¿Obrero bueno, obrero enfermo?
Dani Ramos no está hoy para celebraciones. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, pero para él, sus años de marmolista son cosa del pasado. A sus 30 años, ya es un enfermo en vida. Solo ha trabajado seis años en una marmolería de Lemoa (Bizkaia), pero sus pulmones están ya muy dañados. Partículas microscópicas de polvo de sílice se han incrustado en sus alveolos. El diagnóstico es claro: psilicosis, segundo grado de afección, incapacidad total. La enfermedad sigue avanzando. Nadie sabe hasta dónde ni cuánto, pero el riesgo de colapso pulmonar está ahí. Según las estadísticas médicas, tiene tres veces más posibilidades de tener tuberculosis y un 40% de padecer cáncer de pulmón a lo largo de su vida.
Acostumbrado a respirar ese polvo que todo lo impregna mientras cortaba los tableros de aglomerado de cuarzo con los que se fabrican las encimeras de las cocinas y baños, los pulmones de Dani han enfermado irremediablemente. Pero el diagnóstico no le ha quitado fuerza para levantar el dedo acusador: “No importaba si usabas o no mascarilla, era el momento en el que las encimeras volaban para las casas en construcción. Nadie nos avisó de nada, ni el fabricante, ni los servicios de prevención, ni los jefes. En los empresarios primaba más la producción y el dinero rápido, que la seguridad. Ahora se echan unos la culpa a los otros, pero al final pagamos los de siempre, los obreros”, clama, mateniendo el dedo acusador en alto. El dedo y una sentencia entre sus manos que le va a permitir incrementar los 1.019 euros que entran ahora en su bolsillo al mes tras ganar los recargos de prestaciones en su demanda contra el servicio de prevención.
“Me mareaban entre los del servicio de prevención y la mutua y yo veía que me faltaba el aire y sentía algo raro en el pecho. Pero los del servicio me ponían apto en todos los chequeos. Tuve que forzar las cosas, análisis por mi cuenta, ir hasta Oviedo al Instituto Nacional de Silicosis, pegarme con el médico de familia, que no daba valor a los análisis que traía de allí. Es increíble: los que tienen que velar por tu salud, te engañan. Y nadie quería saber nada de pagar la incapacidad hasta que definieran lo mío como enfermedad profesional”, relata Dani.
Los gobiernos, las mutuas, los empresarios sin escrúpulos, los fabricantes que buscan solo dinero fácil y rapido, los servicios de prevención, Osalan, la Seguridad Social y los propios trabajadores que no siguen las indicaciones de seguridad..., todos y ninguno a la vez son responsables de unos índices de enfermedades profesionales y de siniestralidad laboral que, aunque en clara curva descendente, “deben ser considerados inadmisibles”, como coinciden en destacar tanto Leire Txakartegi (ELA), como Alfonso Ríos (CC OO), responsables de Salud Laboral en sus respectivas organizaciones sindicales.
75.812 accidentes
Los últimos datos oficiales de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) confirman la tendencia a la baja de la siniestralidad. En 2012, se produjeron en el País Vasco 75.812 accidentes de trabajo, frente a los 81.149 que contabilizó este organismo autónomo el año anterior. Y ya veníamos de un descenso superior al 8% en 2011, frente al 2010. De hecho, la tendencia a la baja es aún mayor si nos fijamos en los datos del Instituto Vasco de Medicina Legal, estadísticas que revelan un descenso del 65,50% en la siniestralidad laboral entre 2005 y 2012. Antes incluso de que comenzara la crisis. En el caso de las enfermedades profesionales, también persiste la bajada. Los partes de este tipo de enfermedades han pasado de 2.960 en 2011 a los 2.799 del pasado año.
¿Dónde hay que buscar la explicación a estas tendencias? ¿Es la crisis la única razón? ¿O el miedo a perder el puesto de trabajo ante un nivel de paro histórico (27,1 en España) hace que no se declaren todas las enfermedades profesionales? ¿Están funcionando los planes de prevención diseñados por las administraciones públicas?
