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Garzón carga contra el “oligopolio” eléctrico y anuncia una reforma para que “la factura de la luz sea mucho más sencilla”

El ministro de Consumo, este miércoles en el Congreso.

Antonio M. Vélez

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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este miércoles en el Congreso que su departamento va a “incorporar reformas encaminadas a que toda la comprensión de la factura de la luz sea mucho más sencilla”. 

En una comparecencia trufada de alusiones al “oligopolio” eléctrico, a petición propia, para explicar la situación respecto a la subida de la luz de la primera quincena de enero y exponer las líneas de trabajo de su departamento, Garzón ha expresado su voluntad de “perseguir en coalición con las comunidades autónomas la publicidad engañosa” de las energéticas, dado que “uno de los principales” objetos de las reclamaciones ante las autoridades de Consumo son contra estas empresas, especialmente “con publicidad engañosa respecto a los precios”.

Según Consumo, a lo largo del año 2020 este departamento ha constatado que en la información que las empresas proporcionan a los clientes se producen omisiones sobre impuestos aplicables, una práctica que provoca distorsión sobre el precio final de la energía. “Para ello, Consumo ejercerá la acción de cesación ante los tribunales de justicia contra estas acciones publicitarias”.

Garzón no ha detallado qué reformas prepara para hacer más inteligible una factura que es “confusa” y “la mayoría de la población” española “no entiende”. El ministro ha dedicado más de media hora de su comparecencia inicial a explicar el funcionamiento del “oligopolio” de este mercado, que “no es un mercado cualquiera”, por la naturaleza del producto que ofrece y porque tiene una estructura “que no es competitiva”, sino “más bien oligopólica”, donde “tres grandes empresas ocupan la mayor parte del mercado”, controlando, en el caso del denominado pool mayorista, “la mayoría del mercado de la venta y la mayoría del mercado de la compra”, un poder “enorme” que impide que en su opinión exista competencia efectiva.

“Aunque haya crecido cuantitativamente el número de empresas ajenas al oligopolio en cuanto a poder de mercado la estructura sigue siendo básicamente la misma”, y esas tres empresas (Endesa, Iberdrola y Naturgy, a las que no ha citado) dan servicio a “la mayoría de la población”.

El ministro, que ha destacado que combatir la pobreza energética “es una prioridad de este Gobierno”, ha reconocido que las competencias en materia de energía atañen al Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera, pero ha subrayado que es “evidente” que las oscilaciones de precios afectan también a su departamento.

Ha destacado la “excelente” labor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que el Gobierno ha pedido investigar posibles irregularidades, y ha señalado que reformar el “mercado heredado” sigue estando en la agenda del Ejecutivo, pero requiere “voluntad política”, que gobiernos anteriores del PP “no tenían” y “tiempo”.

El titular de Consumo ha defendido que “lo que se ha estado haciendo hasta ahora va en la dirección correcta”. Pero ha pedido más: “cambios regulatorios institucionales”, como la empresa pública que llevaba en su programa electoral Unidas Podemos, y que descarta la vicepresidenta cuarta. Según Garzón, esa empresa pública “podría reequilibrar esta estructura de mercado sin ser la panacea”, porque se trata de un mercado “suficientemente complejo para que la solución no sea causal”.

También ha planteado una revisión de la fiscalidad de las tecnologías que reciben los denominados “beneficios caídos del cielo”, la hidroeléctrica y la nuclear. Y ha apostado por la “reforma profunda” del bono social y la incorporación del bono gasista que figuraba en el acuerdo de coalición.

El martes, la vicepresidenta Ribera anunció en el Congreso una reforma del bono para que lo reciban “quienes más los necesitan”. Estos descuentos en el recibo de entre el 25% y el 40% benefician a diferentes colectivos vulnerables, aunque se otorgan también de manera indiscriminada a las familias numerosas, sin distinguir su nivel de renta. 

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