Afectados del amianto y sindicatos se vuelcan contra el PSOE por la financiación del fondo para víctimas

La batalla por el prometido fondo de compensación a víctimas del amianto no acaba. Tras rebelarse por el intento del PSOE de excluir a los trabajadores de la medida, ya enterrado, ahora las alertas se centran en su financiación. Los colectivos de afectados por este material tóxico para la salud y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han reforzado este miércoles su presión contra el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, que ha planteado que el órgano no dependa ni se financie de la Seguridad Social, lo que consideran un cambio que “vulnera el espíritu” del fondo y que puede volverlo “inoperante”.

El fondo de víctimas del amianto, al que la mayoría del Congreso dio luz verde en abril del año pasado para su tramitación, se encuentra en fase de ponencia en el Parlamento. Los grupos políticos debaten cómo será esta medida esperada desde hace años por las víctimas de este material tóxico que utilizaron empresas y Administraciones durante años y que hoy sigue presente en algunas instalaciones, como colegios y el Metro de Madrid, por ejemplo.

La tramitación parlamentaria del fondo está siendo turbulenta por la postura del grupo socialista, líder en el Gobierno, respecto a la proposición de ley que parte del Parlamento Vasco. La iniciativa vasca fue elevada por unanimidad y plantea un fondo de compensación que sigue el modelo del creado en Francia, Países Bajos y Bélgica.

En marzo, el grupo socialista en el Congreso dio un giro de 180º y, tras celebrar la importancia de este fondo para los trabajadores, propuso en la tramitación de la norma que los trabajadores quedaran excluidos de las compensaciones. La enmienda del PSOE se presentó en el último momento, en contra de lo que desde el grupo parlamentario habían hablado con las víctimas y sindicatos, y venía de la mano del posicionamiento del Ministerio de la Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá.

Incluiría a los trabajadores, pero “peligra” la financiación

Tras la conmoción y las quejas por este inesperado viraje, también criticado por los socialistas vascos, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha estado trabajando en los últimos meses nuevas enmiendas al texto legislativo con otros grupos políticos, que suponen la inclusión de los trabajadores de nuevo como beneficiarios, según varias fuentes consultadas.

Sin embargo, ahora el enfado y las alertas de los sindicatos y asociaciones de víctimas radican en otro frente: la postura de los socialistas sobre la ubicación orgánica del fondo dentro de la estructura del Estado y su financiación.

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) así como dos delegaciones de CCOO y UGT encabezadas por sus líderes estatales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han plantado este miércoles delante del Parlamento para denunciar que los socialistas pretenden ubicar el fondo fuera de la Seguridad Social, lo que consideran que “desnaturaliza” el fondo que sigue la estela del francés, lo que puede limitar su financiación y hacerlo “inoperante”, señalan.

“El fondo tiene que depender directamente de la Seguridad Social”, ha advertido Unai Sordo, líder de CCOO, que ha subrayado que debe contar además con “recursos suficientes”, como argumenta en esta columna en elDiario.es. El secretario general de UGT también ha emplazado al PSOE a un cambio de postura, para concluir este “acto de justicia social” con los afectados por el amianto.

El PSOE había propuesto que el fondo dependiera del IMSERSO, una postura que defendió el ministro Escrivá en el Parlamento a preguntas de EH Bildu. “El IMSERSO lo va a hacer estupendamente bien, como lo ha hecho en el pasado”, apuntó el responsable de la Seguridad a Oskar Matute, tomando como ejemplos las compensaciones a otros colectivos.

Tras esa postura inicial, en estos momentos la ubicación orgánica está siendo debatida por parte del PSOE con otros grupos políticos, con la posibilidad de ubicarlo en otros Ministerios, entre ellos la Seguridad Social según las últimas conversaciones de este miércoles, según fuentes parlamentarias. El tema aún no está cerrado y, sobre todo, aún hay diferencias sobre el origen de los recursos del fondo.

Los sindicatos exigen que la ubicación del fondo sea el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y, sobre todo, que esto vaya unido al respaldo en su financiación a través de cotizaciones sociales. Su temor es que el fondo para víctimas cuelgue de otros organismos y que se alimente solo de partidas presupuestarias que dependan del gobierno de turno y de la voluntad de dotar de fondos cada año en los Presupuestos. En los últimos presupuestos, el Gobierno pactó con EH Bildu la primera dotación del fondo, de 25 millones de euros.

“No se puede fallar a víctimas que han perdido la salud durante décadas por trabajar con una sustancia prohibida, que incluso antes de ser prohibida se sabía que provocaba efectos letales”, ha sostenido Sordo.