Escrivá acusa al Gobierno de Ayuso de utilizar el IMV para “ahorrarse” dinero contra la pobreza en Madrid

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, endurece el tono contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de las becas comedor para niños de escasos recursos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso excluye a escolares de familias en pobreza que perciben el ingreso mínimo vital (IMV) de esta ayuda, una situación que el consejero madrileño Enrique Ossorio justificó debido a que el Gobierno central no les había facilitado unos datos pedidos desde hacía “meses”. El ministro Escrivá ha desmentido este hecho, “un argumento espurio” para “ahorrarse las ayudas de comedor para los niños más vulnerables”, ha afirmado este jueves en una rueda de prensa en Valencia.

La discusión entre ambos responsables políticos, del Gobierno central y el regional, se ha plasmado estos días en Twitter. Tras el argumento esgrimido por el consejero madrileño en su perfil en esta red social, José Luis Escrivá respondió que se trataba de un “bulo exculpatorio” ya que el Ministerio manda semanalmente a todas las Comunidades la información de los beneficiarios del IMV.

Tras varios tuits en los que el ministro Escrivá reclamaba unas “disculpas” del consejero madrileño, Enrique Ossorio apuntó que la Comunidad estaba reclamando unos datos específicos sobre renta de los menores beneficiarios del ingreso mínimo estatal y sobre los menores que cobraban el IMV sin que antes percibieran la renta mínima contra la pobreza de la Comunidad de Madrid (RMI), algo que el Ministerio de la Seguridad Social no había facilitado, según el político.

Escrivá negó de nuevo en redes sociales las explicaciones del portavoz del gobierno madrileño, ya que recordó que hay varios canales de comunicación disponibles para conocer información sobre los beneficiarios del IMV. Además, el responsable de la Seguridad Social aseguró que hay datos sobre renta que la administración madrileña debe requerir a las familias por una cuestión de “protección de datos”.

Utilizar el IMV para “ahorrarse, ahorrarse, ahorrarse”

El ministro Escrivá ha dado un paso más este jueves en la batalla pública al respecto y ha acusado directamente a la Comunidad de Madrid de utilizar el ingreso mínimo vital estatal para “ahorrarse” dinero, recursos que antes la Comunidad destinaba a la lucha contra la pobreza mediante el pago de su renta mínima regional, la RMI (renta mínima de inserción).

“Madrid es una Comunidad Autónoma que desde primer momento ha mostrado muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias al ingreso mínimo vital. Más bien han utilizado la existencia del IMV –a diferencia de la Comunidad Valenciana, por ejemplo– para ahorrarse, ahorrase, ahorrase”, ha dicho el ministro en una rueda de prensa en Valencia junto al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

“Parece que en este caso también querían ahorrarse las ayudas de comedor para los niños más vulnerables con el argumento espurio de que no tenían la información adecuada”, ha añadido. Escrivá ha recordado que los consejeros de Navarra y Aragón han afirmado también que hay “varias vías” para tener información sobre los perceptores del IMV.

“La Comunidad de Madrid se ha ahorrado ya 75 millones de euros con la introducción del ingreso mínimo vital y probablemente llegue a los 150 millones este año. El problema desde luego no debe ser de recursos económicos de la Comunidad de Madrid. Igual es otro”, ha zanjado el ministro.

Las ONG y voces expertas en la lucha contra la pobreza celebraron la puesta en marcha del IMV a nivel estatal, que genera un suelo mínimo de ingresos en todo el estado, pero reclamaban un buen ajuste de las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas para que se aplicaran políticas complementarias y las administraciones regionales no dejaran de invertir contra este problema social como hasta la fecha. En el inicio del despliegue del IMV se han visto respuestas muy diferentes entre administraciones, desde familias con ayudas suspendidas en Madrid al aumento de la prestación en Baleares.