Antifraude calcula en 1'1 millones el quebranto al erario público por las prejubilaciones irregulares de la EMT
La Agencia Antifraude considera irregular que la EMT pagase con dinero público jornadas de trabajo no realizadas por los empleados. El organismo dirigido por Joan Llinares se ha pronunciado sobre el acuerdo de los sindicatos con la empresa de transporte municipal de Valencia, a raíz de una denuncia de la propia empresa en 2017.
El Tribunal de Arbitraje dio validez al acuerdo, matizando que “siempre y cuando exista una autorización expresa, en este caso del Ayuntamiento de València, y siempre y cuando no se produzca un fraude a la Seguridad Social, algo en lo que no entra el proceso arbitral”. Un aspecto que Antifraude cuestiona, ya que los salarios se financian con caudales públicos procedentes de tarifas municipales, transferencias de presupuesto o fondos estatales. “Si con dinero de naturaleza pública se abonan jornadas de trabajo que efectivamente no se han realizado, existen fondos públicos que se han desviado de su fin de interés general”, cita el informe de Antifraude.
Según la investigación de la agencia dependiente de las Corts se registraban jornadas inferiores a las estipuladas en el contrato. Incluso, dice el informe, en dos casos no se registró ninguna jornada de trabajo y se cobró el salario correspondiente a 131 horas. Es decir, dos empleados no acudían a su puesto de trabajo y cobraban lo mismo que los demás. El fraude, estima la Agencia, superaría el millón de euros. Concretamente, 1.129.643 euros entre 2014 y 2018.
No obstante, la entidad no entra a valorar si es o no legal reducir la jornada mínima legalmente establecida para la jubilación parcial. La Agencia apunta a que desde la EMT se organizó un sistema de incumplimiento de las jornadas que tenía como consecuencia el abono de horas de trabajo no realizadas.
El acuerdo de los sindicatos de la EMT y la dirección de la empresa se realizó en 2001 y se refrendó después en 2013, dejando la jornada a realizar para optar a la prejubilación en 65 horas y no en 131 como marca la ley. Según el Tribunal de Arbitraje, el acuerdo sigue vigente y los sindicatos UGT y CGT celebran, de momento, lo que consideran una victoria contra la concejalía de Movilidad.
