La representatividad de los colectivos de autónomos no se mide desde 2011 aunque lo exige la ley

El Ministerio de Trabajo afronta una tarea pendiente relacionada con los trabajadores autónomos que el Gobierno del PP no resolvió en sus siete años de mandato: acordar un sistema que mida la representatividad de sus asociaciones. La primera y última vez que se calculó el respaldo de estos colectivos fue en 2011, pero el proceso provocó el enfrentamiento entre las organizaciones y, en la práctica, “nunca se ha aplicado”, explican desde Trabajo. El Gobierno del PP ordenó que antes del 26 de abril de 2018 se tenía que desarrollar ese sistema de representatividad, pero incumplió su propio plazo y a día de hoy aún no existe.

La medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos está prevista en el Estatuto de Trabajo Autónomo, de 2007, que regula los derechos y las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En su artículo 21, la ley contempla algunas líneas generales de cómo deben ser las organizaciones que alcancen el rango de “representativas” a nivel estatal, aunque emplaza a concretar los criterios reglamentariamente.

Esas organizaciones tienen varias funciones ligadas a este estatus, como ser consultadas por el Gobierno cuando se diseñen políticas públicas que afecten a los autónomos, colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores por cuenta propia y ostentar representación institucional en administraciones públicas y otras entidades.

El Estatuto creó también el Consejo del Trabajo Autónomo, órgano consultivo del Gobierno para las cuestiones relacionadas con el trabajo autónomo, pero se quedó en el papel. Nunca llegó a constituirse. El motivo es que está íntimamente relacionado con el sistema de representatividad: sus miembros deben formar parte de “las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas”, además de los sindicatos, la patronal y los representantes públicos. Como no ha llegado a acordarse ese sistema de representatividad, el Consejo no se ha materializado.

La clasificación de 2011

La única referencia para conocer qué colectivos son más representativos data de 2011. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una norma en 2010 que reguló los criterios de representatividad, que tenían en cuenta los afiliados de las asociaciones, sus sedes, organizaciones vinculadas y sus recursos humanos y materiales. De ahí, salió una resolución en 2011 que seleccionaba a cinco organizaciones como “representativas”: UPTA, ATA, FOPAE (hoy desaparecida), UATAE y CEAT, por orden de puntos.

Los criterios fueron recurridos ante los tribunales por ATA y CEAT. Aunque la justicia respaldó el proceso, reconoce a eldiario.es el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esos criterios nunca se volvieron a aplicar. De hecho, los artículos que recogían esta cuestión en el decreto de 2010 fueron derogados posteriormente por el PP.

La propia clasificación de las organizaciones más representativas, con una vigencia de cuatro años (hasta junio de 2015), tampoco quedó invalidada pero en la práctica “nunca se ha aplicado”, apuntan fuentes de Trabajo. Por ejemplo, no sirvió para que se creara el Consejo de Trabajo Autónomo, que ha quedado a la espera de llegar a un consenso en el sistema de representatividad.

El Gobierno del PP no lo elaboró durante sus dos legislaturas, pese a establecer incluso un plazo para ello en la ley de 2017 de Reformas urgentes del Trabajo Autónomo. Ahora el Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio va a “comenzar en breve” la negociación con los colectivos de autónomos del decreto de representatividad. El Gobierno ya tiene un borrador, pero espera un informe de la Abogacía de Estado que ha pedido al respecto, sostienen fuentes oficiales.

Los colectivos que negocian con el Gobierno

¿Con qué organismos de autónomos abordará Trabajo esos criterios de representatividad? Con los mismos que están participando en el diálogo de las medidas legislativas que afectan a los trabajadores por cuenta propia en la actualidad, como el aumento de la cotización y de la protección social aprobada a final de 2018.

Las asociaciones son UPTA, vinculada a UGT; UATAE, afín a Comisiones Obreras; ATA, que acaba de integrarse en CEOE; y CEAT, que está en duda que participe en el diálogo, apuntan en el Ministerio de Trabajo, ya que hasta el momento era la organización dependiente de CEOE y ahora la patronal cuenta con la representación de ATA.

No son estrictamente las organizaciones más representativas, ya que no hay un mecanismo para ello, sino las que cuenta con una “mayor implantación” (sedes y personal). Esa clasificación, necesaria para que las asociaciones opten a las subvenciones por gasto de funcionamiento, se publica cada año y es la que sustenta las referencias que se hacen en la actualidad al peso de cada colectivo.

Es frecuente encontrar menciones a que ATA es la “más representativa”, con un peso del 61%. Según estos datos, UPTA tiene un peso del 19,6% y UATAE del 16%.

Sin embargo, el dato corresponde a su implantación, que no tiene en cuenta el número de autónomos afiliados a estas asociaciones, a cuántas personas representa, sino que tengan un carácter intersectorial, sede en al menos tres comunidades autónomas y su personal a cargo.

Siguiendo este baremo, previsiblemente los representantes de ATA, UPTA y UATAE serán los que negocien en los próximos meses uno de los cambios más relevantes en el sistema de autónomos: la cotización según sus ingresos reales. Este nuevo sistema deberá implementarse ya en 2019, según el compromiso de Pedro Sánchez.