El caos de las basuras en la Vega Baja: una planta de reciclaje parada un año pese al colapso en los accesos a los vertederos

La Vega Baja, epicentro del 'caso Brugal' y una de las zonas de la Comunitat Valenciana con índices de reciclaje más bajos en lo que a papel y cartón y envases se refiere, vuelve a estar en el centro de polémica por la gestión de sus residuos desde el Consorcio que preside la alcaldesa del PP de Bigastro, Teresa Belmonte.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, advirtió este lunes al ente de que le retirará las competencias en la gestión “si mantiene la actual dejadez deliberada en no facilitar la recogida separada de los municipios y el tratamiento de los residuos en planta de tratamiento final”.

La consellera se refirió a la “pasividad” del Consorcio Vega Baja y reclamó la apertura de la planta de transferencia de Dolores, una inversión de la Conselleria de Agricultura de 2,6 millones de euros, “que aumentaría la capacidad y flexibilidad del sistema en la Vega Baja” y que lleva más de un año clausurada.

Según informaron fuentes de Emergencia Climática, actualmente los municipios de la Vega Baja recogen los residuos en los camiones recolectores y los llevan directamente a los centros de tratamiento de diversas localidades del entorno, como Elche, Alicante, Xixona o Villena, cuyos accesos se ven colapsados por el trasiego de camiones.

“La planta de transferencia de Dolores permitiría aumentar el reciclaje en origen mediante la implantación de más contenedores al contar una instalación específica mucho más cercana y preparada, desde la cual en grandes trailers con 24 toneladas de capacidad ya se trasladarían los residuos separados a las diversas plantas de tratamiento, reduciendo cuatro veces los viajes actuales y por tanto las emisiones”, explicaron desde la conselleria.

Una situación que incumple el artículo 38 de la ley valenciana de residuos que obliga a modernizar la gestión residuos y que además viene agravada por la ausencia de ecoparques, más allá de los móviles.

Ante esta situación, los alcaldes de Algorfa, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas, todos del PSPV, salvo el de Daya Vieja, de Compromís, y el de Catral, que es independiente, han registrado una moción de censura capitaneada por el alcalde de Dolores, el socialista Joaquín Hernández, contra la presidenta popular del Consorcio, Teresa Belmonte, del PP. Consultada por este diario sobre la situación creada, Belmonte prefirió no hacer declaraciones hasta conocer con detalle el texto de la moción.

Según el documento presentado por la sede electrónica, la petición de cese se fundamenta en “la inacción y la dejadez de la actual presidenta que podrían llevar al colapso en la gestión de los municipios de la Vega Baja y tensionar el sistema en otras áreas de la provincia, y que ha llevado a la consellera a amenazar con retirar las competencias al Consorcio si se mantiene en el mismo esta dejadez”.

Añade el texto que “el consorcio de residuos, en los últimos tres años, no ha ejecutado ninguna obra de reforma, mejora o nueva construcción de ningún ecoparque en el área de gestión, abocando al consorcio y sus entidades locales al incumplimiento de las previsiones de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por ejemplo, en su artículo 25.2 a, en relación con la recogida separada de biorresiduos a partir del 30 de junio de 2022 en los municipios de más de 5.000 habitantes, al no disponer, el consorcio, a fecha del presente, ni siquiera de instalación consorciada para una descarga separativa de biorresiduos”.

Asimismo, “no ha aprobado proyecto de gestión de residuos domésticos alguno, en los términos previstos en el artículo 38 del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, estando en vigor, únicamente, los proyectos de gestión aprobados con anterioridad a 2016. Entre ellos, el proyecto de gestión de iniciativa pública de la estación de transferencia de Dolores y el proyecto de gestión de ecoparques (BOP Alicante 10/05/2019)”.

La actual distribución de los residuos en las diferentes plantas de la provincia de Alicante, “asociado a la no tramitación de la tasa consorciada, junto con una visión cortoplacista de la actual presidencia del Consorcio, está limitando las oportunidades de mejora en la gestión de los residuos de todos los municipios de la Vega Baja”.

Además, “la puesta en marcha de la Planta de Transferencia de Dolores posibilitaría la implantación de la línea de recogida orgánica separada, lo que se ha demostrado que disminuye el coste en la gestión de los residuos y evitaría los numerosos traslados diarios de camiones de basura de la Vega Baja por toda la provincia para transportar los residuos, disminuyendo los tiempos de transporte, y por lo tanto aumentando los tiempos de recogida de residuo, por lo que la Recogida de Residuos de la Vega Baja sería más eficiente, abaratándose los costes de la recogida”.

Según datos de la conselleria, la tasa de reciclaje de envases en la Vega Baja es de 9,26 kilos por habitante al año, mientras que la media autonómica asciende a 14,5 kilos. En cuanto al papel y cartón, la media en la Vega Baja es de 9,89 kilos, mientras en la Comunitat Valenciana es de 16 kilos por habitante al año.