Maximización del beneficio empresarial y carencias de planificación pública: por qué cierran industrias eólicas en Galicia

Primero fue el anuncio que Siemens Gamesa lanzó en enero de que cerraría su fábrica de palas eólicas de As Somozas, un municipio del interior de la comarca de Ferrolterra, que asiste desde hace años a un declive industrial. Luego, en septiembre, fue Vestas la que comunicó el fin de su actividad en Viveiro (Lugo), tras más de dos décadas. En la primera de las plantas trabajaban 215 personas y en la segunda, 115, a las que la empresa plantea un traslado a otras instalaciones. En paralelo, los proyectos para instalar más parques de aerogeneradores en Galicia se agolpan en los despachos de la Xunta y del Ministerio para la Transición Ecológica. Son tantos que multiplicarían por más de dos el número actual, si van adelante, algo que la mera presentación de una solicitud o el inicio de la tramitación no garantiza.

La explicación fundamental para esta salida de industrias vinculadas a la eólica en pleno auge de solicitudes para instalar más molinillos en territorio gallego está en la lógica empresarial del beneficio, según la profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Rosa Regueiro, especializada en el sector energético: “Lo que hay detrás es un proceso de deslocalización industrial pura y dura”. A los economistas, señala, no les sorprende, al margen de consideraciones sobre si es justo o no. La máxima de reducir costes y engordar los resultados opera incluso cuando una empresa ya está registrando ganancias: “Que una factoría tenga beneficios no implica que no quiera tener más”.

“Vivimos en una economía de mercado con una intervención pública muy reducida. El desarrollo eólico no va vinculado a planes industriales y las empresas se mueven a otros lugares”, expone Xavier Simón, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y portavoz del Observatorio Eólico de Galicia. Cree que “el único indicador de éxito” buscado por los políticos fue el de la capacidad de producción. No hubo, continúa, una apuesta por crear un tejido empresarial propio. Eso requiere “maduración” y una apuesta estructural a largo plazo que el experto considera que no existe en un Gobierno gallego “empeñado en liberalizar la instalación de parques eólicos”.

En los primeros años de desarrollo, la instalación de molinos estaba asociada a planes industriales, pero ya no es así, añade Simón. “En en sentido industrial podríamos incluso echar de menos los planes del principio, del 95”, afirma. La eólica es intensiva en capital, pero no genera muchos puestos de trabajo. El empleo aparece cuando abren industrias auxiliares, como las fábricas de Siemens Gamesa y Vestas que ahora dejan Galicia. “Se van porque no hay nada que las retenga; no hay compromisos”, concluye. Y ello a pesar de que ambas “tienen viabilidad”.

Simón pide a la Xunta que abra un tiempo de participación pública sobre el desarrollo eólico y que elabore después un nuevo plan sectorial porque el vigente está, a su juicio, “obsoleto”. El experto plantea la necesidad de cuestionar el crecimiento indefinido: “Nuestra economía está estructurada de forma que nos lleva al colapso ambiental y social”.

Rosa Regueiro también apunta a una ausencia de compromisos que vinculen a las empresas al territorio y sugiere analizar si es legalmente viable exigir que las empresas tengan que devolver las ayudas que hayan recibido si no se quedan un determinado tiempo. El apoyo con fondos públicos se produjo, por ejemplo, en el caso de Vestas. Gamesa, por su parte, abrió la planta de As Somozas (y otras dos, una en Bergondo, ya cerrada, y otra en Oroso, que mantiene la actividad) cuando la Xunta, entonces capitaneada por Manuel Fraga, le adjudicó 760 megavatios de potencia para levantar parques eólicos. Toda esta inversión en fábricas entraba en su plan industrial.

Vestas ha trasladado parte de su actividad a otros lugares, como Portugal o Asia por “una cuestión de costes”, según Regueiro, que señala que los cálculos les habrán señalado a los directivos que compensa dejar las plantas en las que estaban produciendo por los menores costes laborales y el acceso a materias primas, aunque tengan que afrontar otros de transporte. La experta cree que “no es que Galicia en particular esté en una situación comparativa peor”, sino que los ciclos económicos y los movimientos del capital hacen que en algunos momentos haya regiones que “son, aunque esto suene fuerte, más baratas”.

A las políticas de promoción industrial de las administraciones, Regueiro les ve varias dificultades: son “complejas”, la situación económica cambia y obliga a todos a “ser extremadamente competitivos de forma constante” y se hacen con la mirada puesta en los cuatro años que duran los mandatos. Los gobiernos tratan de ofrecer “todas las ventajas que pueden”, pero recalca que lo hacen siempre “dentro de su ideario político”.

La profesora cita todavía otro elemento para dar contexto a los cierres: las decisiones las toman las cúpulas, alejadas de Galicia y guiadas por las expectativas de los principales accionistas, que “quieren beneficios”. “Cuanto más alta es la esfera en la que se toma la decisión, mayor es el desconocimiento del impacto sobre la región”, reflexiona.

Un desierto industrial

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, Oriol Sarmiento, también apunta a una falta de desarrollo de la industria auxiliar. En plena transición energética hacia las renovables, cree que es “importante” que se fije la industria auxiliar. Si no se aprovecha el momento, añade, “Galicia corre el riesgo de acabar convertida en un desierto industrial” y que sean otras zonas las que se desarrollen.

Para Sarmiento, hay tiempo todavía de subirse a ese tren, pero pide a las administraciones “una apuesta decidida” por la eólica tradicional y también por la offshore. Reclama más agilidad en la tramitación, aunque, consciente de la contestación social que están recibiendo los proyectos para seguir levantando aerogeneradores en los montes gallegos, defiende una “racionalización” y una garantía ambiental.

En pleno aluvión de solicitudes de nuevos parques, la Xunta ha anunciado que frena hasta 2023 todos los nuevos proyectos eólicos. Lo hará a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. Regueiro dice sobre esta moratoria que no tiene “claro” a qué obedece. “Si es por cuestiones ambientales, hay que ir a la normativa y a una trampa que hay”, señala. Se refiere a la práctica de trocear parques grandes en varios que no superen los 50 megavatios. Por debajo de esa potencia, la autorización depende de la Xunta y se facilita el trámite ambiental.