La oposición critica que la ley de acompañamiento encubre el control político de la televisión pública y beneficia a las casas de apuestas

La mayoría conservadora en las Corts Valencianes tumba las enmiendas a la totalidad a la ley de medidas fiscales de la Generalitat. La conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos sigue su trámite con el visto bueno de PP y Vox y entra en la fase de las enmiendas parciales, tras un debate en el que la oposición se ha mostrado especialmente crítica.

El proyecto de ley del Consell materializa las primeras promesas electorales de la coalición de la derecha con la ultraderecha, elimina la oficina de derechos lingüísticos y rebaja la enseñanza del valenciano en las aulas en las zonas castellanohablantes, contra el criterio de los organismos consultivos.

El Ejecutivo de PP y Vox modifica la ley de incompatibilidades para que los altos cargos puedan cobrar hasta 22.000 euros como profesores en la enseñanza pública y privada mientras consolida la rebaja fiscal a las rentas altas. La ley fija que la retribución no podrá exceder un 30% del salario del alto cargo, que es de unos 66.000 euros para secretarios autonómicos y directores generales. Además, los altos cargos que sean funcionarios de carrera podrán elegir mantener su retribución como servidores públicos, más elevada que la de director general o secretario autonómico en los casos de altos funcionarios.

La titular de Hacienda, Ruth Merino, ha defendido que la ley de acompañamiento está basada en “criterios de responsabilidad y rigor, sin perder de vista el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión”, como ya defendió en la ley de presupuestos, y asegura que los cambios permitirán afrontar a los valencianos la inflación y el escenario económico incierto. Entre las medidas, ha resaltado las seis deducciones fiscales “de carácter social” para gastos vinculados a salud bucodental, adquisición de cristales graduados y lentes de contacto, tratamientos de salud mental, enfermedades raras, daño cerebral adquirido o alzhéimer y práctica deportiva en recintos privados.

Los representantes de PSPV y Compromís han coincidido en denunciar las maniobras de la derecha en las enmiendas parciales, que incorporan las modificaciones más llamativas. La oposición critica la operación de control político de À Punt que se incorpora a través de las enmiendas de PP y Vox, a debate a partir del 5 de diciembre. En esta ronda de modificaciones presentada por los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que previsiblemente se aprobarán, se introduce un cambio en las mayorías necesarias para el órgano de gobierno de la televisión pública y se incorpora a más consejeros de la cuota conservadora. El PSPV ha recordado que la tramitación de la ley de acompañamiento prácticamente coincide con el décimo aniversario del cierre de Canal 9. El PP “vuelve al lugar del crimen cambiando las mayorías en À Punt para controlar la radiotelevisión pública valenciana”, ha señalado el diputado José Muñoz.

Los socialistas y los valencianistas han puesto el foco en la modificación de la ley del juego, que elimina la distancia mínima de 850 metros entre salas de juego y colegios y otros espacios de población vulnerable. Las medidas “benefician a los grandes operadores del juego”, ha denunciado el socialista. Muñoz también ha ironizado respecto a que el Ejecutivo promociona un ahorro del gasto político -un recorte en asesores y altos cargos- de 9 millones de euros en la legislatura, mientras que “por la puerta de atrás sube el suelo de los altos cargos”.

Sobre las rebajas de impuestos, Compromís insiste en que resultan superfluas, dado que mucha gente no realiza la declaración de la renta o tiene una cuota de ingresos tan baja que la desgravación no les afecta. El portavoz valencianista, Joan Baldoví, ha hecho énfasis en que las modificaciones legislativas benefician a las empresas de las casas de apuestas y ha criticado la reforma fiscal. El valencianista considera que solo se beneficiarán “las empresas que hacen juego con las casas de apuestas, los políticos del PP y Vox que ahora podrán cobrar 20.000 euros más y hasta ser preparadores de las oposiciones que luego tendrán que firmar” y las “7.000 personas más ricas” de la Comunitat Valenciana.