La vivienda vuelve a ser el factor que más arrastra a la exclusión social en España

Residir en una infravivienda, en casas insalubres o quedar por debajo del umbral de la pobreza severa tras descontarse los gastos de la vivienda y suministros. Son solo tres de los ocho indicadores que la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, mide como muestras de exclusión residencial en su octavo informe sobre exclusión social en España. Una de sus conclusiones subraya que la vivienda vuelve a situarse como el “primer factor de exclusión social”, por delante del empleo, como ya ocurría antes de la crisis.

La investigación, basada en encuestas realizadas a 29.000 personas de 11.600 hogares y en la que han participado 125 investigadores, mide la exclusión social gracias a 35 indicadores que plasman dificultades en ocho ámbitos: empleo, vivienda, salud, educación, política, consumo, conflicto social y aislamiento social.

El cruce de las diferentes variables conforman cuatro franjas en la sociedad en España: la primera es la que no está afectada por ninguno de estos 35 problemas, que cuentan con una “integración plena”; la segunda, la que afronta solo algunas de ellas, pero aún se entiende que son personas integradas (“integración precaria”); la tercera y la cuarta las forman hogares en exclusión, moderada en el primer caso y severa en el último.

En resumen, el estudio destaca que en 2018 había 8,5 millones las personas excluidas en España, 1,2 millones más que hace una década. La investigación subraya que aunque los niveles de exclusión se acercan a los previos a la crisis, después de sufrir un gran aumento durante la recesión, en la actualidad hay más personas que atraviesan situaciones de exclusión severa que en 2007.

Por ejemplo, dentro del colectivo en “exclusión severa” el informe identifica al grupo de los “expulsados” –que acumulan tal cantidad de dificultades que “exigirían de una intervención urgente” para garantizarles una vida “mínimamente digna”– , cuyo número se ha triplicado desde ese año: eran 1,8 millones de personas en 2018, respecto a las 600.000 de hace una década.

Detrás de las cifras globales, la Fundación Foessa señala los principales focos que originan esas situaciones de exclusión. La investigación sitúa la vivienda como el primer factor de exclusión porque sus indicadores están presentes en “un 21,7% de los hogares encuestados”, mientras que “un 20,8%” de las viviendas afrontan al menos alguna de las variables de exclusión en el empleo, el segundo factor de exclusión, explica a eldiario.es Daniel Rodríguez, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas.

El primer y segundo foco de exclusión social vuelven a ser los mismos que midió la Fundación antes de la crisis (en 2007 los porcentajes eran del 22,4% y 15,8%, respectivamente). En 2013, en los momentos más duros de la recesión, la exclusión relacionada con el empleo se convirtió en la primera causa, con un 34%, seguida de la vivienda con un 25,6%.

El estudio llama la atención sobre el tema de la vivienda como un reto al que no se ha puesto solución, sin apenas viviendas sociales o ayudas económicas. “Si bien el mercado laboral ha mejorado, otros factores presentes en los procesos de exclusión en España no han sufrido variaciones. Es el caso de los elevados precios de la vivienda en compra o alquiler o la ausencia de un sistema de garantía de ingresos mínimos”, apunta.

Una de sus manifestaciones más duras son los desahucios por impago de alquiler, más numerosos que los que derivan de ejecuciones hipotecarias y que van en aumento. Las respuestas de los encuestados por la fundación dibujan una situación límite para muchas familias: dos millones de personas viven con el temor de quedarse sin casa.

Los responsables de la investigación piden tomar nota de estos focos de exclusión, ya que la recuperación económica ha traído “una nueva etapa, pero no un cambio de modelo de desarrollo social y económico y se trata de un modelo con serias dificultades para los más vulnerables”, afirmó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, en la presentación del estudio.

Los alquilados multiplican el riesgo de exclusión

La exclusión social se multiplica en los hogares que viven de alquiler, frente a los que tienen la vivienda en propiedad. El alto precio de los alquileres (y en ascenso) se erige como uno de los principales motivos: desde la crisis aumentó el número de personas que viven de alquiler, pero no ocurrió en la misma proporción la cantidad de viviendas disponibles, lo que ha disparado los precios.

