Anticorrupción pide para el exalcalde popular de Crevillent César Augusto Asencio 5 años y 10 meses de prisión por amañar contratos municipales

El que fuera alcalde de Crevillent entre 1995 y 2019, César Augusto Asencio (PP), se enfrenta a una petición de cinco años y diez meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas irregularidades cometidas durante su mandato en la Concejalía de Deportes de la localidad alicantina. Concretamente, en una causa abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de Elche en la que el que fuera primer edil está siendo investigado junto a otras ocho personas, se le imputa el amaño de contratos y el pago de facturas por servicios no prestados en el departamento municipal de Deportes a la empresa Tot Sport Crevi. 

En concreto, la Fiscalía le atribuye al popular César Augusto Asencio, así como a Pedro García y Manuel Moya, concejales de Deportes entre 2003 y 2015 y entre 2015 y 2019 respectivamente, los delitos continuados de fraude, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas, por lo que solicita para ellos casi seis años de prisión, según consta en el escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por el delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con el delito continuado de fraude, el Ministerio público pide para cada uno de estos tres excargos públicos municipales una pena de dos años y diez meses de cárcel e inhabilitación especial para el desempeño del cargo público de alcalde, teniente de alcalde y concejal por un período de doce años.

La pena solicitada por el delito de malversación es de tres años de prisión e inhabilitación especial para el desempeño del cargo público de alcalde, teniente de alcalde y concejal por un tiempo de diez años. Mientras que por negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, la Fiscalía pide una pena de veinte meses con multa con una cuota diaria de 20 euros (12.000 euros), además de inhabilitación para el desempeño del cargo público de alcalde, teniente de alcalde y concejal por un período de tres años.

Además, en concepto de responsabilidad civil, los tres acusados junto a Francisco Serna (coordinador de Deportes en del Consistorio de Crevillent hasta 2016) y Cayetano Ramón Serna (empresario que aparece como beneficiario de las adjudicaciones investigadas), se enfrentan a una petición de indemnización conjunta que asciende a 53.365,46 euros que fueron aplicado a usos “ajenos a la función pública”.

En la causa también están imputadas la exconcejal de Contratación, María Carmen Candela; la secretaria general del Ayuntamiento, Olga Pino; la interventora municipal, Siria Pérez; y Rosa Ana Narejos, secretaria de la mesa de contratación en la legislatura en que fue asignado el servicio investigado. Para ellas, el fiscal solicita dos años de prisión, 18 meses de multa y diez años y medio de inhabilitación.

Ya en su día, el que fue interventor municipal en Crevillent entre 2009 y 2014, Fernando Urruticoetxea, se refirió a las actuaciones “arbitrarias” e “irregulares” que se producían en el Consistorio, y no solo en Deportes: “La arbitrariedad era la norma en la gestión del ayuntamiento de Crevillent”, declaró, para añadir que la corrupción “estaba instalada en el Ayuntamiento con la complicidad generalizada entre los funcionarios” con la participación de los empleados públicos en “tráfico de regalos, influencias, amiguismo y clientelismo”.