El Banco de España avanza que la previsión de crecimiento de abril ya no sirve y que hay que revisarla a la baja

Apenas un mes y dos semanas después de la última actualización de sus previsiones de crecimiento económico, el Banco de España admite que ya no sirve y que hay que revisarlas a la baja. “La información conocida con posterioridad ha afectado a algunas de las cifras clave de estas proyecciones”, reconoce la institución en el Informe anual publicado este mismo miércoles.

“El crecimiento del PIB [Producto interior bruto] del primer trimestre fue, como consecuencia de la guerra, más moderado que el estimado en las últimas proyecciones del Banco de España. En ausencia de cualquier consideración adicional, el dato llevaría a una rebaja mecánica de aproximadamente medio punto porcentual en la tasa media” de incremento de la actividad económica [PIB] de 2022, según explica.

La estimación de abril era de un crecimiento del 4,5% para este año, tras un recorte de de nueve décimas respecto a la previsión anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Banco de España adelanta que este tijeretazo es ahora mayor. Incluso tras moderarse la aceleración de la inflación en abril. Y también después de que España y Portugal hayan conseguido la autorización de la Comisión Europea para limitar el precio del gas en la generación de electricidad, para rebajar así la factura de la luz de empresas y familias.

No tiene en cuenta el tope al gas

La institución no concreta hasta donde reducirá la estimación de crecimiento, aunque habla de cinco décimas sin ninguna “consideración adicional”, lo que la dejaría en el 4% que la semana pasada proyectó la Comisión Europea, y por debajo del 4,3% del Gobierno. Con este números, España no recuperaría el nivel de PIB pre pandemia “hasta finales de 2023”.

“En conjunto, los riesgos están orientados a la baja en el caso de la actividad y al alza en el caso de la inflación —a expensas de valorar el impacto del mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar la electricidad que ha sido recientemente aprobado en España y Portugal, de acuerdo con la Comisión Europea, y que previsiblemente presionará a la baja los precios de la energía en nuestro país—”, detalla el Banco de España.

Uno de las mayores incertidumbres proviene del frenazo del consumo de las familias que se vio en el primer trimestre de 2022. De hecho, el gasto de los hogares es el principal acelerador para la actividad económica junto a las inversiones que favorecen los fondos europeos.

“Un mayor uso por parte de los hogares de la bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia, con el fin de mantener su consumo tras la pérdida de poder adquisitivo, generaría un incremento del nivel del PIB de 4 décimas en 2022 y de otras 2 décimas adicionales entre 2023 y 2024”, apunta la institución en su informe.

El problema es que las familias sufren la incertidumbre de unos precios disparados que dañan su poder adquisitivo y animan a aplazar las decisiones de compra.

Pacto de rentas y pensionistas

En el mismo informe y respecto a esta última cuestión, el Banco de España entra en el debate sobre si las pensiones deberían actualizarse respecto al IPC (Índice de precios de consumo), que estima del 7,5% de media en 2022, y considera que los trabajadores no deberían ser los únicos que asumiesen la merma de su capacidad de compra por el actual pico de inflación.

El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones “plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto de la perturbación actual de pérdida de rentas respecto al resto del mundo”, expone. “Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes —el conjunto de los pensionistas— a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes”, añade.

Según concluye la institución, si no se aborda este tema, serán los trabajadores los que tengan que asumir los cerca de 10.000 millones de euros que aumentará el gasto en pensiones en 2023 al actualizarse respecto al IPC. Sin embargo, señala que, aunque las negaciones entre patronal y sindicatos se han roto, el pacto de rentas —repartir los daños entre empresas y trabajadores con acuerdos plurianuales de subidas de salarios— estaría ocurriendo.

Esto implicaría que el aumento de los sueldos muy por debajo de la inflación (con el IPC en el 9,8% en marzo frente al mismo del año pasado, y del 8,3% en abril), que se observa en los últimos datos conocidos sobre las remuneraciones, estaría siendo acompañado por menores márgenes de las empresas (la capacidad de convertir en beneficios los ingresos obtenidos).

Mientras, las principales amenazas siguen vigentes: la propia inflación, principalmente por la persistencia de unos costes energéticos elevados pero también por la subida por contagio de la mayor parte de la cesta de la compra; la desaceleración global del crecimiento por la guerra en Ucrania, que reduce la demanda exterior y levanta dudas sobre la llegada de turistas en el verano llamado a ser el de la reconstrucción total del sector; el menor impacto de los fondos europeos; y, por último, el golpe que supondría un cierre del comercio con Rusia.

Menor esfuerzo fiscal de España

Como respuesta a la guerra, el Gobierno aprobó un plan de medidas fiscales temporales por 6.000 millones —con la subvención de 20 céntimos al litro de carburante, la ampliación del Ingreso mínimo vital (IMV) o la bajada del IVA a la electricidad— que el Banco de España calcula que es el menor paquete entre las grandes economías de la eurozona.

Según desgrana, el conjunto de medidas no llegaron al 0,2% respecto al PIB en 2021, y son de casi el 0,4% este año, frente al 0,9% de Alemania, o al punto porcentual que ha alcanzado Italia en su respuesta, en total en los dos años (ver gráfico).