La red de Zaplana se rompe en dos bandos

La banda supuestamente corrupta que lideraba presuntamente Eduardo Zaplana se desintegró este jueves, durante la sesión del juicio del 'caso Erial' dedicada a las cuestiones previas. Varios acusados, entre ellos los empresarios Vicente y José Cotino y el presunto testaferro, Joaquín Barceló 'Pachano', han alcanzado pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos a cambio de rebajar las penas de prisión.

La unidad de la presunta trama, que permaneció compacta durante toda la instrucción del 'caso Erial', empezó a desintegrarse en las semanas previas al juicio, cuando trascendió que varios de los acusados negociaban pactos de conformidad con el Ministerio Público. Las confesiones de los arrepentidos podrían ser un auténtico torpedo en la línea de flotación de la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana.

La ruptura de la presunta trama en dos bandos se visualizó en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València con el posicionamiento en el banquillo y los gestos de los acusados. Zaplana se situó en la primera fila en el extremo más alejado. A su vera se sentaron varios de los acusados que han mantenido su postura reticente a alcanzar un pacto con la Fiscalía, entre ellos su secretaria Mitsuko Henríquez o el también expresidente autonómico, Jose Luis Olivas, además del empresario Francisco Pérez López, conocido como 'Paco Gasofa'.

Más alejados, también en la primera fila del mismo banquillo, se situaron los empresarios de la familia Cotino, acusados de pagar comisiones millonarias en paraísos fiscales a través de la empresa Sedesa, y Joaquín Barceló 'Pachano'. Éste último es amigo de la infancia de Eduardo Zaplana y está considerado como su presunto testaferro. Cerca de 'Pachano' se situaba Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó fondos en paraísos fiscales.

Si Juan Francisco García alcanza un pacto de conformidad con la Fiscalía, las posibilidades del expresidente autonómico de salvarse de la condena se reducen sustancialmente. Y es que su exjefe de gabinete presidió la mesa de contratación de la adjudicación millonaria de las ITV, de donde partieron las supuestas comisiones millonarias a la presunta trama por parte de los Cotino, repartidas a través de una estructura societaria en Luxemburgo, que luego viajó a Andorra o Panamá, entre otros destinos clásicos de las operativas de blanqueo de capitales.

La confesión de Juan Francisco García permitiría a la Fiscalía acreditar fehacientemente la naturaleza ilícita de la trama desde su origen (el pelotazo de las ITV y del Plan Eólico) hasta el retorno de las mordidas desde los paraísos fiscales a España, debidamente lavados. Todo ello aderezado con los detalles que puedan aportar Vicente y José Cotino y el presunto testaferro. Un auténtico callejón sin salida para Eduardo Zaplana. La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana. El Ministerio Fiscal considera que la presunta red corrupta movió hasta 20,6 millones de euros en paraísos fiscales.

Ninguna de las defensas que han alcanzado pactos de conformidad con Anticorrupción plantearon cuestiones previas ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. 

Entre ambos bandos sólo se produjo un momento de tregua con el afectuoso abrazo entre 'Pachano' y Saturnino Suances. Éste último, junto con su hermana Elvira, están acusados por Anticorrupción de participar en los movimientos de los fondos escondidos en Andorra. La madre de ambos fue enterrada este miércoles, la víspera de la sesión del juicio dedicada a las cuestiones previas. El presunto testaferro de Zaplana se acercó al final de la sesión a saludar a Nino Suances, que ejerce su propia defensa, en un emotivo gesto.

Los hermanos Suances se mantuvieron fieles a la jefatura ejercida por Zaplana, con quien Elvira, exdiputada autonómica del PP, mantenía una “relación personal”, tal como afirmó su abogada para tratar de matizar su participación en la trama.

En la larga sesión de cuestiones previas, el tribunal presidido por el magistrado Pedro Castellano rechazó todas y cada una de las pretensiones de nulidad planteada por las defensas. La mayoría de las defensas dirigieron toda su artillería contra el registro del despacho del primer abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en el marco del 'caso Taula'.

En el registro, autorizado por el juez instructor, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron la documentación que les permitió tirar del hilo de la presunta fortuna de Zaplana en paraísos fiscales. Se trata de la denominada “hoja de ruta”, entregada a Benavent por un empresario sirio que vivió en una vivienda habitada previamente por Eduardo Zaplana.

La doctrina del fruto del árbol envenenado

Las defensas que no han alcanzado un pacto de conformidad basan gran parte de su estrategia en la doctrina del fruto del árbol envenenado, según la cual si se demuestra que una prueba fue obtenida irregular o ilícitamente, toda la causa se desmorona irremediablemente.

El obstáculo de esta estrategia, tal como recordó el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, es que el dueño del despacho en el que la UCO intervino la documentación, el penalista Ramir Blasco, nunca ha planteado reparo alguno al registro, avalado judicialmente. Además, el registro ya fue avalado por una sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València en el marco del 'caso Taula'. El exletrado del 'yonqui del dinero' es uno de los testigos citados en el juicio.

Los abogados de los fieles a Zaplana trataron de demostrar, prácticamente al unísono, que la investigación de la UCO fue “prospectiva”. Otro de los platos estrella de las defensas fue el ataque al testimonio del abogado uruguayo Fernando Belhot, blanqueador confeso del expresidente autonómico.

El representante del Ministerio Público alegó que todas las intervenciones telefónicas y las entradas y registros fueron medidas “justificadas y motivadas” por la jueza instructora. “Simple y llanamente”, apostilló el fiscal anticorrupción.  

El juicio, según el calendario preliminar, durará unos cinco meses. El tribunal ha dispensado a los acusados de permanecer todas las sesiones sentados en el banquillo de los acusados. Los dos bandos podrán dejar de compartir banquillo una vez hayan declarado, después de las vacaciones de Pascua. Sólo volverán a verse las caras en la última sesión del juicio oral, con ocasión del turno de la última palabra.