Bruselas defiende la reforma del PP y que no se vincule de nuevo por ley la subida de las pensiones al IPC

Bruselas no lo ve. Y la ministra encargada de coordinar todo el área económica del Gobierno y de negociar con Bruselas, Nadia Calviño, lo sabe bien: ha sido una alta ejecutiva de la Comisión hasta su nombramiento como ministra hace escasos 100 días. La marcha atrás de la reforma de las pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy, que desvinculó la subida anual de las prestaciones al IPC, es una promesa electoral de Pedro Sánchez. Y uno de los elementos clave por los que Unidos Podemos le dio sus 67 diputados para llegar a Moncloa.

Pero Sánchez se lo está pensando. Las cuentas no terminan de salirle en la Comisión del Pacto de Toledo –el PDCat no parece estar por la labor– y lo que le llega de Bruselas son señales claras.

“La Comisión Europea evalúa regularmente la situación económica y social de los Estados miembros, publica informes nacionales y propone recomendaciones específicas por países a lo largo del ciclo del semestre europeo. Por lo tanto, nuestros puntos de vista, incluidos los de la reforma de pensiones española de 2013, son bien conocidos”, afirma un portavoz de la Comisión. Bien conocidos para los que están al tanto del día a día de la Comisión, y sobre todo para quien fue una alta ejecutiva de la propia Comisión durante cuatro años, como la ministra de Economía Calviño.

¿Y cuáles son sus puntos de vista? Que se quede la ley como está. En el último informe de la Comisión sobre la economía española, publicado escasos días antes de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura contra Mariano Rajoy, se afirma: “El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el mantenimiento de la calidad de vida de la gente mayor, que afrontan un riesgo menor de pobreza que las generaciones más jóvenes. En comparación con los salarios, las pensiones españolas se encuentran entre las más altas de la UE. Las proyecciones para 2018 indican que las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad y adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”.

“En todo caso”, continúa la Comisión, “las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad durante la elaboración de los presupuestos de 2018 cuestionan el compromiso con esas reformas. Al mismo tiempo, no se afrontan los principales desafíos para los futuros jubilados: las altas tasas de desempleo y la segmentación del mercado laboral”.

Fuentes de las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos afirman que Bruselas ha dejado claro al Ejecutivo en las últimas horas que no debe reformarse la ley, y que las subidas se hagan año a año, en función de cada presupuesto. Algo que va en la línea de lo que dijo Pedro Sánchez en El Objetivo, de La Sexta, ante Ana Pastor: “Nosotros hemos cumplido con los pensionistas y vamos a cumplir en los presupuestos”. ¿Ligándolo al IPC?, preguntó Pastor: “Sin duda”, contestó Sánchez. Pero “cumplir en los presupuestos” no significa necesariamente cumplir con la promesa de deshacer la reforma del PP para vincular por ley las pensiones al IPC, algo que Sánchez evitó decir en la entrevista.

En el Ministerio de Economía, por su parte, evitan tachar los mensajes desde Bruselas como “presiones”.

Un portavoz de la Comisión Europea, además, llama la atención sobre un inminente compromiso económico del Gobierno de Pedro Sánchez: “Todos los países de la zona del euro tienen que enviar sus borradores de planes presupuestarios para el 15 de octubre, y nosotros publicaremos nuestras opiniones sobre ellos antes de que acabe noviembre. Este es el siguiente momento relevante del semestre, en particular con lo que tiene que ver con medidas presupuestarias”.

Es decir, al Gobierno le quedan tres semanas para enviar sus líneas maestras presupuestarias a Bruselas. Y, de momento, las señales que está dando en relación con las pensiones tienen más que ver con lo que quiere Bruselas que con sus promesas electorales.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio este jueves –aunque aseguró que quería dejar avanzar al Pacto de Toledo sin intromisiones– se abrió a la opción que defienden PDeCAT y PP en la comisión parlamentaria: que las pensiones suban menos que el IPC en época de crisis, si así lo acuerda el Pacto de Toledo y el diálogo social. Valerio, antes de tomar el cargo de ministra, era una de las socialistas defensoras de ligar las pensiones al IPC en una reforma legal, ya que ostenta el cargo de secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo.

Además, esta semana la ministra ha fiado vincular por ley la subida de las pensiones al “Pacto de Toledo”; consenso complicado políticamente en tanto que Unidos Podemos-En Comú-En Marea lo exigen, en la línea de lo prometido por el PSOE; y el resto de grupos parlamentarios, no. Y complicado por tiempos si en tres semanas el Gobierno tiene que enviar a Bruselas sus planes presupuestarios.

A escasas semanas en las que el Gobierno tendrá que lidiar con los pensionistas en las calles, los números en la Comisión del Pacto de Toledo que hacen imposible cumplir con la tradición del consenso, los elocuentes mensajes de Bruselas y sus promesas electorales.

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