérese” en la providencia– para que remita un informe en el que determine los responsables y el criterio de elección de los diferentes centros de votación donde se llevaron a cabo las actuaciones policiales.
Sobre cómo se eligieron los centros en los que se intervino, cabe recordar que Pérez de los Cobos expuso en un informe el pasado mes de enero que la “prioridad” era intervenir durante las primeras horas de la mañana. Además, explicó que por la tarde los efectivos policiales se “replegaron” para proteger los edificios propiedad del Estado en Barcelona ante la previsión de que los votantes se concentraran ante ellos una vez finalizada la votación (algo que no ocurrió). Sobre los criterios de actuación, Pérez de los Cobos justificó la intervención directa de la Policía por la “ineficacia” de los Mossos d'Esquadra y por las “acciones de violencia directa” de los votantes contra los agentes.
Las acusaciones han recibido con satisfacción la nueva decisión del instructor. “El juez apunta al uso de un medio de comunicación que no es el oficial, y por lo tanto, no tiene cobertura legal, y ratifica la hipótesis en la que estamos trabajando: los mandos policiales del 1-O utilizaron un medio alternativo para dar órdenes y asegurar la impunidad de una intervención que sabían que podría generar heridos y tener consecuencias penales”, ha aseverado el teniente de alcaldía de Barcelona Jaume Asens. “Esperemos que esta vez sí el Ministerio del Interior responda aportando todos los medios de comunicación del dispositivo, tanto el oficial como el extraoficial”, ha indicado la letrada del centro Irídia Anaïs Franquesa, que representa a una veintena de heridos.
Actas de las reuniones previas
Por otro lado, el juez también ha requerido a la secretaría de Estado de Seguridad un informe sobre las actas de las reuniones de coordinación previas al referéndum del 28 y 29 de septiembre, donde consten sus asistentes y los cargos que ocupaban esos días. En esas reuniones, que presidió Pérez de los Cobos y que contaron con la presencia de los máximos responsables en Catalunya de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, teóricamente se pactaron una serie de pautas de actuación el 1-O, que sin embargo no se cumplieron en ningún momento. Cada cuerpo policial culpa al otro del desaguisado.
Sobre cómo se organizó el dispositivo, el juez ha instado a la secretaría de Estado para que remita “las informaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil comunicaron a través de la aplicación informática GESTOR”. Pérez de los Cobos impuso a todos los agentes –no sin protestas por parte de los Mossos– que se comunicaran mediante esta aplicación, donde cada cuerpo policial debía reportar las actuaciones que llevaba a cabo y los centros en los que se reclamaba apoyo de las otras policías.
El denominado GESTOR dio problemas desde primera: era muy lento porque obligaba a introducir los datos de cada centro en cada reporte, y después directamente comenzó a fallar. Los Mossos improvisaron un Excel para suplir la aplicación, pero el centro de coordinación de la policía catalana no tuvo acceso acceso a los reportes de Policía y Guardia Civil.
Respecto a la aplicación, el juez también quiere conocer “las informaciones recibidas por la célula de seguimiento de la provincia de Barcelona y la identidad de sus integrantes”. Y sobre el conjunto del operativo, ha reclamado un informe de valoración, resultados y conclusiones “elaborado por los órganos responsables de la actuación operativa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”.
