100 días de PP y Vox en Extremadura: menos impuestos para los ricos, más caza y una crisis de gobierno

Si los primeros 100 días de gobierno sirven para marcar las directrices y prioridades de la legislatura, el Ejecutivo de coalición del PP y Vox en Extremadura, que este miércoles cumple esos tres meses que además suele dar de cortesía la oposición, ha dejado claras cuáles van a ser las suyas: rebajas de impuestos, especialmente a las rentas más altas, apoyo incondicional a la caza y los toros, y eliminación de la gratuidad universal de los comedores escolares para este curso, entre otras decisiones que en las próximas semanas beneficiarán, por ejemplo, a los empleados públicos.

Pero estos 100 días también se han caracterizado por la erosión en las relaciones entre los socios de Gobierno. En ocasiones por las medidas puestas en marcha y la autoría, otras porque Vox ha tensado la cuerda y ha querido ir más allá en algunas decisiones y otras por los intentos de la presidenta, María Guardiola, y los consejeros del PP por invisibilizar la presencia de la extrema derecha en el consejo de gobierno de la Junta de Extremadura. La prueba más fehaciente de esta falta de entendimiento fue la dimisión a los 77 días de la única consejera de Vox, Camino Limia, responsable hasta entonces de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, con competencias en extinción de incendios, toros y caza. Aunque aún se desconoce si fue por los roces con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por invasión de competencias o por las presiones de propio partido.

Han sido algo más de 14 semanas precedidas por contradicciones, que siguieron a la investidura de Guardiola. Antes de convertirse en presidenta se comprometió a no formar gobierno con “quienes negaban la violencia machista usan el trazo gordo, están deshumanizando a los inmigrantes y despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”, y finalmente traicionó a su palabra y se convirtió en presidenta con los votos de Vox a cambio de incluirlos en el Ejecutivo.

Opacidad y una dimisión a los 77 días

Y en su toma de posesión a mediados de julio aseguró: “Quiero luz, puertas y ventanas abiertas que no den opciones a la penumbra” para 11 días después eliminar la comparecencia de los altos cargos en la Asamblea de Extremadura con carácter previo a su nombramiento, una medida que pretendía dar transparencia pero que el nuevo Ejecutivo consideraba que retrasaría la formación de Gobierno. Pero es que a la semana siguiente entregó el Servicio Extremeño de Salud a una persona que ha desarrollado sus últimos 20 años de carrera profesional en el sector de los seguros privados y el servicio que gestiona las prestaciones de dependencia y las residencias sociosanitarias a hasta entonces  hasta ahora directora de la residencia DomusVi de Badajoz, perteneciente a una de las grandes cadenas de residencias privadas para personas mayores de España, y cuestionada por su actuación durante la pandemia.

Aún hoy, el PSOE pregunta al Gobierno sobre los posibles conflictos de intereses de algunos consejeros y altos cargos de la Administración extremeña, sin que hayan sido atendidas las solicitudes de información.

Como tampoco ha sido atendida la solicitud de comparecencia de la presidenta en la Asamblea de Extremadura para explicar la crisis de Gobierno entre el PP y Vox tras la dimisión de Camino Limia y el nombramiento como nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Ignacio Higuero de Juan, sancionado en dos ocasiones por incumplir la ley de caza, de la que ahora es responsable, como dio a conocer elDiario.es Extremadura.

Menos impuestos para los ricos

A pesar de ello, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, asegura que el PP y Vox  comparten hoja de ruta “en lo fundamental” a pesar de los “desplantes de Guardiola a la extrema derecha, como han demostrado con la eliminación del impuesto de patrimonio, que solo pagaban las fortunas superiores a los dos millones de euros (unos 1.200 extremeños). Esta medida forma parte de la rebaja fiscal aprobada por la Junta con carácter retroactivo a enero de este año que incluye la eliminación del impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías, la bajada de los tramos del IRPF y la rebaja del impuesto de matriculación sobre todo para los vehículos más caros del mercado.

Pero en estos meses, la oposición también ha criticado la eliminación de derecho sociales, como la gratuidad universal de los comedores escolares, una medida que se incluyó en los presupuestos para que entrase en vigor este año, pero que el Gobierno de María Guardiola eliminó al inicio del curso. Educación adujo razones presupuestarias para dejar fuera de la gratuidad a 2.100 niños y niñas que, no obstante, sí han conseguido plaza en los comedores aunque los padres y madres tienen que abonar los menús de su bolsillo. Otros 15.500 menores sí consiguieron la beca comedor, aunque familias monomarentales, en paro o con personas dependientes a su cargo denunciaron su exclusión.

Monterías en Monfragüe

Por otro lado, PP y Vox también han querido con sus primeras medidas hacer un guiño al sector de la caza con la reintroducción de las batidas en el Parque Nacional de Monfragüe. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordó a María Guardiola a través de la red social X que la ley, que es del PP, prohíbe la actividad cinegética en los parques nacionales. No obstante, la Junta asegura que se hace con criterios de control de las poblaciones de ciervos y jabalíes porque los actuales métodos se han mostrado “insuficientes”.

Pero aunque la medida se anunció para desarrollarse en los terrenos públicos de Monfragüe, sin perros y sin fines lucrativos ni comerciales, ya se estudia la opción de convertirla en monterías con perros ante la negativa de varias sociedades locales de cazadores a participar de otra forma. También se ampliará el permiso de la actividad cinegética a las fincas privadas del parque el año que viene.

Para el PP, el balance de los primeros 100 días es radicalmente opuesto porque se trata de un gobierno que “cumple la palabra dada” y sus “compromisos con los extremeños”, bajándole los impuestos, con los funcionarios, al pagarles la carrera profesional y la subida salarial, y con quienes más lo necesitan, con un incremento en seis millones de las ayudas a la contratación de personas con discapacidad.