Pilar Collantes ha dirigido en los últimos años Osalan. Conoce bien la actuación del Gobierno en esta materia. Ha dejado encarrilado para el nuevo gobierno de Urkullu la estrategia de seguridad y salud laboral hasta 2014. Collantes, de hecho, apunta que el problema no es normativo. Reconoce que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995. es “muy buena. La cuestión es que se ha tardado mucho en lograr llevar la cultura de la prevención a las empresas, que pese a todo han mejorado mucho”. Collantes está convencida de que en esa disminución a la mitad en los accidentes laborales, solo “el 10% se puede atribuir a las políticas de prevención conjuntas desarrolladas entre trabajadores, empresas y administraciones”. Y asume que la crisis, la precarización en el trabajo, las últimas reformas laborales, las personas que trabajan a peonadas o sin permiso de trabajo, los trabajadores inmigrantes que desconocen el idioma y no pueden entender muchas veces los riesgos de su trabajo, todo suma un cóctel tóxico que incide negativamente en la salud laboral.
106 millones de euros al año
“La Administración ha dejado en manos externas, en las mutuas y en los servicios de prevención la aplicación real de esa ley. Las mutuas, que son en realidad entidades colaboradoras de la Seguridad Social, son las que controlan las bajas por enfermedad profesional. Y la Administración ha decidido que no está dispuesta a pagar tantas bajas”, explica Collantes.
Porque la salud laboral también es una cuestión de dinero. Y un negocio. Un estudio de Osalan reveló en 2011 que se estaba derivando el coste de las enfermedades profesionales a la Sanidad Pública como si de enfermedades comunes se tratara. Un gasto que debería correr a cargo de las empresas y las mutuas. En total, el gasto anual para Osakidetza por este motivo se elevó a 106 millones de euros en 2008. Una cifra que se ha mantenido en el tiempo, admite Collantes. Sin embargo, los recortes llegan a todos los lados. En Osalan, un 14,87% para este año, mientras el gasto en salud laboral se queda en un raquítico 0,020% del PIB vasco.
“Cada vez son más la empresas que mandan a casa al accidentado sin pasar por la mutua o lo recolocan en otra actividad que sea compatible con la lesión”, denuncia Txakartegi, de ELA. “La ley de 1995 no es mala, el problema es que no hay un control efectivo de la Administración de cómo se cumple y, encima, hay un claro incumplimiento por parte de los empresarios”, apunta Ríos, de CC OO.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en enero un Real Decreto sobre la gestión de las incapacidades temporales (IT) que abrirá el camino a una ley de Mutuas. Una norma que, según estos sindicatos, va a suponer “un paso más en privatización de la Sanidad pública”, dice Txakartegi. Ahora el médico de cabecera tiene 15 días para responder sobre la propuesta de la mutua. Y el silencio actúa como una respuesta negativa. La nueva legislación acorta el plazo a cuatro días. El objetivo final, según las centrales, es que las mutuas puedan dar de alta a efectos médicos. “Lo que situaría a los trabajadores en un situación de mayor indefensión”, denuncia Ríos. Controlarían no solo las enfermedades profesionales, como pasa ahora, sino también las comunes. Y hay mucho dinero en juego.
Hoy hay reunión en la sede de Silikosia, la Asociación de Afectados de Silicosis de Euskadi (633205012). Dani y su compañero Iñaki Faulín, con una afección de primer grado, explican a los nuevos sus casos. Hay buenas noticias para Dani. Acaba de llegar la sentencia y es favorable. “Mira, las noches sin dormir no me las va a pagar nadie, ni los nervios y la depresión que tengo. Imagínate la angustia, comprar una casa en mayo de 2011 y que te diagnostiquen esto justo después. Pero al menos, espero que mi experiencia sirva para que no les engañen a los demás”.
