La jueza del 'caso Azud' vincula “sobornos” al extesorero del PSPV con la “financiación necesaria para el partido”

La jueza del 'caso Azud' enmarca la investigación de la pieza separada 7 en el pago por parte de la supuesta trama de “comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes administraciones públicas” controladas por el PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En un auto del pasado 2 de diciembre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada alude a una presunta mordida de dos millones de euros por un proyecto urbanístico en el municipio alicantino de Xixona en 2007 pactada entre el promotor Jaime Febrer y José Luis Vera, un letrado vinculado a los socialistas valencianos y esposo de la exdiputado autonómica María Antonia Armengol. De la supuesta mordida, “un millón sería para el PSOE”. 

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta que de los fondos desembolsados por el empresario, 484.480 euros se destinaron a pagar gastos electorales del PSPV-PSOE a través de empresas pantalla y 548.483 euros circularon en efectivo durante la campaña para las autonómicas y municipales del 2007. “Parte del soborno pactado con José Luis Vera y José María Cataluña (Pepe Cataluña) iría a manos del PSOE, a través de este último”, indica el auto.

Si bien Cataluña ya no ostentaba un cargo orgánico en el PSPV desde 2004, cuando pasa a encargarse de la vicepresidencia de Bancaja, se trataba de una desvinculación “meramente formal”. Como una suerte de tesorero en la sombra, Pepe Cataluña “seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas”, relacionadas con empresas de titularidad estatal, como Acuamed o Aguas del Júcar.

El papel de Cataluña como 'tesorero B' fue confirmado por el exgerente de la formación, Francisco Martínez, en su declaración como testigo ante la UCO del pasado 21 de octubre, cuando las diligencias de la pieza separada 7 del 'caso Azud' permanecían secretas.

El auto alude a un informe de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al papel del socialista Joan Navarro, investigado en la causa, como director general de la empresa pública Acuamed, en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Xixona, en aquella época gobernado por una alcaldesa del PP que se embolsó medio millón de euros de la trama, para ampliar una desaladora en beneficio del proyecto urbanístico. Un proyecto que, paradójicamente, fue anulado cuando el PSPV accedió a la alcaldía en la siguiente legislatura.

La jueza instructora también vincula la adjudicación de las obras del tramo E del Júcar-Vinalopó con una reunión entre José María Cataluña y José Luis Vera con Juan José Moragues, presidente del Consejo de Administración de Aguas del Júcar SA, y Jose María Marugán, consejero delegado. En la reunión se habrían tratado “temas de marcado concierto político para los intereses urbanísticos” del empresario Jaime Febrer, agrega la resolución. 

La documentación intervenida al extesorero socialista contenía anotaciones sobre esa adjudicación, recaída en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Construcciones Luján. El auto indica que “existen sólidos indicios respecto al concierto” entre el directivo de Acciona Juan José González y Juan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambos imputados en la causa, para “conseguir adjudicaciones públicas predeterminadas al margen de los procedimientos legales de adjudicación”. El expresidente de la CHJ, marido de la exalcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau, recibió un regalo navideño de Acciona valorado en 450 euros.

Un teléfono en la agenda

Por su parte, Construcciones Luján abonó 120.060 euros a la empresa Cronosport SL, “sociedad que realiza parte de la campaña electoral del partido socialista” para las municipales del 2007. El número de teléfono del constructor Francisco Javier Luján aparece en la agenda del iPhone 7 intervenido por la UCO a José María Cataluña.

La instructora también vincula los pagos en B de la empresa Facsa a la campaña de las elecciones generales del año siguiente (con María Teresa Fernández de la Vega como candidata) con la adjudicación de un contrato relativo a la desaladora de Moncofa (Castelló), valorado en 50,8 millones de euros. En la agenda de Cataluña, el mismo día de la adjudicación, aparece una referencia a un “importe muy cercano” y a la empresa de Enrique Gimeno, también investigado en la pieza 7.

Facsa abonó 70.817 euros a la embrea Cronosport, encargada de actos de la campaña del 2008. “El abono se corresponde con los gastos electorales de dichas elecciones no declarados por el partido socialista”, indica el auto.

El propietario de Facsa ya fue condenado por la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Gürtel, por financiar al PP y es uno de los procesados en el 'caso Fabra II'. La empresa, que controla el servicio de agua en la provincia de Castellón, también habría financiado a través de una de sus filiales la campaña de los socialistas valencianos en 2007. Así, desembolsó “comisiones” de 261.771 euros “exigidas” a cambio de adjudicaciones públicas, agrega el auto de la magistrada.