¿Hay espeleólogos de segunda categoría?

Cuando un alpinista o un espeleólogo español tiene un accidente en alguna cueva o alguna montaña en el extranjero, ¿debe el Estado hacerse cargo de su rescate o tiene que salir del atolladero por sus propios medios, sin apoyo del dinero público?

Personalmente, creo que salvar una vida siempre merece el esfuerzo, y que el Gobierno debe colaborar con todos los recursos a su alcance. Es pura humanidad, a pesar de que también entiendo la posición de quien defiende que el Estado no está para salvar la vida de alguien que la pone consciente y voluntariamente en peligro, practicando un deporte extremo. Es un debate complejo y hay argumentos válidos para defender ambas posturas. Pero lo que es indefendible es que el propio Gobierno haga dos cosas distintas, dependiendo de quién sea el afectado.

Hace unos meses, otro espeleólogo español, el biólogo Cecilio López, tuvo que ser rescatado del fondo de la cueva Intimachay, en Perú. Falló uno de los amarres, cayó cinco metros y se rompió una de las vértebras. No podía mover las piernas. Cecilio no estaba en Intimachay, a 400 metros bajo tierra, solo por deporte: estaba colaborando con la Universidad de Lima en la exploración de esa cueva, donde se han encontrado restos arqueológicos de la cultura Chachapoya.

Cecilio López pasó en el fondo de la cueva 13 días hasta que fue rescatado… por voluntarios que financiaron la operación de salvamento con un crowdfunding. El Gobierno se negó a movilizar a los GREIM –el grupo de rescate en montaña de la Guardia Civil–. Tampoco puso ningún avión para trasladar a los 58 voluntarios que se pagaron el billete de su bolsillo. El Ministerio de Exteriores colaboró, pero solo con gestiones diplomáticas y ayudando a conseguir descuentos con la aerolínea para mover el equipo de rescate –casi 3.000 kilos–. El rescate costó más de 100.000 euros. El Estado no puso un duro. Es el mismo protocolo que se suele seguir cuando, por ejemplo, un alpinista sufre un accidente en el Himalaya.

“Mi país no ha aportado nada, si es por ellos estoy en el fondo de la cueva”, aseguró el espeleólogo al llegar de vuelta a España.

Nada que ver con lo que ocurrió la semana pasada, cuando otros tres espeleólogos españoles tuvieron otro accidente en un barranco en el Atlas, en Marruecos.

A las 24 horas, ya estaba listo para despegar un avión de la Policía con un equipo de rescate. El Ministerio de Interior no solo movilizó a los GREIM de la Guardia Civil, sino también a un grupo de los GEO de la Policía Nacional, a pesar de que esta unidad de élite ni tiene formación especializada ni se ocupa de los rescates en montaña. Lamentablemente, Marruecos no fue tan diligente con los permisos. La ayuda española no llegó a tiempo y solo se salvó uno de los tres espeleólogos, pero nadie puede criticar que, en esta ocasión, el Gobierno no pusiese todos los medios a su alcance para intentar salvar sus vidas.

¿Por qué en este caso sí y en el otro no? ¿Por qué se movilizó a los GEO? ¿Por qué esta vez actuó el Ministerio del Interior, cuando estos asuntos los suele llevar en solitario el Ministerio de Exteriores? ¿Tiene que ver con el hecho de que dos de estos tres espeleólogos eran policías?

Lo vuelvo a repetir: el Estado también está para salvar vidas. No criticaré que un Gobierno ponga todos los medios a su alcance para rescatar a un compatriota en peligro, sea un periodista secuestrado por el ISIS, un pescador en el océano Índico, un misionero con ébola o un espeleólogo accidentado. Pero estaría bien que el Gobierno explicase cuál es el criterio a seguir y por qué la vida de algunos españoles es de segunda categoría.