13.300 hogares compaginan la Renta Valenciana de Inclusión con el Ingreso Mínimo Vital

Más de 13.300 hogares compaginan la prestación estatal y la autonómica para sostener sus rentas. El ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión llegan de forma conjunta a 13.306 unidades de convivencia, según los últimos datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La prestación autonómica, subsidiaria de la estatal, complementa económicamente al ingreso mínimo vital cuando esta segunda cuantía es inferior a la que se reconoce por la Generalitat, y permite a los receptores participar en itinerarios de inclusión o recibir pluses para hacer frente al pago de alquiler, hipoteca y complementos energéticos. En los casos en los que la prestación estatal es superior a la autonómica, la Generalitat mantiene a los beneficiarios dentro del sistema con cuantía cero para que puedan optar al resto de itinerarios y ayudas que centraliza.

El departamento que dirige Mónica Oltra insiste al ministerio de Inclusión, a cargo de José Luis Escrivá, en acelerar los convenios de cogestión de ambas prestaciones con un sistema de ventanilla única para que los usuarios no tengan que repetir los trámites y evitar duplicidades. El Ejecutivo central, que se muestra reticente a esta medida, ha suscrito recientemente un convenio con el autonómico para la puesta en marcha de itinerarios de inserción sociolaboral a través de entidades del tercer sector, dotado con 10 millones de euros. En la conselleria de Igualdad urgen al ministerio a acelerar la compatibilidad de los trámites y simplificar el proceso, dado el elevado nivel de solicitudes rechazadas para el IMV. Cerca del 50% de las peticiones han sido denegadas o inadmitidas por la seguridad social.

La renta valenciana de inclusión, un conjunto de prestaciones que la Generalitat Valenciana habilitó en 2017, llega a 75.885 personas en sus distintas modalidades, con 3.100 en lista de espera. De los 34.450 titulares de la prestación -uno por unidad de convivencia-, el 66,84% son mujeres y el 61,72% tiene entre 41 y 64 años, dato que casa con los informes sobre pobreza o exclusión social que apuntan que la pobreza se ceba con los hogares monomarentales.

La prestación se gestiona entre los servicios sociales municipales y la conselleria de Igualdad, que centralizó los trámites recientemente. Según la ley que regula la prestación, ambas administraciones tienen 90 días para tramitar y resolver los expedientes, un plazo que diverge por provincias. En la de Alicante, la demora media en resolver de los consistorios es de 162 días, que en el caso del Ayuntamiento asciende 283 días; el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, apoyado por Vox, tarda de media nueve meses en tramitar los expedientes. La media de espera en los ayuntamientos valencianos es de 131, mientras que en la provincia de Castellón es de 91 días.

Un simulador para orientar las ayudas

Desde el pasado febrero, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un simulador para que las personas con dudas sobre las prestaciones puedan exponer su caso y orientarse sobre los derechos que les reconoce la ley. La web, https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi , plantea un cuestionario sobre la situación familiar de la persona que quiera solicitar la ayuda y remite al solicitante a los servicios sociales más próximos a su domicilio, informándole de los itinerarios disponibles.