El delegado del Gobierno asegura que el PNV quiere frenar una ley de vivienda que tiene “adhesión” social

Para su encuentro con periodistas en Vitoria, el delegado del Gobierno de España en Euskadi en funciones, el socialista Denis Itxaso, llevaba preparada una cartulina con cuatro ideas escritas a ordenador para defender la ley española de vivienda. El Ejecutivo vasco, con la oposición del PSE-EE, que es además el que dirige la cartera de Vivienda dentro de la coalición con el PNV, ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Itxaso, que ha atribuido exclusivamente a una decisión de los nacionalistas el recurso, ha considerado “curioso” que se busque paralizar una normativa que “concita semejante adhesión y consenso” entre la ciudadanía vasca y entre la mayoría de alcaldes de la comunidad autónoma.

“El Gobierno de España ha impulsado una ley histórica en uno de los principales problemas que tiene este país, como es el acceso a una vivienda digna. Ese acceso es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad y entendemos que debíamos consolidar la igualdad en el acceso a la vivienda, no solamente para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras. Ése fue el objeto último de la nueva ley aprobada por las Cortes Generales recientemente”, ha argumentado Itxaso. El argumento de la parte del PNV del Gobierno vasco, que sigue los pasos del PP de Isabel Díaz Ayuso o de Juan Manuel Moreno Bonilla, es que el Estado invade las competencias autonómicas vascas.

El delegado, en cambio, lo ha rechazado: “Además de ser una cuestión de justicia, entendemos que es respetuosa también con las competencias autonómicas y así lo han entendido la mayor parte de los grupos parlamentarios que han apoyado este texto legislativo”. Y ha añadido: “En este caso, el PNV ha decidido plantear directamente el recurso ante el Constitucional y no ha habido posibilidad de diálogo. Pero en todo caso estaremos a lo que diga el tribunal. Nosotros estamos plenamente convencidos de que ésta es una ley que respeta las competencias. Así lo han entendido otros grupos parlamentarios también. Evidentemente estas leyes no se aprueban si no es con un sinfín de informes y con todas las bendiciones apostólicas y romanas. Es decir que aquí, cuando se aprueban las leyes, tienen que pasar muchísimos filtros, muchísimos informes técnicos, jurídicos, financieros, de todo tipo”.

Asimismo, Itxaso ha defendido que durante el lustro de Pedro Sánchez en La Moncloa se ha reducido la litigiosidad a la inversa, es decir, los recursos del Estado a la comunidad autónoma por excederse en sus competencias. La parte del PNV del Gobierno vasco entiende lo contrario. Asegura que hay una “pauta” para recurrirlo todo, ley a ley. “La litigiosidad entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco se ha reducido notablemente. Y no solamente con el Gobierno vasco, sino con el conjunto de las comunidades autónomas. Ha sido una constante y una premisa del Ministerio de Política Territorial el de tratar de rebajar la litigiosidad”. Ha señalado como ejemplo que la ley antipandemia logró ser reconducida con un acuerdo político extrajudicial.

Itxaso ha recordado también que el PNV nunca apoyó la ley autonómica de vivienda, que data de 2015. Quien sí suscribió aquel texto con los socialistas y ahora la norma estatal ha sido EH Bildu. La coalición abertzale ha criticado igualmente la decisión de ir al Constitucional y ha ironizado que Iñigo Urkullu ha actuado igual que Isabel Díaz Ayuso. Formalmente y por boca de su portavoz, Unai Urruzuna, han solicitado al PNV que desista de interponer el recurso y que aplique un texto que es beneficioso para la ciudadanía, según su criterio.

“Es muy preocupante el anuncio del Gobierno de Urkullu. La ley de vivienda que nosotros trabajamos y acordamos trae numerosos beneficios para las miles de personas que actualmente no tienen acceso a la vivienda digna”, ha explicado Urruzuno citando, entre otros puntos, “el tope a los precios de los alquileres o la declaración de zonas tensionadas”. Y ha apostillado: “Desde 2015 contamos con una Ley de vivienda vasca que no ha sido desarrollada ni aplicada con la excusa de que se carecía de competencias para ello. Ahora que hay una ley estatal que le da cobertura legal, nos viene el Gobierno de Urkullu diciendo que la cuestión competencial puede ser una barrera para desarrollar esa ley”.

“Estamos ante un debate netamente ideológico, de principios políticos y que tienen que ver mucho con los intereses que cada cual defiende en estos momentos. El PNV defiende los intereses de las grandes constructoras, de los grandes tenedores y, ante estos hechos, EH Bildu siempre va a defender los intereses y las necesidades de la gente”, ha asegurado sobre la radicalmente diferente posiciones de ambos partidos en torno a estas políticas.