Vox pretende derogar la ley de memoria democrática porque “llama al odio entre españoles”

El grupo parlamentario de extrema derecha Vox insiste en su ofensiva contra las leyes de memoria histórica. Apenas 24 horas después de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, el grupo parlamentario registró en las Corts Valencianes una proposición para derogar la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, aprobada por la mayoría progresista en 2017.

La norma salió adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos, que la consideraron un acto de justicia, la abstención de Ciudadanos, que vio la ley “manifiestamente mejorable”, y los votos en contra del PP, que denunció que la ley solo repara a las víctimas del franquismo y se olvida del resto. El grupo de extrema derecha, nuevo en el parlamento como resultado de las elecciones autonómicas de abril, va más allá en sus consideraciones e incluso afirma que es una norma contraria a los principios constitucionales.

En el texto registrado por Vox el 25 de octubre se califica esta norma como “una colección normativa cuya finalidad es reabrir heridas, llamar al odio y crear división entre los españoles”. “La norma pretende convertir al pueblo español en esclavo de 1936, impide que la historia siga su curso y trata de que se mantenga estática en el citado año”, afirma el texto. 

La proposición de ley considera inconstitucional la norma, que “lanza una sombra de sospecha sobre la Constitución (...) Deja claro que no habría sido suficientemente democrática”. Según el partido, vulnera los artículos constitucionales de igualdad de todos los españoles porque “discrimina según su opinión” y “promueve el rencor”, vulnera el derecho a la libertad ideológica porque “no permite más que el relato oficial”.  También considera que se establece una “verdad oficial” que tiene por objetivo “escribir relatos históricos”.

Para Vox, la Ley de Memoria História de 2007, de ámbito estatal, y que da pie a la legislación autonómica, una norma que permite que los familiares de las víctimas del franquismo exhumen sus restos y prohíbe la apología del régimen mediante sus símbolos, “supone un ataque contra las bases del actual Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas, la libertad de pensamiento, ideológica, de expresión, de opinión, de información y de cátedra; y en suma, contra la misma historia de España”.