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“Ya advertimos de que el caso Rus afectaba también a Valencia y la Generalitat”

La diputada provincial valenciana de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo

Adolf Beltran

“Ya advertimos que esto iba más allá de la Diputación, que no era el caso Imelsa, ni siquiera el caso Rus, que tocaba a la Generalitat y a varios ayuntamientos, entre ellos los de Valencia y Xàtiva”, ha asegurado Rosa Pérez Garijo, diputada provincial de Esquerra Unida que denunció el escándalo y aportó a la Fiscalía Anticorrupción las grabaciones sobre las que se apoya la investigación judicial.

“Existen consecuencias políticas”, indica la diputada en referencia a la caída política de Alfonso Rus, “pero veremos también consecuencias penales”. En su doble condición de denunciante y miembro del consejo de administración de Imelsa, la empresa públcia provincial situada en el centro de la trama, Rosa Pérez anuncia que la semana que viene se personará como acusación en la causa. “Hemos esperado a hacerlo. Sabíamos que la operación era inminente y, como hemos hecho desde el principio, hemos dejado trabajar a la fiscalía y al juzgado. De ninguna manera hemos querido perjudicar al procediemiento”.

“Estoy muy contenta”, añade Pérez Garijo, que denunció el caso apoyada por el entonces diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco. “Se ha visto el trabajo que hicimos en esa denuncia, cuyo alcance va mucho más alllá de la Diputación”.

Rita Barberá, en tanto que era alcaldesa de Valencia, y Francisco Camps, que era presidente de la Generalitat, aparecen en el trasfondo de la trama de corrupción destapada, pero Pérez Garijo asegura no tener más información que la que ella misma aportó a la fiscalía. Sí que sitúa  a la exconcejal del PP María José Alcón, del equipo de Barberá, en las grabaciones que efectuó el exgerente de Imesla Marcos Benavent, que revelan cobro de comisiones. Y cita la Mostra de Valencia, la restauración de las torres de Quart y la adjudicación del centro cultural la Rambleta, entre los aspectos que afectan al Ayuntameinto de Valencia.

Pero Barberá es senadora y cualquier actuación judicial hacia ella requeriría levantar su aforamiento. El caso de Camps es distinto, si se viera finalmente involucrado, ya que ahora no está aforado. En las grabaciones aportadas hay alusiones al expresidente como conocedor de los cobros de comisiones.

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