Extremadura estudia recurrir la Ley de Vivienda al Constitucional y derogar la autonómica

La Junta de Extremadura estudia la presentación de un recuso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma, la comunidad se uniría a otras que ya lo han hecho, como Madrid, Euskadi, Baleares y mas recientemente Andalucía al entender que esa ley invade competencias autonómicas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha comparecido este jueves en la Asamblea y ha advertido de que la legislación estatal “vacía de contenido las competencias” de las comunidades, por lo que los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura valoran actualmente la presentación de ese recurso ante el Tribunal Constitucional.

Martín no ha ahorrado adjetivos a la hora de calificar la ley por el derecho a la vivienda del Ejecutivo central y la de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, que, a su juicio, son “intervencionistas”, “contrarias a las libertades individuales”, suponen un “ataque sin precedentes a la propiedad privada”, dejan en “indefensión” a los propietarios y fueron aprobadas por la “mezquindad de ambos gobiernos”. En el turno de palabra del diputado de Vox, socio del PP, Javier Bravo Arrobas, ha mostrado su sorpresa porque el consejero haya usado los mismos términos que él tenía preparados en su intervención.

Por todo ello, la Junta también se plantea derogar la legislación autonómica. “Nuestro modelo no es continuista, aunque se mantendrán algunos proyectos”, ha asegurado el titular de Vivienda, como avalar parte del coste de la primera vivienda a los jóvenes menores de 35 años. Lo que no mantendrá el Gobierno de PP y Vox en Extremadura es el impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías, que tendría que haber entrado en vigor en enero de 2024 y comenzar a cobrarse en 2025.

La reforma fiscal de la Junta eliminó en septiembre este tributo junto al impuesto de Patrimonio, pero aumenta a un 30% la deducción de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual y los límites de renta exigidos, fijándolos en 1.000 euros anuales que se amplía a 1.500 euros en el caso de poblaciones con menos de 3.000 habitantes . Martín ha resaltado que también podrán beneficiarse de esta medida las familias monoparentales.

El consejero ha anunciado que el Ejecutivo extremeño ya trabaja en un nuevo Plan de Vivienda“ que de verdad atienda las necesidades de los extremeños, algo que no hace el plan fantasma” actual y se ha referido a la ocupación de viviendas sin mencionar los desahucios, a pesar de que, según datos de la Memoria de 2022 de la Fiscalía, ese año se denunciaron 23 allanamientos de morada frente a 26 el año anterior (2021), un descenso del 11,5%, y en cuanto a usurpaciones 142 frente a 149 (-4,7%).

Tal y como se deduce de esas cifras, añade la Fiscalía extremeña, “no es un fenómeno de especial preocupación en Extremadura, teniendo en cuenta que en el apartado de usurpaciones no solo se encuentran las de inmuebles destinados a vivienda, sino también los de otros predios de diferente uso”.

A pesar de estos datos, Manuel Martín ha defendido la necesidad de contar con una “ley antiocupación”, que permita el desalojo en 24 horas y ampliar las penas.

Revitalizar los cascos urbanos

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rodríguez Enrique, ha rechazado que el texto extremeño no haya sido de utilidad, como ha asegurado el consejero, y ha cifrado en más de un millar las viviendas construidas o a punto de finalizar su construcción.

Rodríguez Enrique también ha defendido el impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías porque su aprobación formó parte de una modelo social y político en materia de vivienda, que el PP califica de intervencionismo “pero no dice lo mismo cuando se trata de rescatar a la banca”. Respecto la intención del nuevo ejecutivo de construir más viviendas en núcleos rurales, ha dicho que el objetivo de ser revitalizar los cascos urbanos, no más terrenos fuera de ellos.

En cuanto a Unidas por Extremadura (UPE), su portavoz, Joaquín Macías, ha defendido la necesidad de intervención de los poderes públicos, y ha recordado que pese a que en Extremadura hay más de 123.000 viviendas vacías sigue siendo imposible el acceso a ellas por una parte importante de la población, y ha puesto en duda que uno de los principales problema en la región sea el de la ocupación, como señalan PP y Vox.