Por ejemplo, un 20,5% de los hogares en alquiler afirman que no disponen de dinero suficiente para pagar el coste de la vivienda, mientras que en las viviendas en propiedad el porcentaje cae el 11,8% (cuando el hogar tiene aún pendiente parte de la hipoteca) y el 7,1% (cuando no tiene pagos pendientes).

El informe indica que para la mayor parte de los indicadores de exclusión residencial estudiados, los datos son similares o inferiores a los registrados hace una década. Excepto uno: el porcentaje de hogares cuyos gastos en vivienda son excesivos. Se trata de los hogares que se quedan con unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza severa (30% de la renta mediana en España) una vez que pagan los gastos derivados de la vivienda. En 2018, esta situación afectó al 9,5% de los hogares, más del doble que en 2007 (4,5%).

La pobreza energética también ha crecido en la última década, aunque Daniel Rodríguez explica que la fundación la mide pero no forma parte de los indicadores que componen su definición de exclusión social, “porque no hay una forma unificada de medirla, depende de cada organismo”. La fundación la define como “hogares que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada” y alerta de que también se han disparado: en 2007 era el 5,9% de los hogares mientras que en 2018 fue del 16,6%.

“Resulta evidente la insuficiencia de las medidas que se han articulado en España para ayudar estas familias”, apunta el informe, que menciona el bono social eléctrico y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. “Muchos hogares energéticamente pobres no pudieron acogerse al mismo y para muchos de los que sí accedieron la escasa cuantía de la ayuda no les ha permitido superar su situación de precariedad energética”, añade la fundación.

¿A quiénes afecta sobre todo la exclusión? Dado que el estudio identifica entre las causas de riesgo más frecuentes “la mala calidad del empleo y los problemas de mantenimiento de la vivienda”, los investigadores destacan una “clara lectura intergeneracional de la exclusión social”, con la población joven con más exposición a estos problemas que las generaciones de mayor edad. Guillermo Fernández, coordinador del informe, subrayó además que la desigualdad de género es visible en la mayor probabilidad de las mujeres de sufrir exclusión social en sus diferentes modalidades.

La exclusión se extiende al eje Mediterráneo

Otra de las conclusiones destacadas del estudio, que abordará la fundación más adelante de manera específica, pasa por localizar cómo afecta la exclusión social en las diferentes Comunidades Autónomas. “La distribución territorial de la exclusión ofrece algunas variaciones con relación al tradicional eje norte-sur de la exclusión social en nuestro país”, apunta la investigación.

Los investigadores detectan un eje Sur-Mediterráneo: “El eje Sur se extiende hacia el Mediterráneo incorporando a Cataluña e Islas Baleares a las comunidades donde la exclusión social es más elevada”. Castilla-La Mancha en cambio, “una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje Sur, se ubica ahora más cerca de una situación intermedia”.

Guillermo Fernández explicó que en el informe de la fundación de 2013 ya observaron este cambio de eje a nivel territorial, pero no lo destacaron a la espera de comprobar si se consolidaba en el tiempo o estaba vinculado solo a la crisis. Aunque se abordará este cambio más adelante, Fernández adelantó que “tiene que ver mucho con los factores de exclusión residencial”, como los problemas de elevados precios para residir en las Islas Baleares y en Barcelona, entre otros destinos.

El informe identifica además dos variables de precariedad en la vivienda, con su distribución por Comunidades Autónomas. Por un lado, residir en una “vivienda insegura”, aquella en la que concurre al menos una de estas tres situaciones: tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente); si por problemas económicos en el hogar, este ha sufrido amenaza de expulsión de su vivienda; y los hogares en los que algún miembro ha sufrido en el último año o sufre actualmente malos tratos físicos o psicológicos.

En el conjunto de España, un 4,3% de los hogares (795.390 hogares y 2,1 millones de personas) reside en viviendas inseguras. Las Comunidades con peores datos son Islas Baleares (8,1% de los hogares) y Murcia (7,1%).

Por otro lado, el estudio identifica como “viviendas inadecuadas” aquellas que sean infravivienda (chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar); viviendas con deficiencias graves en la construcción, ruina, etc; hogares en situación de hacinamiento grave (

Esta situación alcanza al 7% de los hogares en España (1.287.548 y 4,6 millones de personas), con Canarias (11,9%) y Catalunya (11%) como las Comunidades más afectadas.