Un guardia civil al que piden ocho años de prisión por tráfico de armas negocia con la Fiscalía una rebaja de pena

El juicio a un agente de la Guardia Civil acusado de un presunto delito de tráfico de armas de ha pospuesto hasta el próximo 31 de marzo para seguir con la negociación con el Ministerio Fiscal por un más que probable pacto de conformidad. El uniformado está acusado de los presuntos delitos de tráfico de armas, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía solicita para el agente una pena de ocho años y medio de prisión y para ocho procesados más pide penas que oscilan entre tres años y medio y un año y medio.

Entre julio y octubre del 2014, según el Ministerio Fiscal, el agente consultó datos de hasta seis vehículos en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), sin que estuviera inmerso en investigación alguna y con la intención de pasar la información a terceras personas.

Además, en agosto el agente recibió información sobre un hombre que había sido denunciado por un delito de malos tratos y que además tenía en su domicilio dos pistolas ilegales. Sin embargo, según la Fiscalía, no consta que el agente del instituto armado hiciera nada para comunicar o investigar los hechos.

Además, la acusación sostiene que el agente se dedicaba adicionalmente a la transformación y venta de armas, que proporcionaba a otras ocho personas, también acusadas en este procedimiento por los presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas.

Armas ilegales en los registros domiciliarios

Los registros domiciliarios efectuados tres meses después en los domicilios de los procesados, en varios municipios de la provincia de Valencia, los responsables de la investigación requisaron escopetas, rifles y fusiles, manipulados, prohibidos o irregulares.

El juicio oral por estos hechos estaba previsto para este miércoles ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. El Ministerio Público solicitaba inicialmente una pena de ocho años y medio de prisión para el agente de la Guardia Civil y penas de entre tres años y medio y año y medio para el resto de los ocho procesados. Durante toda la mañana, los letrados de las defensas han negociado un posible pacto de conformidad con la Fiscalía.

La vista estaba convocada a las 10 de la mañana y durante una hora los abogados han desfilado por la sala de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia negociando un pacto para rebajar las penas.

Tras una primera fase, las negociaciones se han retrasado hasta el mediodía. Sin embargo, al final de la mañana se ha anunciado que la vista para alcanzar un más que probable pacto de conformidad se pospone hasta el próximo 31 de marzo.