La nueva ley vasca de empleo público abre una rendija para contratar sanitarios extracomunitarios

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Empleo Público. Es una norma que regula la actividad de más de 100.000 personas que trabajan en el sector público. Una disposición abre la puerta a que las personas extracomunitarias puedan ser contratadas en régimen de personal funcionario o estatutario, una necesidad acuciante en Sanidad, particularmente. Eso sí será un desarrollo normativo posterior el que permitirá esta posibilidad, informa Europa Press.

El texto ha contado con el apoyo de los grupos en el Gobierno -PNV y PSE-EE- y ha recibido la abstención de PP+Cs. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y Vox han votado en contra. Los sindicatos también la rechazan. Particularmente, LAB ha convocado una concentración en la puerta de la Cámara. Con esta aprobación, las Administraciones públicas vascas contarán con una norma propia que sustituirá a la que está hasta ahora en vigor y que data de 1989.

Regula los aspectos de las personas que trabajan en lo público en todo aquello que se refiera a su trayectoria profesional, desde el momento de presentarse a una OPE, hasta su jubilación: la ordenación y estructura del empleo público; el diseño del sistema retributivo; la regulación de los órganos del empleo público y sus competencias; la formación y el desarrollo profesional; o la carrera profesional del personal. Además, busca una mayor coordinación del empleo público en el entramado institucional vasco y se dota de un nuevo órgano: la Comisión de Coordinación del Empleo Público, donde las diferentes instituciones podrán compartir experiencias, aunar criterios o promover políticas comunes para el personal empleado público.

Incluye dentro de su ámbito de aplicación no sólo al personal funcionario público, sino también al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas vascas. Afecta a los trabajadores de la Administración de la comunidad autónoma, administraciones forales y locales, personal administrativo y de servicios de UPV/EHU y entes instrumentales y consultivos del entramado institucional vasco. Además, la nueva ley abre la puerta a que las personas extracomunitarias puedan ser contratadas en régimen de personal funcionario o estatutario, aunque será un desarrollo normativo posterior el que permitirá esta posibilidad.

La norma también consolida la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Respecto al euskera, prevé medidas para garantizar el euskera como lengua de trabajo y como idioma de servicio. En el debate, la parlamentaria del PNV Estíbaliz Larrauri ha señalado que la ley recoge medidas para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y se ratifica el derecho de la ciudadanía a poder ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales. “Estamos ante un momento histórico porque 33 años después tendremos una nueva norma para consolidar un marco y un modelo propio de empleo público. Momento histórico pese al no de algunos grupos”, ha defendido.

Sobre la contratación de personas extracomunitarias, ha recordado que la nacionalidad es un requisito de acceso que exige la normativa básica del Estado, aunque permite que por ley se exceptúe para ciertos supuestos y en determinadas condiciones. “Serán futuros proyectos normativos los que regulen este asunto en base al artículo 72.5 de esta ley. Es una cuestión exclusivamente jurídica pese a las lecturas interesadas que algunos grupos están realizando”, ha manifestado antes de criticar las “posiciones maximalistas” de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallástegui ha defendido que esta ley es “necesaria y oportuna”, ya que ordena y defiende el régimen jurídico del empleo público de Euskadi, “se vincula con el proceso de racionalización y modernización” de la Administración Pública, y cree que “va a posibilitar la mejora de la calidad del empleo público”, contando con una Administración “eficaz y especializada”.

La parlamentaria de EH Bildu Pazis García ha criticado que esta ley “no viene acompañada de los consensos necesarios para hacer frente a los nuevos retos”, ya que “los representantes de los trabajadores la han rechazado”, y cree que “no va a limitar las subcontrataciones y las privatizaciones, no da pasos adelante en el uso del euskera, mantiene la discriminación de las personas con nacionalidad extracomunitaria y no refuerza la negociación colectiva”. Tras recordar que su grupo ha presentado al texto 103 enmiendas, ha anunciado su voto en contra criticando que la mayoría de sus enmiendas han sido rechazadas y ha subrayado que todas ellas “son coherentes con las iniciativas que han presentado durante la legislatura en defensa del empleo público”.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha destacado el “rechazo unánime de la totalidad de las centrales sindicales en la función pública” al texto y ha recordado que su grupo presentó una enmienda a la totalidad porque cree que “aprobar una legislación con este rechazo, no es aconsejable porque nace con marco de inestabilidad y foco de conflicto”. Además, ha defendido que esta ley se “tenía que haber aprovechado para blindar los servicios públicos”. PP+Cs ha destacado que se han recogido algunas enmiendas para la nueva Administración penitenciaria vasca.