Llega la ‘prueba de fuego’ para cambiar la ley de “caza intensiva” que aprobó el PP

Si el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha saca adelante hoy la reforma de la polémica Ley de Caza que aprobó el Gobierno de María Dolores de Cospedal, finalmente esta normativa habrá estado vigente durante casi tres años. A comienzos de la actual legislatura, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, avisó de que la modificación de la ley, que se realiza para priorizar la caza social frente la intensiva, requeriría de “mucho trabajo y diálogo” entre todos los sectores implicados, insistiendo en que “beneficiará a todos”. Con ese objetivo cumplía, en principio, el texto que se remitió al Consejo de Gobierno. Concretamente, con el 90% de acuerdo, según el Gobierno regional. Pero durante el periodo de enmiendas en el Parlamento regional ha quedado patente que las posturas siguen muy enconadas, especialmente por parte de los cazadores. Tras la incorporación de algunas medidas durante la Comisión de Medio Ambiente, la Mesa de la Caza de Castilla-La Mancha ha emitido varios comunicados, todos contestados desde colectivos ecologistas, animalistas o de los agentes medioambientales.

Esta normativa incorpora, entre sus novedades, la obligatoriedad de que se realice una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentren en áreas naturales “sensibles”. Además, se recupera la prioridad del uso de caminos y montes para actividades como la micología frente a las acciones cinegéticas, y también se ha modificado el precepto que permite disparar a animales “asilvestrados” como perros y gatos. Se ha incorporado que estos últimos no tendrán consideración de piezas de caza pero podrán ser capturados, priorizando la “captura en vivo y con métodos no lesivos”.

Otras modificaciones son la recuperación de las áreas colectivas para sociedades de caza en los pueblos, de forma que se puedan implantar sin necesidad de desarrollo reglamentario, y eliminando trabas burocráticas. También se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural. Más novedades: la eliminación de prácticas no sostenibles como el lanceo del jabalí y la recuperación del uso de los senderos y caminos para particulares frente a la caza, para fomentar un “uso sostenible” de los montes.

Durante su tramitación parlamentaria, uno de los escollos principales lo ha puesto Podemos sobre la mesa. Este partido ha hecho girar el debate en torno a la edad mínima para cazar, pidiendo que pase de 14 a 16 años en Castilla-La Mancha, respaldado por Ecologistas en Acción. Ha apelado al “sentido común” y al hecho de que “un arma no es un juguete” para defender su postura. De hecho, suponía cuatro de las enmiendas que presentó al proyecto de Ley, aunque finalmente no fue respaldada ni por el PSOE ni por el PP. Estas propuestas, no obstante, quedaron vivas para el pleno de hoy.

La Asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha apoyado también esta argumentación. “Creemos que supone un acto de cobardía querer ampararse en una norma estatal para seguir permitiendo que niños de 14 años puedan empuñar armas y matar animales”, recalca este colectivo. Afirman que el Gobierno de Castilla-La Mancha sabe que tiene competencia para regular las condiciones de ejercicio de la caza, puesto que sí se aparta de la normativa estatal en otras cuestiones, tales como la regulación sobre la prohibición del uso del calibre 22.

Pero no esta no ha sido la única traba durante el trámite parlamentario. Otras de las enmiendas incorporadas refuerzan la autoridad de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha frente a los cazadores, una autoridad hasta ahora solo encomendada a la Guardia Civil. Esta modificación, que incluye que se les puedan decomisar las armas, ha sido muy criticada por el sector cinegético regional, por ver amenazada su actividad, pero se trata de una reivindicación histórica de los agentes dependientes de la Consejería frente a la “impotencia” con la que muchas veces se han encontrado en su defensa del medio natural.

Lo cierto es que esta misma semana, la Mesa regional de la Caza ha decidido rechazar “en su totalidad” la reforma. La consideran “ideológica”, sin consenso, rupturista con “todo principio de seguridad jurídica” y “forzada por los grupos anti-caza”. Las diferentes organizaciones que conforman el sector cinegético han vuelto a pedir a los grupos políticos que no aprueben el texto para “de nuevo trabajar en el desarrollo de un texto legislativo que ponga encima de la mesa los verdaderos problemas del sector cinegético en esta región”.

Consideran los cazadores que, mediante las enmiendas, PSOE y Podemos han “tirado por la borda todo el trabajo de dos años”, apuntando igualmente a los ecologistas. Y esgrimen como argumentos hechos como “poner en riesgo” la modalidad de esperas nocturnas a jabalí, “cuyos argumentos de la Consejería para avalar su continuidad no comparte ningún jurídico en España”; así como las “atribuciones excesivas” a los agentes medioambientales, la “sobreprotección de animales asilvestrados”, la prohibición de cazar en los parques eólicos o cerramientos interiores, el incremento de las sanciones o la obligatoriedad de descargar las armas cuando un cazador se encuentre a alguien a menos de 50 metros. Son algunos de los motivos por los que la Mesa Regional ha convocado a una manifestación el próximo 15 de abril en las cinco capitales de provincia.

La reacción del resto de colectivos no se ha hecho esperar. Los agentes medioambientales siguen defendiendo su autoridad frente a los cazadores, y la Plataforma contra la Ley de Caza se ha congratulado de que “se esté a punto de dar paso tan decisivo en la modificación de una norma que se elaboró a la medida de unos pocos y para favorecer un modelo de caza intensiva y comercial que daba la espalda a los derechos de los no cazadores, al bienestar animal y a la protección de la naturaleza”.

El régimen sancionador de la reforma es el mismo que el de 1993

Aunque más satisfechos, tampoco en este caso están de acuerdo con todo el contenido de la ley. Entienden desde esta plataforma que hay “una última posibilidad” de mejorar la Ley incrementando la edad mínima para cazar, y consideran que el 'lobby' cinegético lo que pretende sobre todo con sus “infundadas críticas” es “distraer la atención de esta cuestión de la edad y evitar que se apruebe la enmienda, así como posicionarse cada vez más duramente contra la ley de protección y bienestar animal”.

También dicen no entender la queja del sector de la caza del incremento de las sanciones cuando esta reforma simplemente recupera el régimen que ya había en la ley de 1993 y que “de forma sorprendente” se había rebajado a la mitad en 2015. Y respecto al refuerzo de la autoridad de los agentes medioambientales, añade: “Cabe preguntarse qué teme el 'lobby' si ellos defienden el buen hacer del sector e invocan que son los primeros en denunciar ilegalidades. Obviamente lo que quieren es que no se descubran las numerosas actos ilícitos que se cometen y que, si se descubren, que no se sancionen”.

En torno a este trámite parlamentario también se han lanzado varios “bulos”. Uno de ellos referido a la supuesta eliminación de la caza nocturna de jabalíes y que ha sido desmentido desde el Gobierno castellano-manchego: esta modalidad se preservará y no ha sido modificada en el trámite de enmiendas.

Ha sido también significativa la ‘fricción’ de esta reforma con la futura Ley regional de Bienestar y Protección Animal, aún pendiente de aprobación en el Consejo y en la que se elimina la modalidad del tiro al pichón, motivo de enfado también para los cazadores. En este caso, ha habido igualmente duras críticas de los animalistas en otro aspecto: no se considerará animales domésticos a aquellos que, como galgos y podencos, participen en actividades de caza. No obstante, desde el Gobierno han dejado claro que cualquier maltrato en este sentido estará sometido al mismo régimen sancionador.